Animal Político

Una marcha sobre nuestras prioridades

Una pensión de invalidez no solo que es más viable, sino que tiene efectos mucho más positivos para el país que proyectos de inversión como el de Lliquimuni, para no mencionar otros más modestos, pero igualmente fallidos.

La Razón (Edición Impresa) / Roberto Laserna

00:01 / 11 de abril de 2016

Los discapacitados realizan una impactante movilización. Luego de dos meses de vigilias sin haber logrado un diálogo eficaz con las autoridades, optaron por marchar desde Cochabamba hacia La Paz. Sus demandas se concentran en la otorgación de un bono mensual de 500 bolivianos. Desde el Gobierno hasta ahora solo hubo una respuesta: no hay recursos para atender esa demanda.

A poco de iniciarse la marcha, la prensa difundió que en los últimos años en la instalación de campos deportivos se empleó cerca de 350 millones de dólares; se llamó la atención sobre los elevados costos que representa el avión presidencial; se difundió la lamentable noticia de que el proyecto de exploración de hidrocarburos en el norte de La Paz, Lliquimuni, había fracasado pese a la inversión de varias centenas de millones de dólares. Por último, la atención pública se concentró en los problemas de la empresa china CAMC, cuyos proyectos con el Estado superan los 500 millones de dólares.

A la luz de estos datos, la afirmación gubernamental de que “no hay recursos” parece poner de relieve que los discapacitados no se encuentran entre las prioridades estatales.

En agosto de 2008 se promulgó la Ley 3925 creando el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad para atender a los discapacitados, con una asignación anual de 40 millones de bolivianos. Así se justificó la eliminación del subsidio a los partidos políticos, con los que se buscó fortalecer el sistema democrático. En 2011, mediante decreto, se creó una unidad ejecutora dependiente del Ministerio de la Presidencia para administrar el Fondo; al año siguiente se creó una renta solidaria para los discapacitados en situación grave y muy grave, por un monto de 1.000 bolivianos anuales, destinando a dicho fin la mitad de la asignación anual del Fondo. Los otros 20 millones anuales son dirigidos a proyectos de beneficio para los discapacitados.

En la página web del Fondo (http://fnse.presidencia.gob.bo/) se informa de algunos de esos proyectos: centros de costura, preparación de comidas y de rehabilitación, pero al parecer el principal consiste en la distribución de casetas de venta o quioscos callejeros que pueden ser atendidos por personas con discapacidad. Sin desmerecer estas acciones, es evidente que su cobertura es limitada y están lejos de resolver la diversidad de necesidades del sector. De otro modo, no estaríamos frente a una movilización que demanda tanto sacrificio.

Lo que sucede no es excepcional; al contrario, refleja un estilo político paternalista profundamente arraigado en nuestro país. Un estilo que supone que los beneficiarios no conocen sus verdaderos problemas y no pueden resolverlos, por lo que se atribuye a la burocracia la solvencia técnica y profesional necesaria para hacerlo. Es decir, se presume que los funcionarios saben lo que los beneficiarios necesitan, y que éstos no pueden sino ser receptores pasivos de la generosidad pública. En esa lógica se encuentran los subsidios de maternidad y los programas que distribuyen mochilas a los estudiantes.

Frente a las evidentes limitaciones del paternalismo estatal somos muchos los que, desde hace tiempo, planteamos la alternativa de entregar de manera directa a los beneficiarios los recursos que les son destinados. Las transferencias directas han demostrado ser muy eficaces. Primero, porque su costo de administración suele ser muy bajo y genera pocas oportunidades para el desvío de dinero o su utilización inadecuada por parte de la burocracia. Segundo, porque se puede tener constancia de que los recursos llegan realmente a sus destinatarios. Finalmente, porque en la mayoría de los casos se ha podido comprobar que los destinatarios utilizan adecuadamente el dinero que reciben, resolviendo sus problemas principales y empleando con prudencia el dinero.

A pesar de estas evidencias, todavía es frecuente escuchar que la entrega de dinero en efectivo solo conduce al despilfarro, la compra de artículos suntuarios, e incluso el consumo de bebidas. Aunque esto pueda ocurrir en algunos casos, no representa la realidad de la mayoría. En Bolivia tenemos la experiencia del Bonosol-Renta Dignidad cuyo éxito es reconocido dentro y fuera del país, pero que sin embargo no parece haber sido una lección bien aprendida.

Los discapacitados señalan, con razón, que un bono de 1.000 bolivianos al año es insuficiente y por ello piden que el mismo se aumente a 6.000 bolivianos, lo que representaría una suma de 500 bolivianos mensuales. Si todos los recursos del fondo fueran entregados de esta manera, alcanzarían para unas 6.600 personas. Es seguro que el número de posibles beneficiarios es mucho mayor. No existen cifras confiables sobre la cantidad de personas con discapacidad, especialmente cuando hay grados muy diversos de discapacidad.

El último censo nacional detectó que cerca del 10% de la población boliviana sufre algún tipo de discapacidad. Esta es una proporción elevada, pero incluye también a muchas personas con problemas que no constituyen una gran limitante para el estudio, trabajo o deporte. Algo de miopía, un poco de sordera, dificultades de aprendizaje, algunas restricciones en el movimiento, son comunes pero no impiden llevar a cabo una vida normal. Los niveles más graves de discapacidad afectan a una proporción mucho más reducida de gente. Un estudio apoyado por la cooperación japonesa y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de 2000 encontró que en grado 3 de discapacidad grave se encontraba cerca del 20% de las personas con discapacidad y en el grado 4 o muy grave, el 10%, aproximadamente. Si combinamos estos datos, suponiendo que conservan alguna vigencia, podemos estimar que en el país hay unas 100.000 personas con un nivel de discapacidad muy grave. Darle a cada una un subsidio de 6.000 bolivianos al año requeriría 600 millones de bolivianos, poco menos de 90 millones de dólares. Esta es sin duda una cifra muy superior a la destinada al Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, por lo que sería necesario determinar fuentes adicionales de financiamiento. Pero es posible también diseñar opciones intermedias. Supongamos, por ejemplo, que las personas con discapacidad muy grave reciban una pensión anual similar a la Renta Dignidad. Y que las personas con discapacidad grave, estimadas en 200.000, reciban la mitad de esa cifra. Un programa de esta naturaleza necesitaría poco más de 80 millones de dólares al año.

Esa cifra parece todavía elevada, considerando que estamos sobreestimando los datos y que el número de beneficiarios sería mucho menor. Pero el impacto económico justificaría con creces esta inversión.

En primer lugar, porque permitiría dar una pensión de invalidez de cobertura prácticamente total a las personas con discapacidad grave y muy grave. La suma individual es modesta, pero alcanzaría para que todos ellos pudieran acceder a un seguro básico de salud como el que ya ofrecen algunas entidades del país. En segundo, debe tomarse en cuenta que la discapacidad suele representar una carga familiar tan grande que en muchos casos impide que las familias superen la pobreza. Tercero, considerando que esos recursos serían destinados al gasto personal y familiar, habría que tomar en cuenta que tendrían un importante efecto multiplicador en la economía, estimulando el empleo y el crecimiento.

Estas tres dimensiones muestran que una pensión de invalidez no solamente es más viable, sino que tiene efectos mucho más positivos para el país que proyectos de inversión como el de Lliquimuni, para no mencionar otros más modestos, pero igualmente fallidos.  Todavía es posible aprovechar la marcha de los discapacitados para movilizar nuestra conciencia y reordenar nuestras prioridades.

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