Animal Político

¿Y si no lográbamos acordar?

El Ministerio de Autonomías presentó en los últimos días un texto, ‘Clasificador competencial’, que establece con claridad qué papel cumple cada nivel autonómico con relación a sus atribuciones y competencias en la gestión pública. Su construcción implicó un gran debate.

La Razón / Rafael López

00:03 / 21 de julio de 2013

El Ministerio de Autonomías, institución de la que fui parte, publicó un clasificador competencial, cuya autoría comparto. El texto siguiente narra la historia previa que dio origen al sistema competencial boliviano.

En una parte del país: Quiero dotar tierras a campesinos e indígenas, quiero industrializar nuestros recursos naturales, y por qué no los forestales. No tengo problema en que otro se encargue de la policía y considero, compañeros y compañeras, que el asfaltado de nuestras calles pueden hacerlo los gobiernos municipales, como hasta ahora… Imagínese aplausos acalorados de los seguidores en el fondo. ¡Bravo! Eso sí, lo que haga no sólo lo haré con dedicación, sino que lo haremos solos (en política, el plural es la clave), sin que se metan en nuestros asuntos, como nosotros no nos meteremos en los de ellos (en política, lo abstracto es la clave). Lo juro. ¡Bravo!

En otra parte del país: Dicen que quieren apropiarse de los recursos naturales que son de todos los bolivianos; de nuestros bosques, ríos, lagos y animales. Dicen que no les importa tener mando sobre la Policía, pero hablan por los municipios como si fueran parte de ellos. Pausa para elevar los decibeles… ¡No lo permitiremos, compañeros y compañeras! Aplausos acalorados. Quieren hacer sus cosas sin que nos metamos e ignoran el valor de la complementariedad, de la reciprocidad. ¡Bravo!

Ambas posiciones se movilizaron con argumentos válidos, sólidos, flacos, inventados... con toda herramienta generadora de pasiones a la carta. Sellaron sus cartas de negociación y eventualmente se juntaron, dialogaron y pactaron. ¿El resultado? Se distribuyó el poder en una de sus casi infinitas formas. El reparto de las competencias (tierra, gas, recursos forestales) es, en esencia, un asunto de poder y la validez de las posiciones encontradas fueron todas legítimas; sólo el contexto puso su peso específico para dese- quilibrar la balanza. Bolivia pactó su distribución de poder competencial principalmente con la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE). Lo que se narró en los primeros párrafos es sólo una ilustración simplificada de lo que verdaderamente ocurrió y que se contará a continuación.

La Asamblea Constituyente debió ser el escenario del pacto. Sin embargo, por razones que todos conocemos, aquélla se trasladó a Cochabamba, en septiembre de 2008, y acabó en el Congreso Nacional en octubre del mismo año. Las disputas en la comisión 9, dirigida por Saúl Ávalos, actual concejal de Santa Cruz, no permitieron en al menos nueve ocasiones ningún acuerdo sobre este tema, en las que se evacuaron los informes, uno de ellos en solitario de parte de Marcela Revollo, al parecer para copar tanto el informe de mayoría como el de minoría en la entonces alianza entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y el Movimiento Sin Miedo (MSM).

Una de las discrepancias principales se concentraba en el alcance del “quiero hacer solo sin que nadie se meta”. Para los que estaban a favor, eso se podía lograr sólo dándoles capacidad legislativa real a las autonomías. Entonces, se impediría que sobre las competencias que recibiesen éstas, la Asamblea Legislativa Plurinacional se vea imposibilitada de normar. Los que estaban en contra argumentaban que la unidad del país descansaba, entre otras cosas, en un único legislador. El origen de la disputa se sitúa en la ambigua pregunta del referéndum por la autonomía, cuya redacción, que es un secreto a voces, fue negociada por Juan Carlos Urenda.

La Asamblea Constituyente amplió sus funciones hasta el 14 de diciembre de 2007, sin embargo, su retraso sobre los acuerdos era por demás evidente. En un afán de lograr consensos al más alto nivel y llegar a puerto seguro a tiempo, se instaló en la Vicepresidencia de la República, en septiembre del mismo año, la comisión suprapartidaria que aglutinaba a todas las fuerzas políticas con representación en la Asamblea Constituyente. El segundo acuerdo público de dicha comisión arribó el 11 de octubre de 2007 bajo el título Autonomías y Descentralización. En el texto se señalaba que las autonomías tendrían facultad legislativa. Sin embargo, en uno de los párrafos conclusivos se decía que la prelación legal respecto a la autonomía consistía en: Constitución, ley, decreto supremo y norma departamental, y que los decretos no interferirían sobre las competencias de las autonomías. El acuerdo era difuso, a simple vista parecía que las normas departamentales estaban en un cuarto peldaño de importancia.

La ruptura definitiva sucedió en los días previos a la fecha límite de entrega del texto constitucional y los acuerdos de la comisión suprapartidaria quedaron sin uso formal. El MAS ratificó su posición inicial y estableció en la CPE aprobada en Oruro que el único facultado a legislar era el Congreso Nacional. Con esto, las ganas de hacer cosas solos, sin metiches, se desmoronaba. Ciertamente, esta CPE distribuía roles a las autonomías, pero —a recordar— que todas ellas sujetas a una directriz legislativa nacional.

En contraste, y como respuesta a la propuesta constitucional, los estatutos autonómicos se dotaron de la facultad legislativa y no sólo ello, sino que los textos de Santa Cruz y Tarija en particular diseñaron un complejo sistema de competencias que respondía a las ganas de hacer solos y hacer con los otros: compartir y concurrir. Esta ingeniera cruceña fue inspirada en los  artículos 110, 111 y 112 del estatuto catalán reformado en 2006. Ante esta evidencia se criticó al proceso cruceño de ser objeto de injerencia española, políticamente válido pero, en rigor, algo desproporcionado. Si fuese así, las críticas de contaminación debieron ampliarse no sólo a España, sino a Italia, Sudáfrica, India, entre otros, que tienen diseños similares sino idénticos; sin reparar que la CPE de Oruro, también se inspiró en formas utilizadas en Estados Unidos y en casi todos los países federales. Me refiero a lo que se denomina cláusula residual, que no es más que una disposición constitucional para asignar competencias automáticamente sin reformar la Constitución. Es decir, unos y otros se nutrieron de herramientas de moros y cristianos.

El 28 de febrero de 2008 se aprobó la ley de convocatoria al referéndum constitucional y dirimitorio, que fue fusionado en fecha con el primer acto electoral. La Corte Nacional Electoral se negó a llevar adelante no sólo este proceso sino los de ratificación de los estatutos, con el argumento de razones técnicas y legales. Todos los caminos llevaban al pacto.

En septiembre de 2008, toda la representación política departamental y nacional inauguró la ansiosa cumbre para el acuerdo constitucional en Cochabamba. Entre el 19 y 25 de septiembre todos los prefectos, sin excepción, acordaron la real potestad legislativa para las autonomías y se concertó la fusión de los tipos de competencias de la CPE de Oruro con la propuesta estatutaria: privativas, exclusivas, compartidas y concurrentes. Es decir, más allá de los formalismos, los estatutos, al menos en esto, nutren a la Constitución. Sobre el acuerdo estamparon su firma Juan Carlos Urenda, Luis Revilla, Raúl Prada Alcoreza, Carlos Romero, entre otros.

Los acuerdos de Cochabamba, después de la retirada de los prefectos de oposición al Gobierno, se perfeccionaron en el Congreso y nació en la nueva Constitución Política del Estado, dentro de ella la autonomía, y dentro de ésta las competencias.

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