Animal Político

¿Cómo llegamos a esta situación?

Los magistrados del Tribunal Constitucional olvidaron su juramento de proteger al más débil, al indefenso, al  que no puede votar. Estamos ante la posibilidad de usar la ineficacia del sistema de justicia para legalizar el aborto y crear impunidad para los violadores.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Lima Magne

00:01 / 23 de febrero de 2014

El aborto es sancionado por el artículo 263 del Código Penal. Quien mata a un ser humano concebido y aún no nacido debe ser procesado y encarcelado. La pena de matar a alguien varía en función de su edad: (a) si aún no nació, la pena por matarlo es de dos a seis años de cárcel para quien practica el aborto y de uno a tres años para la madre; (b) si su madre lo mata durante el parto o tres días después, la pena para ella es de uno a tres años de cárcel; (c) si logra sobrevivir los tres días tras nacer, la pena por matarlo puede ser de 5 a 30 años, depende de muchas circunstancias y de quién mata.

La solicitud de despenalización del aborto decía que no se puede sancionar a una mujer por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos si es que ella “… decide realizar la interrupción voluntaria de su embarazo en condiciones de seguridad y antes de las doce semanas de embarazo”. En este punto hay un consenso general: mientras más cerca se está del nacimiento, menos personas defienden el derecho al aborto. En resumen, se pedía que no se sancione a quien mate a una persona concebida, si es que ésta tenía menos de tres meses de existencia.

El 16 de julio de 2012, el vicepresidente del Estado, Álvaro García, respondió al recurso y fue muy claro al decir que: “… se debe aclarar que si bien la Constitución garantiza los derechos sexuales y reproductivos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 66, dicha norma, de ninguna manera, establece el derecho reproductivo como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo…”. Definida la respuesta y estando claro que la voluntad política del Gobierno era preservar el derecho a la vida del concebido, se inicia un lobby judicial mediante una serie de memoriales presentados al Tribunal por los movimientos proelección y provida.

En total fueron presentadas más de 7.800 fojas. Inicia Teresa Lanza, por la ONG Católicas por el Derecho a Decidir, el 13 de septiembre de 2012, y concluye Ángel Aguilera, presidente de la Asociación de Evangélicos de Bolivia, el 27 de enero de 2014. Son 16 meses de memoriales y miles de personas que argumentan, presentan información y firman libros. Esa figura se llama amicus curiae o “amigo de la Corte”. Se trata de expertos de alta especialidad que dan su opinión “pertinente” en un reducido número de páginas. No es parte de esta institución, la presión, la cantidad de firmas y menos la amenaza.

Uno de esos escritos, el presentado por el Defensor del Pueblo, fue acogido por la Sentencia Constitucional 206/2014. El Defensor recomendó que se declare la inconstitucionalidad de la tipificación del delito de aborto impune “únicamente en términos de “autorización judicial en su caso” (sic). El Defensor se basa en el Pacto de San José, que protege el derecho a la vida “en general desde la concepción”, y matiza esa norma afirmando que la Comisión Interamericana en el caso 2141 “Baby Boy versus Estados Unidos”, determinó que “…no era posible interpretar que tales instrumentos conferían un derecho absoluto a la vida desde la concepción”. Esta afirmación no es verdadera. El caso revisó la condena al doctor Kenneth Edelin, que fue acusado penalmente por homicidio al practicar un aborto por histerectomía a una menor de 17 años a pedido de la menor y de su madre. El doctor Edelin fue condenado y luego la Corte Suprema de Massachusetts revocó esa decisión. Se pedía a la comisión que acoja el reclamo en defensa de la vida del niño concebido, “Baby Boy”, y determine la responsabilidad de Estados Unidos. El informe de la comisión tuvo voto dividido y determinó que no podían obligar a Estados Unidos basándose en un tratado que dicho país no aceptó ni ratificó. La cita del resto de jurisprudencia internacional por parte del Defensor del Pueblo y del Tribunal Constitucional sobre este tema es imprecisa.

El Tribunal ha definido que si la concepción es resultado de una violación, estupro o incesto, la mujer víctima y el médico que realiza el aborto cometerán un delito sin pena: impune. Sin embargo, ese aborto no puede cesar la persecución penal contra el violador; no puede impedir castigar penalmente al padre que viola a su misma hija. La violación y posterior embarazo se da muchas veces en situaciones de violencia familiar en los que el padre o el familiar violan no una sino muchas veces a la víctima hasta embarazarla. Para estos casos se ha determinado que se presente la denuncia ante un fiscal, el cual está obligado bajo la ley vigente a seguir la investigación y encarcelar al violador. También está obligado a enjuiciar a la denunciante si miente en su denuncia. El médico que practique el aborto en su intervención deberá cuidar de preservar las pruebas que ayuden a identificar al violador, esto incluye tomar muestras y conservar el ADN de la víctima que se abortará. Solo de esta manera las víctimas preservarán su derecho a la verdad y a la justicia.

¿Es posible denunciar luego de las 12 semanas? ¿Quién realiza la solicitud por una niña? ¿Qué tiempo tiene la víctima para solicitar el aborto desde la violación? ¿Si una mujer es víctima de violación, tiene derecho a tomar la píldora del día después? ¿Por qué debe presentar una denuncia? Estamos ante la posibilidad de utilizar la ineficacia del sistema de justicia penal para legalizar el aborto y crear impunidad para los violadores. El Vicepresidente anunció una ley que regule esta materia y solicitó que la Asamblea reciba propuestas de la sociedad civil sobre el tema.

¿Cómo llegamos a este estado de situación? Los magistrados del Tribunal olvidaron su juramento de proteger al más débil, al indefenso, al que no puede votar, y cedieron su responsabilidad al voto de las mayorías en un año electoral. En estos meses tuve el honor de conocer a personas que no piensan como yo, con razones, y reconocer a personas intolerantes que encubren su odio en dogmas falsos. Es tiempo de que trabajemos juntos y construyamos sin esas personas que ven enemigos donde solo hay gente que da la vida por sus ideas y quiere cambiar para bien de la justicia de Bolivia.

Etiquetas

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia