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La nueva justicia

Nace el órgano judicial - Dibujo libre

La Razón / Eduardo Rodríguez Veltzé

00:00 / 01 de enero de 2011

La inauguración del nuevo Órgano Judicial del Estado, con la posesión de los magistrados recientemente elegidos, puede marcar un nuevo tiempo para la justicia en Bolivia. Idealmente, un tiempo en el que los servicios judiciales resulten más accesibles, más eficientes, más independientes de los intereses políticos y privados, que tradicionalmente acechan a sus operadores, y sobre todo recuperen para los ciudadanos, y el propio Estado, la posibilidad de sentirse “bien juzgados”, con oportunidad, con equidad y con respeto por las reglas del debido proceso, aquellas universalmente aceptadas y consagradas en un mundo cada vez más diverso y plural en las fuentes y formas del derecho, pero a la vez más vigoroso en el reconocimiento y respeto por valores y garantías que ningún Estado democrático puede desconocer bajo ningún pretexto.

La transformación del Órgano Judicial y su desempeño institucional tiene relación con determinados conceptos contenidos en la nueva Constitución y que deberán merecer especial atención en tanto su conformación orgánica y la actualización de la legislación secundaria, particularmente la codificada, todavía no los articulan plenamente. Estos son:

— El principio del “pluralismo jurídico”, como el nuevo cimiento de un desarrollo legislativo, sustantivo y procesal, que articule la coexistencia de múltiples sistemas de jurisdicción, tradicional ordinaria, constitucional e indígena, originaria y campesina. Un desafío complejo que no tuvo precisamente el mejor comienzo con el texto de la Ley de Deslinde Jurisdiccional.

El “pluralismo jurídico” y los valores derivados de la interculturalidad y la interlegalidad pueden contribuir a nutrirse recíprocamente, a mejorar los diversos espacios de justicia y a lograr mayor confianza ciudadana en la solución de sus conflictos. Así, por ejemplo, abrir la competencia de autoridades del sistema indígena originario campesino para conocer y resolver las acciones de defensa previstas en la Constitución y no restringirlas a la justicia ordinaria. O, bien, reformular la legislación penal tomando experiencias útiles de aproximación restaurativa y de reparación de la víctima, como sucede en comunidades indígenas, y no pensar únicamente en llenar cárceles con presos sin condena.

— Otro concepto es la calidad del nuevo Estado y su orden territorial. El diseño del Órgano Judicial ha preservado un carácter centralista que no corresponde a un Estado plurinacional, descentralizado y con autonomías. Debería ser posible reconfigurar la distribución de competencias en servicios de jurisdicción en función de la nueva estructura territorial. Por ejemplo, las autonomías departamentales y municipales podrían acoger espacios de servicio de justicia administrativa próxima a los vecinos o usuarios de determinados servicios que deben acudir a juicios onerosos en una sola instancia en Sucre, como, por ejemplo, la impugnación de títulos agrarios.

— La tutela judicial efectiva sobre los derechos individuales y colectivos consagrados por la Constitución a todos los bolivianos y al propio Estado será, sin duda, uno de los aspectos que marque el inicio de los nuevos tribunales. Los jueces del Estado deberán adoptar criterios uniformes para resolver las múltiples demandas ciudadanas fundadas en la nueva generación de derechos y garantías dispuestas en su favor y que en muchos casos no podrán ser atendidas de manera inmediata, sino “progresivamente”, como los dispone la propia Constitución.

Se trata de un tema crítico en el desempeño de la jurisdicción y su vinculación con los otros órganos de poder público, pues, por una parte, los jueces no son responsables absolutos de la gestión del Estado y la disposición de sus recursos, y, por otra, el resto de los poderes debe asumir responsabilidades frente a las demandas ciudadanas sobre expectativas concretas señaladas en la Constitución y las leyes.

— El tema señalado precedentemente abre dos dimensiones fundamentales en el nuevo tiempo judicial: la jurisdicción y la “política constitucional” que deberán forjarse a partir de la vigencia plena del nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional. El espectro de competencias y de ejercicio de interpretación constitucional han cobrado una inusual carga de poder para un solo órgano de naturaleza estrictamente judicial. Si éstas no son articuladas y coordinadas con el resto de las jurisdicciones, ordinaria e indígena originaria campesina, como con los órganos de Poder Ejecutivo y Legislativo, bajo el principio del “pluralismo jurídico” abierto y efectivo, puede correr el riesgo de colapsar en el despacho de causas o peor aún, de concentrar visiones centralistas o monistas del derecho.

— Otra dimensión es la ausencia de jurisdicción administrativa accesible y eficaz para resolver las múltiples y complejas relaciones entre los ciudadanos y el Estado y entre las diversas nuevas unidades públicas derivadas de la nueva estructura estatal. La nueva justicia debe ser capaz de ofrecer soluciones pacíficas y efectivas a la crónica conflictividad entre los ciudadanos y el Estado, ya se trate de asuntos municipales, de servicios regulados, límites, derechos u otros que, de manera cotidiana, son desatendidos y generan una cultura de protesta pública permanente.

— La nueva administración de justicia debe reclamar al Estado el establecimiento de una “política criminal” actualizada, bien informada, correspondiente con los derechos y garantías previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Debe fundar la actualización de la legislación penal y, sobre todo, la actuación del Ministerio Público, tradicionalmente sometido al poder político. Es imprescindible reflexionar sobre el uso o abuso del derecho penal en tiempos de transición o emergencia en los que la racionalidad política y los rencores o ventajas particulares desfiguran la justicia.

Bolivia sufre una regresión en indicadores básicos del sistema penal: incrementos en número de presos sin condena, duración excesiva de procesos, inconsistencia en aplicación de normas de aplicación constitucional preferente y, sobre todo, por el descrédito en la persecución penal selectiva en tiempos de creciente inseguridad ciudadana.

— El Órgano Judicial debe “desjudicializar” trámites no contenciosos que limitan las tareas de los jueces: declaratorias de herederos, rectificaciones de nombres y partidas, permisos de viajes de menores al exterior, u otros que bien pueden atenderse por espacios más eficientes, menos onerosos y más accesibles a los ciudadanos.— Para finalizar, significar un valor democrático que tiene una inseparable conexión con la justicia y que fue incorporado en la Constitución: el derecho a la paz y la promoción de la cultura de paz.

La jurisdicción contribuye a la realización de la paz y ambas a lograr mayor justicia entre los bolivianos. Es imprescindible restablecer la justicia de paz, accesible para todos los bolivianos, en sus pueblos y vecindarios, para resolver sus diferencias de manera más expedita y confiable. Ésta,  junto a los espacios de justicia indígena, originario campesina, puede contribuir a transformar nuestra cultura jurídica todavía tan poco afecta a respetar la importancia de la ley, el derecho y la promoción de la justicia.

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