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MAS, ‘nacionalismo revolucionario del siglo XXI’

Nacionalismo revolucionario e indigenismo, dos corrientes ideológicas que están presentes en el Movimiento Al Socialismo y en su modo de gestión del Estado.

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz

00:07 / 12 de abril de 2015

Tanto en lo positivo como en lo negativo, varios son los parecidos entre el Movimiento Al Socialismo (MAS, en tanto partido ya con diez años en el poder) y el nacionalismo revolucionario del siglo pasado. Además, ya en 2007, el sociólogo Fernando Mayorga notaba en el partido de gobierno una tensión entre el indigenismo y el nacionalismo.

Ahora, con un panorama más cierto a partir de la vigencia de la Constitución de 2009, la neonacionalización de los hidrocarburos y el fortalecimiento del Estado, se puede encontrar paralelismos entre hoy y el 52 que quizás permitan hablar de un ‘nacionalismo revolucionario del siglo XXI’ en el proyecto del MAS.

Atender a estos ecos se hace pertinente en razón de los 63 años de las jornadas del 9, 10 y 11 de abril de 1952, gracias a las cuales ascendió al poder el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), pero que dejó puntos pendientes o que los cumplió con matices. Varios puntos de esa agenda han sido recogidos por el MAS de acuerdo con la coyuntura actual. Por ejemplo, la nacionalización de las minas del MNR es tan diferente de la neonacionalización de los hidrocarburos del MAS, que un purista podría llegar a objetar el uso de esta palabra en el caso masista; aunque, desde el otro lado, en crítica al 52, también alguien podría cuestionar la exorbitante indemnización que dio el gobierno del MNR a las empresas nacionalizadas...

Con signo negativo, por ejemplo, el demógrafo Raúl Prada habló repetidas veces de la gestión del proceso de cambio como la reproducción del Estado-Nación del 52. Pero ¿cómo y dónde se escuchan estos ecos nacionalistas en el MAS? Mayorga primero deja en claro que entre las corrientes internas en el partido de gobierno, no se trata de indigenismo versus nacionalismo, sino de su articulación.

¿Qué se plantea el nacionalismo revolucionario del 52 como eje? Responde Mayorga: que la estructura de poder esté en manos del Estado y no de empresarios mineros articulados a las transnacionales; soberanía sobre los recursos naturales; integración territorial; conformación de una colectividad con identidad propia, es decir, cohesión social bajo la idea de nación. Desde 1952, en estos puntos hubo pasos adelante y retrocesos.

SUJETO Y NACIÓN. En lo relativo a la búsqueda de cohesión social, la crítica indígena al MNR fue que se la quiso lograr bajo una homogeneización excluyente. El mestizaje apuntó hacia hacer desaparecer la diferencia occidentalizando a los originarios bajo la categorización de “campesinos”.

“Entonces —dice el sociólogo—, con un Estado Plurinacional se tiene un reconocimiento de la diversidad étnica, se toma una serie de medidas de discriminación positiva, se reconoce en la Constitución una serie de usos y costumbres propios que se institucionalizan en el Estado, y con eso se obtiene mayor cohesión; entonces se logra una comunidad política con fuerte sentido de pertenencia”. Ese sentido patriótico es el que ahora el Gobierno quiere exponer y mostrar: el orgullo de ser boliviano. “La vigorosa interpelación indígena termina por alimentar un sentimiento nacionalista, la idea de ‘Bolivia potencia’. Se podría decir que en los discursos del Gobierno se está repitiendo aquella frase de (Franz) Tamayo: ‘Atrevámonos a ser bolivianos’”.

El senador del MAS Carlos Romero también analiza las dos influencias de las que habla Mayorga (nacionalismo e indigenismo) para leer las continuidades, pero también las distancias, entre el nacionalismo revolucionario y el MAS.  El contexto de la revolución nacional es de homogeneizar, como se dijo. El Convenio 107 (1957) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) expuso que las “poblaciones indígenas” (aún no se hablaba de ‘pueblos’) debían “incorporarse al Estado en términos de asimilación de los valores occidentales para desarrollarse”, parafrasea Romero.

