Animal Político

La nacionalización de la lucha contra el narcotráfico

La hoja tradicional se formulará normativamente en una ley general de la coca que tratará acerca de las áreas de cultivo reconocidas, superficies máximas, funciones de la hoja de coca, investigaciones sobre sus aplicaciones y su industrialización con fines lícitos.

La Razón (Edición Impresa) / Carlos Romero Bonifaz es abogado, fue asambleísta constituyente, actual ministro de Gobierno.

00:00 / 19 de febrero de 2017

La problemática de las drogas adquiere notoriedad a partir de la década de los 60. Antes, desde las primeras décadas del siglo XX, el problema de los estupefacientes se concentraba en el opio. Tres instrumentos internacionales  expresan la estrategia denominada “guerra contra las drogas”, impulsada particularmente por Estados Unidos.

La Convención de Viena de 1961 sobre estupefacientes incorpora a la hoja de coca como sustancia controlada, lo que condujo a la criminalización de su cultivo, prescindiendo de su caracterización consustancialmente vinculada a las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas y sus distintos usos con fines alimenticios, medicinales y rituales. El Convenio sobre sustancias sicotrópicas de 1971, que establece las reglas que deben seguir los gobiernos sobre drogas sintéticas y alucinógenas, así como el comercio internacional. La Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1988, referida al control del tráfico internacional de drogas.

FRACASO. Esta estrategia caracterizada por la punición como pilar fundamental, la militarización de áreas seleccionadas con criterios geopolíticos y la persecución violenta de los actores periféricos de la cadena del narcotráfico, que pretendían eliminar la producción y consumo de drogas en el mundo, ha fracasado a escala global.

Entre 2006 y 2014 el número de consumidores en el mundo se ha incrementado desde 208 millones en 2006 a 247 millones de personas en 2014. Es decir, ha experimentado un crecimiento de 39 millones de nuevos consumidores en ocho años. A su vez, el número de personas consideradas consumidoras problemáticas hasta 2014 ha alcanzado la cifra de 29,5 millones.

Del total de personas comprendidas entre 15-64 años, que evidencian mayores niveles de consumo de drogas en el ámbito mundial, se encuentran en América del Norte con un porcentaje del 11,6% del total. Posteriormente, se localiza Oceanía con 10,7%, África con 7,5%, América del Sur con 5,9%, Europa con 4,3%, Oriente Medio con 3,4%, América Central con 2,8% y Asia del Este y Sud este con 0,6%.

En nuestra región la prevalencia de consumo de marihuana y cocaína, entre  2013-2014, establece que Uruguay, Chile y Argentina se ubican como los tres países de mayor nivel de consumo, en tanto que Ecuador, Perú y Bolivia presentan los índices más bajos. En el caso de Bolivia, el promedio de consumo de marihuana es de 1 persona por cada 100, a diferencia de Estados Unidos que tienen 28 consumidores por cada 100 personas. Los niveles más altos de consumo de cocaína se registran en Uruguay y Estados Unidos, donde aproximadamente 2 de cada 100 son consumidores.

VIOLENCIA. La militarización y la guerra entre las drogas no ha logrado neutralizar a las organizaciones criminales que más bien han reaccionado  oponiendo violencia criminal. México es uno de los países que más ha sufrido las consecuencias de la violencia. Entre 2006 y 2012 se han registrado 60.000 muertos por causas vinculadas al narcotráfico. En Colombia se han registrado más de 20.000 en las últimas dos décadas.

En Bolivia, la presencia de la DEA dejó como saldo al menos 60 muertos, cinco desaparecidos y 702 heridos, además de 523 detenidos, todos ellos campesinos cultivadores de la hoja de coca, organizados en sindicatos rurales, de donde la implementación de la estrategia de “Guerra contra las drogas” se desvirtuó y devino en vulneración de derechos humanos y persecución de campesinos cocaleros, antes que de los “peces gordos” del narcotráfico.

NACIONALIZACIÓN. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de las definiciones del presidente Evo Morales, en 2008 decidió expulsar a la DEA norteamericana y adoptar la lucha contra el narcotráfico como una verdadera política de Estado, sin injerencia externa. Además, establece el pleno respeto a los derechos humanos y de la Madre Tierra en las tareas de erradicación e interdicción. Prevé también la participación y concertación social, que suponen la autorregulación y control social, lo que facilita una adecuada coordinación y colaboración entre el dispositivo policial-militar (Fuerza de Tarea Conjunta) y las organizaciones campesinas de productores de hoja de coca.

Asimismo, el modelo boliviano sustituye el concepto de desarrollo alternativo, carente de sostenibilidad, por la estrategia de desarrollo integral, con acciones dirigidas a construir infraestructura, prestar servicios financieros y apoyo técnico, abrir mercados y otros de desarrollo humano de las comunidades campesinas.

La estrategia se complementa con la regularización o la convergencia de acciones compartidas con los países vecinos, además del agrandamiento de la problemática, en todas las plataformas de integración regional, en el marco de la responsabilidad común y compartida. Nuestro país es signatario de 72 acuerdos suscritos con otros países, en los cuales se establecen acciones conjuntas en materia de lucha contra el narcotráfico.

Entre los logros más relevantes de la aplicación de esta estrategia destacamos el respeto a los derechos humanos; entre 2006 a 2016 se registraron cinco muertes, entre las que se contabiliza la de un policía, un militar, un médico y dos campesinos, en circunstancias que continúan en investigación.

El número de operativos se ha incrementado en 275% con relación al periodo de la DEA; el volumen de droga secuestrada se ha acrecentado en 165% y se han reducido los cultivos de hoja de coca de más de 31.000 hectáreas en 2009 a 20.200 hectáreas en 2015, de acuerdo con datos certificados por ONUDC.

NUEVA LEY. Nueva ley de sustancias controladas. A partir de la reserva introducida en la Convención de Viena, mediante la cual se despenaliza el acullico de la hoja de coca, la legislación que reemplazará a la Ley 1008 debe establecer un tratamiento diferenciado de la coca con respecto a la cocaína. La hoja tradicional se formulará normativamente en una ley general de la coca que tratará acerca de las áreas de cultivo reconocidas, superficies máximas, funciones de la hoja de coca, investigaciones sobre sus aplicaciones y su industrialización con fines lícitos.

La nueva ley de sustancias controladas adopta como filosofía el modelo boliviano de lucha contra el narcotráfico, formula una desagregación de tipos penales, estableciendo la proporcionalidad de las penas, incorpora nuevos tipos penales como la filtración de información, define la autoría intelectual como agravante y adopta nuevas técnicas investigativas.

Además, establece una nueva institucionalidad y procedimientos diferenciados que separan la responsabilidad penal de la extinción de derechos reales sobre bienes ilícitamente obtenidos con la actividad del narcotráfico. Determina medidas de rehabilitación de consumidores problemáticos y combate el microtráfico, por dejar en situación de vulnerabilidad a menores, adolescentes y jóvenes. La normativa también adopta un tratamiento integral respecto de otros delitos conexos al tráfico de estupefacientes y se enmarca en los lineamientos fundamentales y las definiciones adoptadas en la Declaración de UNGAS de abril de 2016.

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