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Para un periodismo promotor de una cultura de paz

¿Aportan los medios de información y el periodismo a la cultura de paz? Lamentablemente, los estudios señalan que sus contenidos y coberturas no ayudan a tender puentes en situaciones de conflicto; al contrario, polarizan a los actores de las crisis.

La Razón / Vania Sandóval Arenas

00:00 / 22 de septiembre de 2013

La paz no sólo es la ausencia de guerra, sino que contempla la desestructuración de todos los tipos de violencia, incluyendo la simbólica. Desde el Observatorio Nacional de Medios (Onadem) de la Fundación Unir Bolivia se presenta una reflexión en torno a la comunicación democrática, como un componente  esencial de la cultura de paz.

La comunicación democrática es el proceso de interacción entre personas, grupos, sectores sociales, instituciones, regiones y/o culturas que hace posible, tanto el diálogo como la deliberación sobre temas de interés común. Se establece como un componente esencial y estratégico para avanzar hacia una sociedad equitativa, pluralista y participativa con capacidad para promover el acceso ciudadano a la información y al conocimiento, y para que los medios de comunicación ejerzan su labor orientada a la convivencia pacífica, democrática e intercultural (Erick Torrico, 2013).

Este proceso de interacción es un derecho de todos los seres humanos, y va más allá del rol de los medios de comunicación para formar parte de la misma convivencia ciudadana en la búsqueda de la equidad de todos los actores sociales. Se expresa en el Derecho a la Información y la Comunicación (DIC), un derecho integral que incluye principios que posibilitan el ejercicio de otros derechos individuales y colectivos. Libertad, no discriminación, pluralismo, inexistencia de censura previa, respeto de la intimidad, acceso a medios, participación, interés público y protección de derechos forman parte de los principios del DIC. Los medios de información son fundamentales para el ejercicio de este derecho, aunque constituyen  sólo un aspecto del mismo.

En este artículo se presentará una reflexión poniendo el foco en los medios de información en el contexto boliviano actual, mostrando algunos desafíos pendientes para avanzar hacia una comunicación democrática.

El Derecho a la Información y la Comunicación (DIC). La Constitución Política del Estado Plurinacional boliviano, vigente desde 2009,  incorpora en su artículo 106 al Derecho a la Información y la Comunicación, lo cual constituye un avance significativo para Bolivia. El desafío actual está en lograr que la normativa que se construya a partir de la CPE no lo vulnere y más bien lo consolide y operativice.

El ejercicio de una ciudadanía activa y participativa requiere acceder a la información generada por todos los niveles de gobierno, así como de  otras instituciones que reciben y administran recursos públicos. El acceso a la información pública debe garantizarse y normarse. Actualmente existe un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública elaborado por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, que está siendo analizado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este proyecto incluye artículos que necesitarían ser cambiados para que la norma sea coherente con su enunciado espíritu de transparencia; por ejemplo, el que clasifica como información reservada a los estudios de impacto ambiental (imprescindibles para que actores como los pueblos indígenas tomen decisiones respecto a su territorio) o el que señala que por secreto o ley en cualquier momento puede clasificarse como reservada determinada información (más allá de las lógicas excepciones ya establecidas por el mismo proyecto de ley).

Este proyecto de ley es sólo un ejemplo de normas que merecen más debate ciudadano, en el que también deben estar involucrados los periodistas. Si bien ellos no son los únicos que necesitan acceder a información pública, son los que trabajan cotidianamente con este bien público y necesitan generar noticias e investigaciones que aporten a la interacción de la sociedad civil con el Estado, para posibilitar una democracia participativa.

Agresiones a periodistas. El trabajo periodístico no puede estar desprotegido y expuesto a las agresiones de todos los actores del conflicto social. A lo largo de siete años de seguimiento y análisis a las agresiones a periodistas en Bolivia, en el Onadem se ha encontrado que los ataques físicos a los trabajadores de la información en su mayoría están ligados a la cobertura de protestas y movilizaciones sociales.

En 2012, el Gobierno, como actor más demandado por los que protagonizaron medidas de presión, decidió desplegar a la Policía para impedir, en ocasiones, que las marchas ingresen a la plaza Murillo y desmovilizar las protestas. En ese sentido, la Policía fue la mayor agresora de los periodistas que precisamente estaban cubriendo tanto la movilización como la desmovilización, con el 31% de las denuncias por agresión en su contra.

La impunidad en la que permanecen las agresiones a periodistas puede explicar en parte el hecho de que cada vez se denuncian menos las agresiones ante la Fiscalía. En 2009, el 15% de las denuncias que se publicaban en los medios eran interpuestas ante esta institución; en 2010, el 10%; en 2011, el 5%, y en 2012, sólo el 3%.

Regulación y autorregulación. Es necesario que se combinen la regulación y la autorregulación periodística para garantizar el ejercicio del DIC en lo concerniente al trabajo periodístico, preservando también derechos ciudadanos. Eso significa por ejemplo, respetar la intimidad de todas las personas, a la vez que posibilitar que los periodistas puedan trabajar sin censura. Es necesaria la regulación para garantizar que no se vulneren derechos humanos establecidos en la CPE y otras leyes, por ejemplo, proteger por ley a las niñas, niños y adolescentes.

