Animal Político

Hay necesidad de replantear la negociación

Se hace necesario que las partes replanteen la negociación, pasando de las posiciones discursivas a los intereses y necesidades fundamentales de la ciudadanía potosina, haciéndose imprescindible pasar de un enfoque competitivo a otro colaborativo que genere una comunicación empática.

La Razón (Edición Impresa) / Antonio Aramayo Tejada

00:02 / 26 de julio de 2015

El análisis de este conflicto inicialmente nos lleva a realizar un seguimiento cronológico, para ello nos trasladamos a 2010, cuando el departamento de Potosí, a través de su comité cívico (Comcipo), declara una huelga general indefinida que dura 19 días con el propósito de negociar un pliego petitorio de seis puntos que finalmente es aprobado por el Gobierno central luego de una ardua negociación.

En el transcurso de los subsiguientes años Comcipo efectúa un monitoreo al cumplimiento de los acuerdos y en diversas ocasiones invita a los ministros directamente involucrados para considerar avances o incumplimientos de compromisos. En diferentes momentos, mediante paro de actividades u otras medidas de carácter público, las autoridades cívicas hacen notar su disconformidad ante el no cumplimiento de sus demandas: fábrica de cemento, aeropuerto, límites con Oruro.

Cinco años después —el 11 de mayo— los demandantes anuncian un paro cívico movilizado con la participación activa de instituciones y organizaciones potosinas. El 28 de mayo se lleva a cabo un paro cívico en el que anuncian que radicalizarán las medidas si las autoridades gubernamentales no se presentan en dicha ciudad y que esperarán reunirse con los ministros de Salud, Minería, Educación e Hidrocarburos hasta el viernes 12 de junio, con el propósito de presentar su pliego de peticiones, que consta de 26 puntos.

Días después, ante la no presencia de los ministros, determinan realizar una marcha hacia la ciudad de La Paz, que dura 11 días llegando a El Alto el 6 de julio, sin haber logrado ninguna atención por parte de las autoridades. Un día después, arriban a la sede de gobierno enfatizando que solo dialogarán con el presidente Evo Morales.

En Potosí, a partir del 6 de julio se inicia el paro cívico indefinido que se mantiene hasta hoy, jueves 23, llegando a 18 días. A estas alturas del conflicto, la ciudadanía siente el desabastecimiento de productos alimenticios, encareciéndose el precio de los mismos.

Cuando los dirigentes de Comcipo se encontraban en La Paz —12 de julio— el Presidente los invita a dialogar en Uyuni, convocatoria que no fue aceptada por los marchistas, solicitándole que la reunión se lleve a cabo en la sede de gobierno. Posteriormente, el 17 de julio, el Vicepresidente y un equipo de ministros invitan a abrir el diálogo sin lograr la aceptación de los cívicos.

Durante la estadía de los marchistas, el escalamiento del conflicto se mantiene entre los niveles de latente y manifiesto, llegando a enfrentamientos violentos los días 10 y 11  del presente mes, registrándose 7 heridos y 20 detenidos, que posteriormente fueron puestos en libertad. El miércoles 22 se registra una marcha violenta por parte de los mineros que rodean el Viceministerio de Gobierno donde se iniciaba el esperado diálogo entre ministros y Comcipo; al romperse el mismo, se detonan dinamitas en la puerta de dichas oficinas, creando un momento de pánico y malestar entre las personas que se encontraban en su interior; fueron detenidas más de 50 personas. Esta situación, que debe ser aclarada e investigada, empaña el proceso del conflicto y requiere un replanteamiento de las partes para reiniciar una negociación colaborativa.

El repaso nos permite analizar el proceso que tuvo el conflicto, destacando los siguientes aspectos:

• Este es un conflicto que se arrastra desde 2010, ya que si bien se llega a acuerdos, los mismos no tienen por parte del Gobierno ni el cumplimiento, ni el seguimiento solicitado reiteradamente por las organizaciones sociales departamentales.

• En cinco años se produce un mayor distanciamiento entre Comcipo y el Gobierno, lo que da lugar a un atrincheramiento de las partes, que se refleja en estos 19 días de paro cívico, tiempo en que las mismas se concentran en posiciones cerradas y en una construcción de relaciones agresivas desprovista de posibilidad de acercamiento.

• En este tiempo se da relieve a los acontecimientos o episodios que transcurren entre reclamos recurrentes, situaciones confrontativas y falsas posturas hacia un diálogo.

• No se ingresa al análisis de los intereses, ni de los contenidos y mucho menos de las causas estructurales que propone el conflicto. Es decir, no se toma en cuenta los sentimientos de frustración por el olvido histórico de Potosí, que es la región que tiene 80% de pobreza, y que paradójicamente aporta al país, mediante la producción minera, importantes recursos percibidos en estos años de precios altos de los minerales.

Hay una ausencia sentida de una propuesta de desarrollo humano e integral, su economía, como la del país, depende del extractivismo minero cuyos precios están a expensas del mercado internacional, y que en momentos de crisis obliga a migraciones internas o externas, así como a una depreciación de los bienes adquiridos.

Se manifiesta de forma asfixiante la política centralizadora del Gobierno, que desdice el débil proceso autonómico por el que transita el país; en este conflicto, las autoridades departamentales brillan por su ausencia. Asimismo, la Gobernación carece de planes estratégicos para el departamento, porque estas decisiones se generan en el Gobierno central. A todo esto se suma una deficiente gestión administrativa departamental. La Fundación Jubileo informó que hasta mayo de 2015 el departamento de Potosí acumuló, por falta de ejecución presupuestaria, la suma de Bs 900 millones y que el presupuesto para este año es de Bs 1.217 millones.

Tomando en cuenta estas causas estructurales que hacen al conflicto, se hace necesario que las partes replanteen la negociación, pasando de las posiciones discursivas a los intereses y necesidades fundamentales de la ciudadanía potosina, haciéndose imprescindible, a partir de esta reformulación, pasar de un enfoque competitivo a otro colaborativo que genere una comunicación empática, cuide las relaciones humanas, el respeto profundo hacia el que tiene intereses diferentes u opuestos; darle a los contenidos del problema el lugar que le corresponde con el propósito de concebir alternativas de beneficio mutuo.

Este enfoque de negociación colaborativa debe tomar en cuenta criterios de ética y justicia, promover un intercambio de información y reconocimiento de intereses, gestionar los problemas aprovechando como punto de partida los intereses comunes y buscando de manera creativa ampliar el abanico de opciones con el propósito de construir soluciones compartidas.

Los actores de este conflicto deben disponerse a trascender el mismo trazando desafíos hacia un desarrollo humano e integral, buscando un accionar conjunto de las partes, comprometido a defender, promover y contribuir al derecho a la paz, piedra angular de los Derechos Humanos.

Como expresa John Lederach, la transformación del conflicto es una forma de visualizar y responder a los flujos y reflujos de los conflictos sociales como oportunidades que nos da la vida para crear procesos de cambio constructivo que reduzcan la violencia e incrementen la justicia en la interacción directa y en las estructuras sociales, y respondan a los problemas de la vida real en las relaciones humanas.

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