“Eso se pensaba como un salto cualitativo porque el enfoque anterior decía que eran poblaciones bárbaras y salvajes, en este caso se las reconocía en abstracto. Lo que señalaba ese convenio era lo que el gobierno del 52 creía. Entonces, si bien es homogeneizante, se incorpora a la vida política, se da acceso a la tierra y educación a la población rural”.

Así, la Revolución del 52 “se ha complementado con el proceso de cambio (impulsado por el MAS)”, en el sentido en que el Convenio 169 de la OIT (1989) (que sustituye al 107), reconoce que los pueblos originarios “son ciudadanos iguales al resto, pero son diferentes desde lo colectivo y así se respeta su diferencia cultural”.

El Estado Plurinacional —sigue el senador— entonces profundiza el reconocimiento de ese sujeto colectivo, que además se constituye en uno de los núcleos organizativos del Estado. “Desde ese punto de vista, hay una correlación entre la Revolución Nacional del 52 y la Revolución Democrática y Cultural que lidera el Movimiento Al Socialismo”. Esta continuidad de tareas en lo cultural sigue en la agenda política, como lo demostró la polémica, posiblemente falsa, sobre la noción de “mestizo”, en referencia a una pregunta del último Censo (2012).

“Antes, la nación era una, ahora se la piensa como pluralidad, pero representada por el Estado —expresa  Mayorga. El Estado Plurinacional está terminando las tareas de formación de comunidad política iniciada el 52, por eso se puede hablar de un nacionalismo revolucionario del siglo XXI”. Eso quiere mencionar  —afirma— que se da con un nuevo sistema de actores y un nuevo modelo de desarrollo (“porque incorpora el Vivir Bien en sus planes de nacionalización”). Quien le ha dado un nombre pertinente, asegura, es Fernando Calderón: “neodesarrollismo indígena”. Entonces, se insiste en que hay tareas pendientes de construcción nacional que tuvieron un momento importante de realización bajo la Revolución de abril de 1952.

En los últimos 30 años surgieron otras interpelaciones que pusieron en cuestión la dimensión cultural e ideológica de pertenencia a la nación —argumenta Mayorga—, particularmente planteamientos desde lo étnico indígena y lo regional. Había varias maneras de responder a esta crisis del Estado, pero “eso implicaba articular elementos del nacionalismo y del indigenismo”.

Cuando el MAS asumió el proyecto de Constitución del Pacto de Unidad, el acento era puesto sobre su carácter indigenista: “esta propuesta se trataba de un Estado Plurinacional solo sobre la base de autonomías indígenas con autodeterminación y no autonomías departamentales”, precisa. “Ahí había una crítica al nacionalismo como comunidad política de expresión de lo boliviano y su intento homogeneizador; sin embargo, también se reforzaba la idea nacionalista de que es el Estado el que debe administrar los recursos”. Entonces, el nacionalismo estaba vigoroso por el posicionamiento del tema hidrocarburífero como una demanda fuerte, pero articulada a lo indígena.

“En la Asamblea Constituyente, no obstante, el diseño final incorpora autonomías departamentales. Ya en la implementación de la nueva Constitución se ven estos contrastes y las diferentes formas de articulación que se van a ir tamizando”. Para ejemplificar esta última afirmación, el sociólogo pone el ejemplo del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), cuando el Gobierno quiso construir una carretera por ese reservorio y sus pobladores lo rechazaron inicialmente, ganando el apoyo de la población urbana, sobre todo de La Paz. Posteriormente, hubo una consulta previa y aceptaron el proyecto desarrollista, pero el movimiento indígena quedó dividido hasta hoy y el Gobierno no dio un paso más para concretar el proyecto.

En el TIPNIS —argumenta— se tiene una clara disputa entre la vigencia de la soberanía territorial (que es prerrogativa del Estado desde el nacionalismo más convencional) y los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas (“que constituyen la médula de la concepción plurinacional del Estado”). Entre los derechos colectivos está la consulta previa para definir una acción en su territorio. “En el TIPNIS entra en contradicción la voluntad de soberanía estatal versus la vigencia de un derecho colectivo. El Estado opta por subordinar el derecho colectivo particular al colectivo nacional, representado por el Estado. Entonces, se pide la consulta previa y ahí el Estado termina incorporando la interpelación indígena, reforzando de este modo la capacidad representativa del Estado.