La autorregulación comprende el ámbito de los contenidos éticos del trabajo periodístico. En Bolivia, es necesario generar una sinergia entre los gremios periodísticos y los medios de comunicación para que la autorregulación  funcione efectivamente, y todos los ciudadanos, incluidos funcionarios públicos y por supuesto periodistas, puedan confiar en tribunales independientes (como el Tribunal Nacional de Ética periodística) y acatar sus resoluciones.

Cobertura de conflictos y violencia. A partir de investigaciones realizadas por el Onadem, en casos de cobertura periodística de la violencia y delitos, por ejemplo, contra las mujeres, por lo general no se hace referencia a patrones estructurales o relaciones de poder que complejizan el asunto. Puede citarse, por ejemplo, la cobertura del tristemente célebre caso de la presunta violación a una funcionaria en la Asamblea Departamental de Chuquisaca ocurrido en diciembre de 2012 y que fuera denunciado en enero de 2013.

En medios audiovisuales, en particular, además de mostrar imágenes que no respetan los derechos de niños niñas y adolescentes, así como otros sujetos y víctimas de delitos, se generan o refuerzan juicios anticipados, información que mezcla rumores con información confirmada, no se contextualiza ni se aborda el tema de la violencia y el delito como problemáticas estructurales, sólo información fragmentada con énfasis en lo morboso.

Medios y conflictos. Incorporando a esta reflexión los hallazgos de varios trabajos del Onadem, y sin pretensión de generalizar, se puede señalar que muchas noticias y buen número de editoriales —en eventos relevantes de la coyuntura boliviana como elecciones, conflictos con medidas de presión en temas sensibles entre regiones, informaciones sobre violencia simbólica o física— no contribuyeron a tender puentes entre los actores polarizados, presentando al “otro” (por ejemplo, Gobierno u oposición) como antagonista portador de todos los valores antidemocráticos, y, por lo tanto, como un actor “ilegítimo” que estaría descalificado y no sería válido para establecer una relación democrática entre adversarios políticos. El discurso maniqueo (A vs. B) no permite visibilizar a otros actores involucrados en el conflicto. Como decía el conflictólogo sueco Johan Galtung, hay medios que se dedican a fomentar el maniqueísmo en la representación noticiosa de los hechos y a la reducción de las ideas fuerza en el campo político a solamente dos, excluyentes entre sí.

Evitando caer en generalizaciones, se sostiene que existe poca diferencia entre el discurso de los actores políticos polarizados y la representación de ellos en buen número de  medios de información. Este tipo de cobertura informativa no está relacionada con el periodismo para la paz, que cuestiona la cobertura  del tipo “nosotros vs. ellos”, así como la cobertura que expone “las mentiras del otro” y ayuda a “nuestras mentiras/encubrimientos”. La propuesta de cambiar el enfoque y trabajar por un periodismo de paz se sustenta en dotar a los periodistas de un nuevo rol protagónico: contribuir a transformar los conflictos y a evitar desenlaces violentos.

Los desafíos presentados  —y otros no citados acá— convocan a periodistas, gremios, universidades, organizaciones sociales e instituciones de todos los niveles del Estado, a trabajar de manera conjunta vigilando la construcción de normas que garanticen el DIC, pero también realizando aportes desde la cultura ciudadana avanzando hacia una comunicación democrática, construyendo paso a paso una cultura de paz.

Un día de reflexión contra la violencia

Declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2001, el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz, tanto en un espíritu de conmemoración y fortalecimiento de los ideales de paz en cada nación como de identificación de un día de cesación del fuego y de no violencia. La resolución fue aprobada por unanimidad por parte de los Estados miembros de dicha Asamblea.

Todos los esfuerzos globales realizados hasta el momento han logrado posicionar la cultura de paz como una referencia cardinal en muchos de los instrumentos internacionales que conforman el cuerpo normativo del derecho internacional público. La relevancia de este posicionamiento se evidencia desde la perspectiva de la responsabilidad jurídica que asumen los Estados ante el orden jurídico internacional al incorporar la cultura de paz en sus legislaciones. En el caso boliviano, la Constitución Política del Estado la incluye en su artículo 10.1.

La Fundación Unir Bolivia entiende la cultura de paz como convivencia sustentada en valores de solidaridad, libertad y reconocimiento de la dignidad de todos los seres. La concibe, además, como un sistema caracterizado por la vigencia y el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos, la articulación y complementariedad entre los distintos tipos de democracias reconocidas en el país, dentro de un orden económico justo y equitativo que posibilite la superación de la pobreza, el desarrollo humano integral, la relación interdependiente con la naturaleza y la solidaridad vinculante de componentes, tanto nacionales como universales.

La cultura de paz, progresivamente, se va edificando sobre tres pilares: paz positiva, desarrollo humano y democracia participativa. Según la Fundación Unir Bolivia, tales pilares deberían sustentarse en tres líneas de acción interactivas: Educación para la Paz, Comunicación Democrática y Análisis y Gestión Constructiva de Conflictos (véase www.un.org/es/events/peaceday o www.unirbolivia.org).

Es investigadora del Observatorio Nacional de Medios (Onadem) de la Fundación Unir Bolivia

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