Animal Político

La nueva ley de la coca

No quisiéramos creer que el único objetivo de la nueva ley de la hoja de coca sea permitir la ampliación de la frontera agrícola cocalera para satisfacer los apetitos corporativos del movimiento campesino cocalero.

La Razón (Edición Impresa) / Saúl Lara Torrico es abogado, fue ministro de Gobierno

00:00 / 19 de febrero de 2017

La Asamblea Legislativa Plurinacional se apresta a debatir y seguramente a aprobar sin grandes cambios el proyecto de ley sobre la coca que fuera remitido por el gobierno que preside Evo Morales, máximo ejecutivo además de las federaciones productoras de hoja de coca del Chapare.

Asimismo, conocemos que los productores de coca de los Yungas de La Paz se encuentran en estado de apronte contra el Gobierno, oponiéndose al proyecto oficialista que en su criterio no respeta los compromisos asumidos por el propio Presidente de reconocer la producción ilimitada del arbusto en las llamadas zonas tradicionales del departamento de La Paz.

La Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, que data de fines de los 80 y que fuera promulgada por el gobierno de Paz Estenssoro luego de una difícil y complicada negociación con el insurgente movimiento campesino cocalero, tiene dos partes o cuerpos diferentes. La primera, que regula la producción, circulación, comercialización y el consumo lícito de la hoja de coca en su estado natural; y la segunda, estructura la política penal y represiva de las conductas ilícitas de la producción, la distribución y el consumo de las sustancias controladas. Esta ley evidentemente quedó obsoleta y anacrónica para la dinámica actual que vive el país, por lo que es necesaria su actualización, su modernización y adoptar las nuevas doctrinas penales así como las nuevas políticas preventivas para combatir el flagelo del narcotráfico.

Es también pertinente señalar que la polémica ley, aún en vigencia, fue el pilar fundamental de la política del Estado boliviano en su lucha contra el narcotráfico, cuyos pilares fundamentales se basaron en la educación, prevención, interdicción y reducción de los volúmenes excedentarios de la hoja de coca.

Este último elemento fue el problema más complicado a ser abordado cuando se elaboró la Ley 1008 en aquel entonces; ¿cómo determinar qué cantidad de producción era necesaria para el uso y consumo lícito de la hoja de coca? y ¿en qué lugares se permitiría esta producción? Las respuestas fueron de alguna manera empíricas y calculadas por meras apreciaciones no científicas y por supuestos bastantes discutibles, más allá de los datos históricos al reconocimiento inequívoco de la determinación de las zonas tradicionales en los Yungas del departamento de La Paz. La cifra de 12.000 hectáreas reconocidas por la Ley 1008 como cantidad suficiente a ser permitida como producción necesaria para fines lícitos o de uso tradicional, medicinal y cultural como el akulliku y otros fue una conclusión aproximada a la realidad de aquel entonces.

Parece que este es el meollo y el único interés que mueve al mundo cocalero y al propio gobierno de aumentar en la nueva ley de la coca la superficie legal o lícita; incrementar de 12.000 a 20.000 hectáreas las superficies permitidas de hoja de coca. 7.000 hectáreas en el trópico de Cochabamba y las restantes 13.000 en la zona denominada tradicional de los Yungas de La Paz.

La ciudadanía boliviana no conoce hasta ahora a ciencia cierta y de manera clara los estudios financiados por la cooperación internacional para determinar cuál es el volumen real que se requiere para los usos y consumo lícitos de la hoja de coca, todo da a pensar que las 12.000 hectáreas previstas por la Ley 1008 son súper abundantes para satisfacer estas demandas. Un incremento a esta cantidad, sin una base científica que haya estudiado las mismas, simplemente responde a criterios puramente políticos y clientelares para satisfacer al principal socio del gobierno del MAS, el poderoso movimiento campesino cocalero, principal sustento del actual gobierno.

Las propias fuentes gubernamentales, a través del Ministerio de Gobierno, el Viceministerio de Defensa Social y los organismos especializados de nuestra Policía, corroborados por los organismos internacionales de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, de manera inequívoca y alarmante nos enseñan que pese a la reducción de la superficie cultivada de hoja de coca en los últimos años, la actividad del narcotráfico en Bolivia ha crecido en forma sistemática, habiendo extendido y consolidado sus prácticas a nuevos territorios, donde antes ni se sospechaba de la existencia de este ilícito.

Si en la década de los 80 el Chapare era la meca de la producción de la droga en el país y las estancias en la planicie beniana los puertos de embarque aéreo para exportar sulfato base hacia Colombia, hoy no es un secreto que Yapacaní, San Germán, Bulo Bulo y comunidades aledañas son zonas rojas exclusivas del narcotráfico en Bolivia. Comunidades enteras en San Matías y las zonas fronterizas con Perú y Brasil, así como nuevas poblaciones del altiplano boliviano fronterizas con Chile y Perú están totalmente comprometidas con la producción y tráfico de sustancias controladas.

Estas mismas fuentes gubernamentales se ufanan en demostrar el incremento estadístico de operativos e incautaciones, así como el incremento de los volúmenes de hoja de coca, de sulfato y de clorhidrato de cocaína incautados; cuando el sentido común y la lógica elemental nos enseña que si hay incremento de operativos de interdicción y mayores incautaciones de droga es porque la producción y comercialización no solo continúan viento en popa, sino que además se han incrementado de manera sustancial en casi todo el territorio boliviano, con todas las secuelas para el país entero.

Está demostrado que la actividad del narcotráfico no solo destruye los valores éticos y morales de una sociedad, sino también destruye la institucionalidad del Estado de derecho, penetrando no solo en la estructura policial y judicial sino también en el propio sistema político nacional.

Una de las tareas pendientes de la sociedad boliviana es luchar contra la inseguridad ciudadana, este esfuerzo mancomunado de todos los bolivianos no será posible si no se asume de manera decidida la lucha contra las mafias del narcotráfico; porque el narcotráfico es una de las principales causas de la violencia de la criminalidad y de la organización delictiva en cualquier sociedad. Los ejemplos de la violencia sangrienta que sufren los hermanos pueblos de México y Colombia deben servirnos de ejemplo para conocer la gravedad de este flagelo.

La producción excedentaria de la hoja de coca sigue siendo la materia prima exclusiva para la elaboración del sulfato base y del clorhidrato de cocaína. Por eso será importante conocer y transparentar los alcances no solo filosóficos y doctrinales de la nueva ley de la coca, sino también el objetivo político que se persigue con la intención de ampliar la frontera de las superficies cultivadas y de los volúmenes producidos en el país.

No quisiéramos creer que el único objetivo de esta nueva ley es permitir la ampliación de esa frontera para satisfacer los apetitos corporativos del movimiento campesino cocalero.

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