NACIONALIZACIÓN. Tras la caída del MNR, el MAS retomó la nacionalización, pero esta vez no de la minería, sino de los hidrocarburos y de las empresas estratégicas, a fin de que el Estado controle el excedente (actualmente hay voces dentro del MAS en favor de una nacionalización de la minería).

El MNR nacionalizó las minas para contrarrestar a la Rosca que controlaba las minas para el capitalismo extranjero. El Estado recuperó así el control del excedente, lo que se tradujo en inversión pública, como enumera Carlos Romero: unos 25 millones de dólares para los complejos agroindustriales en el oriente, infraestructura caminera, rutas interprovinciales sobre todo en el oriente, más otros temas de seguridad social. “No obstante, no se dio el paso a la industrialización, lo que produjo un intercambio desigual que frustró la liberación económica”.

Entre la nacionalización de las minas y la de los hidrocarburos (hecha por Morales), “hay un parangón”: “ambas generaron excedente, ambas representan un control estatal del nucleo principal de la economía boliviana y la recuperación de soberanía económica en contextos políticos distintos”. La diferencia que nota el senador está en que la medida del MNR se revirtió tras la descapitalización que significó la aprobación de indemnizaciones excesivas a los potentados mineros de la época; ahora (bajo el gobierno del MAS) el Estado no se ha descapitalizado. Empero, la tarea pendiente de la industrialización que debió operar hace 50 años se está iniciando recién con las refinerías y proyectos objeto de crítica, como Papelbol y otros.

Otros dirán, sin embargo, que la nacionalización de los hidrocarburos no existió, sino que solo fue una compra mayor de acciones de las empresas antes capitalizadas, lo que contrasta con la escena mediática de policías militares tomando los campos hidrocarburíferos en 2006.

TERRITORIO. En el tema de la soberanía territorial, Mayorga hace un paralelo. La forma de ejercerla para el MNR fue “la marcha hacia el oriente; en los 80 fue la descentralización municipal que implicó la institucionalidad estatal en todo el territorio; hoy se tiene un diseño más fuerte con las autono-mías departamentales e indígenas. Ése es claramente un discurso del Gobierno de cara a la presencia del Estado en todo el país”.

En el ámbito territorial también pesa la medida de 1953 de la Reforma Agraria. En occidente se impulsó un modelo de desarrollo farmer (formación del pequeño productor campesino) para liberar a los pongos de su condición servidumbral y darles tierra para que las familias campesinas se incorporen al mercado capitalista —explica Romero— mientras que en oriente se dio un modelo junker (formación del gran terrateniente, latifundista) para transformar las haciendas de características medievales en modernas unidades capitalistas.

“El proceso de cambio también ha hecho transformaciones en la estructura agraria, como la modalidad de las Tierras Comunitarias de Origen. 24 millones de hectáreas están bajo el control y la propiedad jurídica colectiva de los pueblos indígenas, lo que falta es mejorar su gestión territorial y productiva que aún es limitada”, concluye Romero.

AGENDA 2025. Si algo muestra a Mayorga el “giro programático” con tilde en el nacionalismo revolucionario es precisamente la adopción de la Agenda Patriótica 2025, “donde se tiene la continuidad y la ruptura plasmada en política pública”.

“Ya no es agenda plurinacional, sino patriótica —que es un sentido convencional del nacionalismo. La agenda señala la celebración de la fundación de la República, del país, del pasado”. Además, la palabra que más se repite es “soberanía” (alimentaria, tecnológica) —interpreta—. “¿Quién representa a la soberanía?, ¿el pueblo? Sí, el día de las elecciones, porque quien encarna la soberanía es el Estado y eso es nacionalismo en general; pero ¿por qué revolucionario?, porque aquí hay un sujeto popular que impulsa la transformación, que no es el pueblo como alianza de clases, sino esta coalición campesino indígena que se traduce en el sujeto plurinacional reconocido por la Constitución”. El “giro programático” sugerido por Mayorga no ve que se deje el indigenismo, sino que pone el acento sobre el nacionalismo revolucionario. La consecución de la agenda 2025, en lo más importante (eliminación de la pobreza, acceso universal a servicios básicos y seguridad alimentaria), “haría diluir los elementos ideológicos de que el proceso sea más o menos indigenista”.

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