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La objeción de la competencia de la CIJ

El “miniproceso” sobre la competencia de la Corte Internacional de Justicia será la primera batalla jurídica. No es una tradición de la CIJ aceptar estos recursos, de hecho solo lo hizo cuatro veces en toda su historia.

La Razón (Edición Impresa) / Hugo Siles Núñez del Prado

00:01 / 27 de julio de 2014

El recurso de objeción de la competencia de La Haya sobre la demanda marítima boliviana, presentado por Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), era una decisión previsible de La Moneda. La presión de diversos sectores políticos y de los juristas del vecino país —preocupados por la seriedad de la demanda boliviana, que no solamente innova en materia de política exterior frente a Chile, sino que coloca en la perspectiva internacional el reclamo más que centenario de nuestro enclaustramiento marítimo, histórico y provocado de nuestro país— facilitó la decisión chilena de presentar el recurso.

El recurso de objeción preliminar sobre la competencia de La Haya es un derecho que asiste a las partes; sin embargo, a todas luces, Santiago da señales de la necesidad de utilizar todos los mecanismos dilatorios que plantea el Estatuto de la CIJ.

En este contexto, es el propio máximo titular de la diplomacia chilena, el canciller Heraldo Muñoz, quien dirige una ofensiva diplomática frente al contenido de la demanda marítima boliviana con la difusión de términos, realidades e incluso pronósticos sobre el pronunciamiento de La Haya. La política exterior de Chile retoma su versión tradicional y su máxima expresión alusiva a la dilación, confusión y retardación sobre nuestro más que centenario reclamo.

En el llano del Derecho Internacional, el recurso de objeción de competencia abre un proceso paralelo al de la demanda marítima boliviana que deberá ser resuelto en un par de años o de forma conjunta al proceso de fondo, en la sentencia final. Este “miniproceso” se presenta como un recurso de inminente “ensayo-error” del vecino país para intentar convencer a la CIJ de la supuesta intención boliviana de modificar y/o alterar el Tratado de 1904. La primera “batalla jurídica” de Derecho Internacional en la CIJ se peleará sobre la forma, sin embargo la competencia de La Haya, en los argumentos y contraargumentos de las partes, necesariamente analizará los temas de fondo. Por ello, al parecer, se pone al descubierto que el principal objetivo de La Moneda es el de fortalecer los argumentos de Chile en su Contramemoria.

JURISPRUDENCIA. Resulta difícil que la CIJ pueda pronunciarse en favor de Chile, máxime si la Demanda boliviana se sustenta sobre bases de jurisprudencia (Caso Hungría-Eslovaquia, cuyo fallo obligó a las partes a negociar). La Haya, en toda su historia, solo admitió incompetencia en cinco oportunidades. Las bases jurídicas firmes e impermeables de la demanda boliviana no apuntan a la modificación o alteración del Tratado de 1904, además ambos países pertenecen al Pacto de Bogotá como signatarios de la aceptación de la CIJ como el ámbito competencial de solución pacífica de controversias entre Estados. Históricamente, Chile depositó, a través de diferentes modalidades, la solución de la totalidad de sus conflictos limítrofes en la CIJ.

En este sentido, el pronunciamiento de la CIJ podría tener un desenlace favorable para Bolivia, ya que en la medida que La Haya desestime el recurso chileno y declare la competencia de la Corte, el contenido y el fondo de la demanda boliviana podrían fortalecerse.

No hay duda de que el escenario de corto y mediano plazo sobre este proceso planteado por Bolivia exige una Hoja de Ruta jurídica, diplomática y política propia de los tiempos y procedimientos que exige la CIJ, como así también de la estrategia diplomática y política de difusión y posicionamiento internacional de la pertinente Demanda marítima planteada por nuestro país.

El trabajo intenso de la Cancillería boliviana, del expresidente Carlos Mesa como delegado itinerante para la difusión de la causa marítima boliviana, las misiones diplomáticas permanentes de nuestro país en el exterior y del propio presidente Evo Morales deberán poner en funcionamiento y ejecución —en paralelo al trabajo del equipo jurídico boliviano y el agente de nuestro país acreditado en La Haya— un plan estratégico-diplomático de alta intensidad y lobby internacional para el reposicionamiento de nuestros derechos expectaticios e históricos de retorno a una salida útil y soberana al océano Pacífico.

En esta dirección, parece acertada la designación del académico e historiador Gustavo Rodríguez Ostria como el nuevo embajador de Bolivia en Perú. Su designación habilita señales diplomáticas de previsión, de introducción del orden, relación de hoy y los imperativos del orden del mañana frente a Torre Tagle (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú), pues se retoma la inmensa comunidad de intereses con el Perú, principalmente focalizados en fortalecer las salidas alternativas portuarias peruanas en favor de nuestro país, como en la consolidación del asentimiento de ese país, enmarcado en el Tratado de 1929, sobre eventuales escenarios de negociación con Chile con relación a un territorio de acceso útil y soberano para Bolivia en el océano Pacífico. Pues Perú tendría la última palabra.

Finalmente, resulta imperativo que en Bolivia se mantenga la base unitaria y el consenso nacional sobre la demanda, alejándonos de recurrentes y tradicionales epítetos y retóricas de acción-reacción entre La Paz y Santiago. La prudencia diplomática, la estrategia y la táctica sobre nuestras afirmaciones y comunicaciones nos permitirán recorrer con base firme este aún largo proceso de Derecho Internacional que ahora descansa en tribunales internacionales y que innova nuestra política exterior.

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