Animal Político

Un mecanismo que no restituye la paz social

La nueva justicia, el futuro inmediato

La Razón / Audalia Zurita

01:00 / 15 de enero de 2012

El proceso de descolonización iniciado en el país en 2005 trajo un conjunto de transformaciones en cuanto a la inversión del poder político entre mayorías poblacionales y minorías políticas, pero también ha profundizado el debate sobre el rol de las instituciones que participarán en el nuevo Estado, entre ellas el nuevo Órgano Judicial.

Esta nueva configuración tiene como punto de partida la tensión que se genera entre la concepción de la democracia como el gobierno de la mayoría y la Constitución como el límite de las decisiones de la mayoría en función de gobierno; al ampliarse la primera se debilita la segunda o, por el contrario, la ampliación de la segunda conduce al debilitamiento de la primera. Sobre esta premisa, la Constitución Política del Estado Plurinacional resulta robusta ante las decisiones de la mayoría, porque incorpora una serie de condiciones que impide, por lo menos teóricamente, que el Gobierno tome decisiones autoritarias basadas en la vieja premisa de que “sólo las mayorías gobiernan y que las minorías deben respetar las decisiones de éstas”.

Más allá de que la Constitución, en teoría, introduzca en nuestro sistema democrático la toma de decisiones con participación ciudadana (a través del referéndum, la acción popular y, en algunos casos, como el del Órgano Judicial, la elección popular) tenemos la fuerte premisa del hiperpresidencialismo, que predomina, por un lado, mediante las decisiones de la mayoría en el parlamento —cualquier decisión del Ejecutivo es tratada, elaborada y aprobada por el voto mayoritario del MAS— y, por otro lado, el voto popular.

En el caso del Órgano Judicial, hoy marcado por la necesidad de darle sentido de ejecución y cumplimiento a los requerimientos del Órgano Ejecutivo (desde donde se lidera el proceso de cambio), nos permite afirmar que su función estará estrechamente relacionada a la transformación del valor justicia, desde una perspectiva republicana liberal hacia una perspectiva comunitaria e intercultural; de esta manera y asumiendo que éste forma parte del discurso político, es parte del Estado y más que nunca es un agente importante de la democracia, resulta lógico concluir que La democratización del Órgano Judicial, tal como fue concebida y ejecutada por sus autoridades jerárquicas, influirá en el rol de la administración de justicia y control constitucional aportando a las decisiones hiperpresidenciales del Gobierno.

Lamentablemente, los desafíos pendientes en la construcción de   un verdadero Órgano Judicial, que le permita independencia (interna respecto de sus mandos jerárquicos y externa respecto de los demás órganos de poder) y gobernabilidad interna, nos dejan un sabor amargo de desesperanza, al comprobar que la generación normativa que acompaña a este Gobierno, no ha priorizado las principales normas para democratizar la administración de la justicia, tal es el caso de una ley de faltas y contravenciones, los códigos Civil, de Procedimiento Civil, de Comercio, de Familia y otros.

Contrariamente, en el ámbito punitivo se generó una gran cantidad de normas que crean nuevos tipos penales ajenos a los contenidos en el Código Penal, y que agravan los ya existentes, tanto en el Código Penal como en otras normas (dispersión normativa), provocando así una figura denominada over criminalitation, conocida también como expansión del Derecho Penal o inflacionismo legislativo penal, que desde luego no es una cualidad exclusiva de nuestros actuales gobernantes; aunque esto no sirve de consuelo.

El conjunto de transformaciones normativas generado en el último quinquenio cuestiona, además, nuestras convicciones y conocimientos, ya que se  ha perdido el rigor científico en su elaboración. Así, tenemos varias normas que no guardan coherencia entre ellas, otras que incurren en vacíos peligrosos, algunas son incompatibles con la Constitución Política del Estado, muchas vulneran pactos internacionales de los que Bolivia es signataria. Las normas penales, en particular, son contrarias a las corrientes y estudios universales que  se han hecho de ellas.

Lo más grave es que no encontramos el sentido humano que deben tener las nuevas normas; parecería que hemos olvidado que el sistema de administración de justicia está concebido para resolver los conflictos; que el proceso, más allá de los vericuetos legales que tenga, es un drama humano, un punto de choque de intereses, cuyo resultado decide sobre la libertad, el patrimonio que poseen, la familia, cuando no la vida de las personas; por ello ese drama arrastra a esposas (os), hijas (os), hermanas (os). 

Una vez que los conflictos destruyen la organización de la vida laboral, familiar, económica y social de las personas, partimos de una situación tal que nos deja ante la certeza de que ha empeorado en los últimos años, con cárceles hacinadas, procesos que se han prolongado innecesariamente, temor reverencial a la acción del Órgano Ejecutivo, proliferación de procesos de alto contenido político, uso del sistema de administración de justicia como mecanismo de tortura, iniciando un sinnúmero de procesos contra una misma persona; todo ello no permite vislumbrar que estemos frente a un instrumento de restitución de la paz social. Será necesario que en breve se reencauce la forma de construir una visión comunitaria e intercultural.

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