Animal Político

Un paradigma para la solución de conflictos

Coroma y Quillacas por límites

La Razón / Javier Badani

00:00 / 18 de marzo de 2012

Histórico. Así de trascendental fue el abrazo entre autoridades originarias de Coroma y Salinas de Garci Mendoza el sábado 3 de marzo en la mismísima zona del conflicto limítrofe entre Potosí y Oruro. Importante no sólo porque aquel inédito abrazo selló la pacificación (esperemos duradera) de la zona y ayudó a destrabar el proceso especial de delimitación Coroma-Quillacas, sino porque aquellos brazos  entrelazados significaron una lección para las autoridades estatales —y para los actores políticos y cívicos de Oruro y Potosí— sobre el camino a seguir en busca de la resolución definitiva de este centenario conflicto.

Y esa solución no pasa sólo por  los burocráticos escritorios gubernamentales ni se anida en discursos  encendidos y paros inútiles gestados desde las palestras departamentales. La solución deben construirla los propios protagonistas: los comunarios del tramo Coroma-Quillacas, a través de la conciliación entre colindantes. De así lograrlo, los habitantes de esta región habrán marcado un hito para el país que deberá ser incluido en el diseño de las políticas gubernamentales de tratamiento y gestión de conflictos territoriales. Claro, suena sencillo y hasta rimbombante, pero no lo es, más aún si se tiene en cuenta el complejo contexto que rodea el asunto de los límites en el país.

Bolivia es un país desordenado. Más del 90% de los municipios tiene disputas de límites con sus vecinos. Los conflictos afectan tanto a grandes departamentos como a  pequeñas comunidades. Cada caso  es en sí mismo una pequeña bomba de tiempo que amenaza con estallar de forma violenta.

Las raíces de la mayoría de estos líos retroceden hasta la Colonia, cuando se inició un proceso de fragmentación territorial de las comunidades, los ayllus y las markas, y la sobreposición de estructuras organizativas ajenas a la realidad de los pueblos originarios. Estos errores se reprodujeron durante la República con la   creación de los departamentos. Una vez más no se tomó en cuenta la configuración territorial ancestral y, al final, se terminó por consolidar la división de pueblos que por siglos habían compartido un mismo territorio.

Ése es el caso de Oruro y Potosí. Los procesos de reorganización territorial en el área Coroma-Quillacas han provocado desde la Colonia conflictos territoriales entre las comunidades colindantes que se mantienen vigentes. En 2002, el problema limítrofe fue formalmente planteado por Potosí, a través de un proceso administrativo que no halló resolución. En 2010, ambos departamentos iniciaron movilizaciones que culminaron con la firma, en Sucre, de actas de pacificación que implicaban iniciar los trabajos de gabinete (revisión de documentos) y de campo (georeferenciación de los hitos pretendidos) y el compromiso mutuo de no avasallar el área de conflicto. Sin embargo, ninguno cumplió con los acuerdos, prueba de ello es que a comienzos de este mes se volvieron a registrar violentos enfrentamientos en la zona.

Varios son los factores que han agravado el problema. La apreciación del valor de la quinua en el mercado internacional ha impulsado el retorno de comunarios que otrora habían inmigrado a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Ahora ellos (o sus descendientes) reclaman su derecho a trabajar la tierra. Y en la búsqueda de expandir las áreas de producción, se registran avasallamientos en la zona que derivan en choques entre comunarios. Asimismo, ambos lados enarbolan hoy la defensa de los recursos naturales de sus departamentos, en especial para la explotación de la piedra caliza que se halla en la zona.

Desde el inicio del proceso de    delimitación Coroma-Quillacas, el Órgano Ejecutivo y los veedores del proceso (Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo, Asamblea Permanente de Derechos Humanos y Fundación Unir) hilvanaron una serie de iniciativas para resolver el conflicto que, sin embargo, no llegaron a buen puerto. Y es que de pronto se constató que el Estado andaba a tientas; ningún gobierno se había preocupado por sentar presencia estatal en la zona. Por ende, se desconocían las particularidades culturales y las prácticas comunitarias en torno al manejo del espacio de las comunidades, ayllus y markas del área, que permitan establecer los límites territoriales. A esto se sumó la falta de una normativa que establezca procedimientos para la definición territorial. La Asamblea Legislativa Plurinacional se muestra timorata en este tema y maneja con pinzas el proyecto de Ley de Unidades Territoriales presentado en 2010 por el Ministerio de Autonomías, norma que fue trabajada y socializada desde 2008 y que permitirá a las instancias estatales aportar a la solución definitiva   de éste y de los más de 100 conflictos   limítrofes activos en el país.

Estás debilidades abrieron la puerta para el ingreso de actores    externos al escenario del conflicto Coroma-Quillacas, que generaron posicionamientos sectoriales y regionales de carácter político, impulsando fórmulas dilatorias que reinaron una y otra vez el proceso especial de delimitación. Y en esta bolsa caben asambleístas, técnicos de las gobernaciones y de los municipios y dirigentes cívicos de Oruro y Potosí.

Por eso el valor histórico del abrazo del 3 marzo entre las máximas autoridades originarias de Coroma (Potosí) y Salinas de Garci Mendoza (Oruro). Con las manos estrechadas se pidieron perdón por los enfrentamientos que días antes habían causado dolor entre su gente. Fueron ellos quienes decidieron pacificar la zona, separar a los actores externos e iniciar el proceso de diálogo y conciliación entre colindantes. Los comunarios han definido la metodología y el acompañamiento del Ministerio de Autonomías y del Instituto Geográfico Militar para la georeferenciación, hito por hito, de sus pretensiones. En cada punto, coromeños y quillaqueños se enfrentan; pero no con palos ni dinamitas, sino con argumentos y documentos históricos que sustentan sus pretensiones.

Ahora depende del éxito en esta iniciativa para que se irradie la conciliación al resto de los conflictos del tramo Coroma-Quillacas y, de allí, al resto del país.

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