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El ‘nacionalismo cuentapropista’ del MAS

La Revolución del 52 puede ser caracterizada como la nacionalista del cogobierno; la del 69, nacionalista de las Fuerzas Armadas; y la del actual proceso, “nacionalista cuentapropista”, por tener como base a campesinos, artesanos, transportistas y comerciantes minoristas.

La Razón (Edición Impresa) / Danilo Paz Ballivián

00:02 / 14 de septiembre de 2014

Conceptualmente, el nacionalismo es un capitalismo de Estado, dirigido por la clase media antifeudal y antiimperialista, que planifica la economía con el fin de desarrollar la industria y la agricultura; protege el mercado interno, respaldado en las organizaciones populares.

En el caso boliviano el nacionalismo, tal como lo definimos aquí, tuvo vigencia un corto periodo de 12 años (1952-1964), fugazmente retomado en los gobiernos militares de Ovando y Torres (1969-1971) y más sostenidamente en el Proceso de Cambio actual (2006-2014).

Para caracterizar estos procesos nacionalistas, podría decirse que la Revolución Nacional dirigida por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) logró la distribución de la tierra a quien la trabaja, estatizó las minas de los barones del estaño, estableció el voto universal, creó la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), al mismo tiempo que sentó las bases para la formación de una burguesía “minero mediana” y “agroindustrial”. Cinco años después del golpe de Estado restaurador de René Barrientos (1964), en menos de dos años los gobiernos militares nacionalistas de Alfredo Ovando Candia y Juan José Torres nacionalizaron la Golf Oil Company y la mina Matilde, establecieron la fundición de Vinto y elaboraron el mejor plan estratégico de desarrollo de Bolivia (Estrategia del Desarrollo Nacional 1970-1990). El Proceso de Cambio (2006-2014) hasta hoy logró la nacionalización del gas, que cuadriplicó el ingreso por el impuesto a los hidrocarburos a las transnacionales, la redistribución de dichos ingresos entre la base ancha de la población mediante bonos y subsidios. Sin embargo, lo más importante es haber empezado el largo proceso de cambio de una mentalidad colonial y discriminadora hacia una racionalidad nacional, inclusiva y propia.

Queda claro que en los tres procesos nacionalistas, la fracción intelectual, ejecutiva, profesional, tecnocrática, política y académica de la clase media, que vive de su conocimiento y destrezas, estuvo y está presente como intelectual orgánico, artífice del discurso oficial, elaborador de los planes, programas y proyectos, leyes y su ejecución; sin embargo, esa dirección responde a diferentes correlaciones de fuerzas de las clases sociales emergentes de los propios procesos nacionalistas. En 1952 el proletariado minero fue definitorio, estableciendo el cogobierno con el MNR; en cambio, en 1969 las Fuerzas Armadas quedaron aisladas por una perversa unión de los polos, de la izquierda radical con la derecha oligárquica. Por último, en 2005 son los campesinos del altiplano y del trópico cochabambino y las juntas vecinales de El Alto que derrotaron al neoliberalismo y la democracia pactada, lo que determina las características del nacionalismo que vivimos actualmente.

NACIONALISMOS. La Revolución del 52 puede ser caracterizada como la nacionalista del cogobierno; la del 69, nacionalista de las Fuerzas Armadas; con propiedad podemos denominar al proceso actual de “nacionalista cuentapropista”. En efecto, son cuentapropistas los campesinos, artesanos, transportistas y comerciantes minoristas, que trabajan en la esfera de la producción o en la de la circulación, con sus propios medios de producción y capital, ampliando su fuerza de trabajo a familiares y allegados, pero en última instancia explotados por el capital a través de los grandes rescatadores, comerciantes y la banca. Se incluyen aquí a los trabajadores subsumidos formalmente al capital, que perciben su salario a destajo, por cantidad de producción que entregan al ente centralizador o industrial de la producción, es el caso de los cooperativistas mineros, pequeños productores de arroz, café, cacao, avicultores, fruticultores, entre otros.

El modelo económico, social, político y cultural del nacionalismo cuentapropista figura en la Constitución, particularmente en la Cuarta Parte: Estructura y Organización Económica del Estado, Título I: Organización Económica del Estado y en el Título III: Desarrollo Rural Integral Sostenible. El modelo económico boliviano es plural, constituido por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa (artículo 306). La función del Estado consiste en: conducir el proceso de planificación económica y social con participación y consulta ciudadana; dirigir la economía y regular los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios; ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía; promover la industrialización de los recursos naturales junto a la protección del medio ambiente (artículo 316). El Estado reconoce y prioriza el apoyo a las organizaciones de micro, pequeñas y medias empresas productoras, urbanas y rurales (artículo 318). El sector gremial, el trabajo por cuenta propia y el comercio minorista, en las áreas de producción, servicios y comercio será fortalecido mediante el acceso al crédito y la asistencia técnica (artículo 334). El Estado priorizará el fomento a los emprendimientos económicos comunitarios y de los actores rurales tendentes a la seguridad y soberanía alimentarias, a través del incremento de la productividad y mejores condiciones de intercambio y fortalecimiento de la economía de los pequeños productores agropecuarios (artículo 405).

El nacionalismo actual constitucionalmente podría sintetizarse: es un capitalismo de Estado que planifica la economía y sociedad con el fin de desarrollar la industria y la agricultura sobre la base de la participación plena y organizada de los trabajadores por cuenta propia (campesinos, artesanos, cooperativistas, pequeños transportistas y comerciantes) y asalariados del sector público y privado, así como de pequeños y medianos empresarios de sectores productivos.

GOBIERNO. Toca evaluar la contribución del Gobierno al desarrollo de la industria y la agricultura, al mercado interior y a la exportación de materias primas con valor agregado, que son en última instancia los indicadores económicos de un proceso de liberación nacional. Este análisis no quita en absoluto el avance cualitativo del fortalecimiento de una identidad propia, el desarrollo de una autoestima nacional y la recuperación de una racionalidad cultural andino-amazónica, desde el lado de la superestructura; y desde la estructura, la reversión de los recursos naturales al Estado, la estabilidad económica, el ahorro interno y la distribución del excedente económico entre la base ancha de la sociedad lograda en el “proceso de cambio”.

Ahora bien, ciertas condiciones previas tienen que resolverse para emprender un desarrollo productivo sostenible, es el caso de la vertebración caminera, la electrificación, la captación de agua; infraestructura de salud, educación y comunicación, materias en las cuales el gobierno de Evo Morales avanzó más que en los 50 años precedentes. Sin embargo, aún se halla en una etapa de arranque la creación de una industria grande, mediana y pequeña destinada al mercado interno y las exportaciones, así como el aumento de la producción y productividad agropecuaria destinada a la soberanía alimentaria y las exportaciones.

Si bien existen programas estatales de petroquímica, fundición de minerales, explotación del litio, hidroeléctricas, industria de papel, ingenio azucarero, etcétera, las empresas manufactureras e industriales productoras de bienes de consumo final muestran un estancamiento. Lo propio sucede con la agropecuaria: se cuenta con programas de riego, semillas mejoradas, créditos de fomento, mecanización agrícola y seguro a la producción, pero la producción agraria tradicional destinada al mercado interno tiene un crecimiento inferior al de la población; dos tercios de la demanda nacional de trigo todavía dependen de la importación.

En consecuencia, la Agenda Patriótica debe priorizar el desarrollo industrial y agropecuario de forma directa y transformarse en una Estrategia de Desarrollo Nacional 2015-2025, traducida en una planificación a corto, mediano y largo plazo.

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