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De ser perseguidos por el Estado, hoy se sienten olvidados

Las víctimas de las dictaduras cuentan cómo de la persecución del Estado, administrado por militares y hoy por civiles, pasaron al olvido. Piden un resarcimiento justo y cárcel para sus torturadores. Acusan haber sido torturados por Mario Adet Zamora, quien está aún libre.

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz

00:06 / 29 de diciembre de 2013

Durante 18 años de dictaduras (de 1964 a 1982), el Estado boliviano tuvo sus reflectores apuntando a ellas al considerarlas uno de sus puntos “prioritarios” en su agenda; hoy, las víctimas de las dictaduras se sienten olvidadas por éste. En medio de los testimonios de experiencias límite relacionadas a asesinatos, torturas y exilio, tres afectados por la violencia del Estado —administrado por miembros de la Fuerzas Armadas de 1964 a 1982— expresan su queja, pues, consideran que han arriesgado sus vidas y las de sus familiares para la restitución de la democracia, y que la reparación de daños no se cumple, y si se cumple es “indigna” para ellos.

Bolivia vivió una seguidilla de regímenes totalitarios: de 1964 a 1969 con René Barrientos; de 1971 a 1978, Hugo Banzer Suárez; en noviembre de 1979, Alberto Natush Busch; y de 1980 a 1982, Luis García Meza. Luego vino la democracia. Pasaron 23 años y el gobierno de Carlos Mesa promulgó, el 11 de marzo de 2004, la Ley 2640, de Resarcimiento Excepcional a Víctimas de Violencia Política en Periodos de Gobiernos Inconstitucionales.

De 8.000 solicitudes, clasificaron 6.200 como afectados resarcibles. Hasta ahí todo bien... Sin embargo, el conflicto comenzó en 2007, cuando se hizo una nueva calificación con requisitos que son cuestionados por las víctimas. El resultado de la depuración redujo la cifra a 1.714 víctimas con derecho a resarcimiento.

Entre los requisitos que se les pidió está la presentación de pasaporte en caso de los exiliados. En su criterio, este requerimiento es cuestionable si se considera que se salía del país en la clandestinidad. Si se argumenta que podían hacer sellar un pasaporte en cualquier consulado del extranjero,  Julio Llanos —presidente de la Plataforma de Luchadores Sociales de Bolivia (PLSB), que tiene sus carpas en una vigilia en el Prado— recuerda que eso podría ser literalmente lapidario, pues el Plan Cóndor estaba en funcionamiento.

En el caso de tortura, asegura que se les exigió presentar testigos, lo que equivale a decir que las víctimas tendrían que llevar a alguno de sus torturadores a certificar que fueron vejados.

Este número pequeño de víctimas hace que la Plataforma juzgue que se trata indignamente al resto, pues, argumenta, el Estado les estaría acusando de mentirosos, al supuestamente tratar de hacerse pasar por perseguidos de las dictaduras. Para la PLSB, también se estaría tratando indignamente a los clasificados, pues, como dice, la Ley 230 de abril del año pasado dispone cómo usar la cantidad de recursos determinados por la Ley 2640 ($us 3,6 millones) reduciendo cuánto se dará a cada resarcible.

Elfy Santa María, exmiembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN), es un ejemplo de esas personas que no calificaron a pesar de haber sido perseguida, exiliada y torturada. Además, a consecuencia de esto, perdió la vida su padre y su hermano.

“Caí en Santa Cruz, en 1972 (dictadura de Banzer). Gente de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior me llevaron de mi casa, a las cinco de la mañana, al campo de concentración de El Pari. Los cantantes del trío Los Cambas eran los torturadores”, relata.

Fue trasladada a Cochabamba y de ahí al Ministerio del Interior en La Paz, hoy de Gobierno. “Ahí, cada día me cortaban para marcarme un dedo de la mano izquierda. Ahí estaba Mario Adet Zamora (ministro del Interior de Banzer) que hoy se ríe, el desgraciado, porque está libre en Santa Cruz”. También menciona como torturador Rafael Loayza, que vivió y murió en la impunidad.

En 1974 fue puesta en libertad. Su hermano, desvinculado de la política activa, fue detenido por insultar al dictador cuando pasaba. Ella iba a visitarlo hasta que un militar le dio una nota que decía que había una orden de aprehensión y luego fusilamiento para ella, para la noche. Entonces escapó a la Embajada de Francia.

Durante su exilio, sus hijos fueron secuestrados y su padre murió de un paro cardiaco al enterarse de sus nietos. Se queja de no haber sido reconocida como víctima. “Nos piden que demos nombres de los que nos han torturado, que demos fechas de dónde estuvimos. Nos desclasificaron personas que no conocen la historia. Nos piden pasaportes; ¡por favor, es una ridiculez! No queremos que nos den dinero, sino que nos reconozcan por dignidad, que nuestro nombre esté como luchadores por la democracia; es un resarcimiento moral. Por eso estamos en estas carpas”.Takir Mamani, también conocido por el nombre occidental de Constantino Lima —primer diputado indígena, en 1982, por el Movimiento Indígena Tupac Katari (MITKA), aliado de la Unión Democrática Popular (UDP)—, cuenta por qué está en la vigilia de la Plataforma en el Prado, a pesar de ser uno de los 1.714 calificados como resarcibles.

Cuenta: “Hemos luchado, 8.000 pedimos y solo aprobamos 1.714, yo lo hice con muy mala calificación engañándome casi 70 días. Yo no cobro por dignidad, exigimos lo que es justo. También pedimos una nueva calificación. Piden testificaciones visibles, ¿cómo vamos a encontrarlos?”. (La Ley 328 determina 27 bolivianos por día de detención y no considera otras maneras en que fueron afectados).

Takir estuvo a punto de morir cinco veces. “Me torturaban a mí y al lado a mi padre para escarmentarme... Mataron a tres de mis hijos y a mi padre. Sucedió durante Banzer”...

Julio César Sevilla, fundador del Partido Socialista (PS-1) y diputado durante la UDP, pide lo que Takir Mamani. “Caí preso el 17 de julio de 1980 (golpe de García Meza). Estaba al lado de Marcelo Quiroga cuando recibió las balas en la COB (Central Obrera Boliviana). Horas después me detuvieron. Tenía una fábrica de botas al frente de la UMSA (Universidad Mayor de San Andrés) que saquearon los paramilitares”.

Fue conducido al  Estado Mayor con su esposa, donde los torturaron. A su esposa la violaron. “Querían que delate a mis compañeros. En la tortura estaba Luis Arce Gómez y me disparó en la pierna para que hable. Estuve meses en el suelo”.

Considera que el Estado debe resarcirle el negocio que saquearon los militares. “Perdí todo y por eso estoy en la vigilia. El resarcimiento que me calificaron no tiene ninguna relación con lo que perdí. Me destrozaron la clavícula y la pierna. He perdido mucho”, lamenta.

Así, en la carpa de la Plataforma se encuentran muchas historia de políticos de diferentes partidos y organizaciones que viven esa paradoja: de ser prioritarios en la agenda de los militares que administraban el Estado, hoy sienten que ese mismo Estado, ya administrado por civiles, los tiene en el olvido.

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