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Lo mismo que igual, pero...

El Decreto 2493 busca superar las supuestas trabas del ex Fondo Indígena, como la presencia de dirigentes y autoridades en la toma de decisiones, ahora  reducidos a niveles de consulta y supeditados a los aspectos técnico-burocráticos de los ministerios.

La Razón (Edición Impresa) / Gustavo Adolfo Morales

00:02 / 11 de octubre de 2015

El 26 de agosto de 2015, el Gobierno promulgó el Decreto 2493 con el fin de crear el Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), disponer la liquidación del anterior Fondo y crear la Unidad de Liquidación del mismo. Institución pública descentralizada a cargo de un Director General Ejecutivo, no tiene Directorio. Quedan fuera la Asamblea General y el Directorio de la anterior institución, sugiriendo que no hubo capacidad de gestión y decisión por parte de los dirigentes y autoridades originarias, a quienes ahora se traslada a un Consejo Consultivo, donde podrán formular propuestas de política, evaluar la gestión del FDI, formular recomendaciones, fiscalizar los programas y proyectos, quedando fuera de las decisiones que tenían en el anterior fondo.

En el Consejo Consultivo, estarán los máximos ejecutivos de las cinco organizaciones del Pacto de Unidad: la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB BS), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIOB), el Consejo Nacional de Allyus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB); estos representantes ya no recibirán dieta por la asistencia a reuniones (Art. 10.III del Decreto 2493) ¿Gozarán todavía de pasajes? A esto no se hace referencia en el decreto; eso sí, los dirigentes y autoridades ya no decidirán sobre los proyectos de sus comunidades, tentas, ayllus y comunidades interculturales.

Otro cambio sustancial es el de la modalidad de ejecución de los proyectos, de la anterior de forma, directa por las comunidades, tentas, ayllus y comunidades interculturales, a la actual, cuando el FDI (Art. 13) podrá ejecutar o contratar de modo directo los proyectos, replicando la experiencia de la Upre (Unidad de Proyectos Especiales) que administra el “Bolivia cambia Evo cumple”; una especie de Upre Rural orientada a los proyectos productivos.

Las transferencias a cuentas de los dirigentes del anterior Fondo fue manejado como supuestos actos de corrupción, ahora queda aclarado en el Art. 9 Transferencias público-privadas, autorizándose al FDI “a realizar transferencias público-privadas en efectivo y/o de bienes en especie para el financiamiento y/o ejecución de programas y/o proyectos productivos”, es decir, los beneficiarios recibirán en efectivo y físico los miles de bolivianos para ejecutar un proyecto; optaron, entonces, por entregar en efectivo y no en cuentas bancarias los recursos económicos estatales. ¿Es más seguro este camino para no tener problemas de apropiación de fondos colectivos por una o dos personas?, ¿se evitará la malversación de recursos económicos?, ¿o el camino será  todo en especie?

La transferencia única y final de los recursos económicos solicitados por los beneficiarios para la ejecución de los proyectos era tuición y decisión del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; en el Art. 9.II del Decreto 2493, la transferencia será aprobada por el FDI y ratificada por este ministerio, cuidándose de no comprometer a este despacho ministerial la responsabilidad de dicha transferencia de recursos.

El presupuesto de funcionamiento del FDI será del 4% de los recursos anuales asignados (Art. 7) habiéndose incrementado del 1,5% del anterior Fondo. ¿Es de suponer que mayores ingresos económicos permitirán el funcionamiento eficiente, eficaz y pronto de la flamante institución?

La composición del Consejo Consultivo (Art. 10) va de los anteriores 5 representantes de los ministerios y 12 de las organizaciones, a seis ministerios y cinco organizaciones de hoy; con ello se supera el dominio mayoritario de las organizaciones.

El Decreto 2493 busca superar las supuestas trabas del ex Fondo Indígena, como la presencia de  dirigentes y autoridades en la toma de decisiones, ahora  reducidos a niveles de consulta y supeditados a los aspectos técnico-burocráticos de los ministerios que “deben” cumplir los conductos regulares y la normativa vigente, tan reclamada en tiempos de ejecución de proyectos; los ejemplos de las instancias que reclaman “estos caminos” son varios; el cuoteo de los recursos económicos en la gestión de los proyectos ahora con distribución equitativa (Art. 12); la transferencia de recursos económicos en cuentas de los representantes legales y administrativos de cada proyecto, por la transferencia en efectivo y/o especie del Art. 9.

Los proyectos de las comunidades, tentas, ayllus, capitanías y comunidades interculturales deberán coordinarse con los municipios y las gobernaciones, según la explicación de las autoridades; entonces, las familias tendrán que “negociar” con los funcionarios políticamente electos para su financiamiento por el FDI (Art. 4); por lo tanto, ¿qué rol juegan sus organizaciones naturales?, ¿cómo se fortalecerá orgánicamente las organizaciones en los diferentes niveles? Los alcaldes y concejales, el gobernador y los asambleístas departamentales tendrán mayor “capacidad” de decisión e influencia en las comunidades que los dirigentes de las organizaciones indígenas originarias campesinas.

Un elemento  importante a estas alturas es: ¿quién elaborará los proyectos productivos para las comunidades, tentas, capitanías, ayllus y comunidades interculturales?  En la experiencia del ex Fondo fueron profesionales “consultores”, que cobraran por la elaboración y también recibían su paga por la ejecución de los mismos, es decir doble; ahora la ejecución está clara: es el FDI o la empresa que contrate este fondo, pero ¿y la elaboración del proyecto?

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