Animal Político

El motín, la marcha y la ley

La fábula conspirativa gubernamental

La Razón / Róger Cortés

00:01 / 01 de julio de 2012

Mientras en algún rincón continuaban humeando fogatas residuales encendidas en las protestas de los policías, una gruesa columna humana llegaba hasta las cercanías del Palacio de Gobierno, dejando constancia del sonado fracaso con que cierra la reciente historia de las políticas gubernamentales destinadas a abortar, disuadir y frenar la IX marcha indígena. El último de esos ataques fue la versión de que ambos conflictos eran la avanzadilla de un golpe de Estado.

La asociación entre esos dos problemas (y unos cuantos más) existe, pero se encuentra muy lejos de la alucinada historieta que echó a rodar la maquinaria propagandística con tan poco éxito, que al día siguiente de hablar del “plan TIPNIS” no volvió a mencionarlo, pese a que dedicó la jornada entera  a explicar cómo habría neutralizado el presunto golpe.  El punto de encuentro entre la rebelión policial y la marcha indígena se halla en la fecunda historia de incumplimientos que registra en su haber el Gobierno.

La IX marcha se origina en incumplimientos de los años 2010 y 2011, cuando se suscribieron compromisos de atender las demandas de pueblos del TIPNIS (Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure) y otros. La mayor parte de esos acuerdos fue simplemente quebrantada, cuando no se transgredieron abierta y agresivamente, mediante el montaje de contramarchas y la aprobación de (disculpas por  el neologismo) contraleyes.

Por su lado, los reclamos salariales de los policías tienen antigua data y las broncas que han ido acumulando esos uniformados se pueden rastrear casi en el inicio de este Gobierno, con el fracaso de sus planes por controlar esa institución, como lo ha conseguido, aparentemente, con las Fuerzas Armadas.

Los desvelos gubernamentales por garantizarse una blindada lealtad de los aparatos de fuerza se intensificaron a medida que la relación del Gobierno con organizaciones sociales se desportillaba en diversos frentes, lo que trató de compensar cultivando buenas migas con una fracción mayoritaria de dirigentes, especialmente de colonizadores y campesinos.

Hechizados por las armas. El sentimiento de seguridad y amparo que le inspira al Gobierno el haber vigorizado sus relaciones con sucesivas cúpulas de las Fuerzas Armadas contrasta y se acrecienta con la incertidumbre que le genera su vinculación con la Policía, que a su vez se siente en desventaja, por lo que considera privilegios en favor de los militares.

Esa desconfianza mutua persiste, pese a que en ocasiones como los problemas de Caranavi o las tundas propinadas a indígenas en Chaparina, el Gobierno se ha esmerado en demostrar que no sabe respaldar a los que obedecen sus instrucciones. Pero, los asesinatos impunes de agentes en las proximidades de Llallagua, la torpeza en el trato y nombramiento de comandantes, y otros incidentes han ido ampliando la distancia entre Ejecutivo y los policías.

La acusación de intento de golpe acentúa esos problemas, como bien puede percibirse al revisar la lista de pruebas que exhibe el Ejecutivo para demostrar su teoría de preparativos golpistas. Esas evidencias son la deliberación de la tropa, las tomas de recintos, los ataques con explosivos, la paralización de la actividad oficial en la plaza Mayor y las de instituciones financieras, más las comunicaciones radiales conspirativas. Todas tienen relación con la movilización callejera policial, pero los responsables serían… los partidos de oposición.

El malabarismo lógico en que incurre el Gobierno para eximir a los uniformados y acusar a sus rivales políticos no es convincente y puede inducir a que unos cuantos policías, conociendo la facilidad con que el Ejecutivo incumple su palabra y la dificultad con que supera sus rencores, teman que las cláusulas de inmunidad e impunidad que contienen el acuerdo para levantar las medidas de presión  puedan ser desconocidas más adelante.

Si una ley se neutraliza con otra y la consulta, no previa, que ha sido contestada con dos épicas marchas, puede anularse con una marcha montada por encargo, cuánto más fácil sería archivar o anular un convenio. Tal susceptibilidad no es infundada, pero es definitivamente excesiva, porque el Gobierno se ha mostrado consistentemente cuidadoso al tratar con interlocutores armados; de hecho suele concederles más de lo que piden. No es que esa conducta sea exclusivamente suya, pero sin duda compite y sobresale frente a los demás; puede decirse que siendo un gobierno surgido de las urnas, privilegia y halaga tanto a las armas que parece haberles entregado su destino.  Es posible que dicho encantamiento sea una retorcida manera en como aflora la frustración por no haber encabezado una revolución armada.

Las reformas congeladas. El último motín policial grafica el inmovilismo en que se encuentra la reforma estatal. De la misma manera en que la pluralidad económica, democrática o jurídica, igual que las autonomías o el control social han quedado como descripciones o metáforas, los cambios en la Policía (y también en las Fuerzas Armadas) son mínimos, si es que existen.

En cuanto a la Policía, aquéllos se reducen casi exclusivamente a excluirla de los trámites de identificación y “brevets”. Las otras modificaciones vienen a ser las transacciones y negociaciones “interculturales” de las que están imputados unos cuantos asambleístas y funcionarios por tramitar el ingreso de postulantes reprobados. O la flexibilidad extrema ante todo tipo de maltratos, propios de la “virilidad” marcial, reivindicada en el discurso oficial, y cuya última realización sería  el accidente con tres decesos y decenas de heridos ocurridos la semana pasada en la academia policial.

Una auténtica reforma de la Policía está prácticamente descartada con este Gobierno, pero ni un certificado de que no se producirán novedades traumáticas, ni las recientes concesiones que ha hecho alcanzan para conjurar un rebrote de malestar, lo que empuja a un mayor estrechamiento de los lazos de dependencia con  las Fuerzas Armadas.

La denuncia de golpe, que parece más bien apuntada a acosar la IX marcha, es fuente de nuevas incomodidades con la Policía, porque la ley obliga a buscar, encontrar y condenar culpables de la sedición denunciada y eso mantendrá la tensión.

No es que eso vaya a quitar el sueño a los gobernantes, poco propensos a respetar consideraciones legales. Pero, con o sin esa indiferencia, y con soluciones de corto o cortísimo plazo, los motivos profundos de marchas y rebeliones se continuarán acumulando y rebrotarán, de una en una, de a pares o en desordenado tropel.

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