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Aunque no sea previa, la consulta es factible

Dennis Racicot - Explica que otros países de la región iniciaron la lucha contra el racismo y discriminación hace 40 años, cuando se aprobó la convención para eliminar la discriminación. 

Dennis Racicot

Dennis Racicot

La Razón / Iván Paredes / La Paz

00:02 / 01 de abril de 2012

El representante en Bolivia de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos destaca los avances que logró el Estado Plurinacional de Bolivia en la lucha contra el racismo y discriminación. Dice que se dieron pasos importantes al aprobar una norma que sanciona estos atropellos, aunque admite que el país está relegado a diferencia de otros países de la región   en referencia a este tema. “Se debe correr mucho” para igualarlos, recomienda el funcionario de las Naciones Unidas. A la vez destaca los avances en materia de derechos humanos en Bolivia, pero también es crítico con el asunto. Dennis Racicot se considera un amante de la cultura boliviana, y —no es más— en su oficina destacan pinturas aymaras y tejidos artesanales. Aunque dice que la consulta en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) no será previa, es factible desarrollarla.

El canadiense, representante en Bolivia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, considera que el Estado Plurinacional tuvo más avances en la lucha contra el racismo y la discriminación, aunque revela que Bolivia está lejos de alcanzar a otros países de la región en ese supremo afán. Uno de los procesos observados     —dice— es la realización de la elección de autoridades judiciales, en las que no hubo, en su opinión, un buen mecanismo de selección de candidatos para magistrados.  

— ¿Cómo funciona la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bolivia?

— Tenemos facultades determinadas en cuanto al acuerdo que se firmó en 2007 y que fue ratificado por la Asamblea Legislativa en julio de 2007. Estas facultades son tres: el apoyo y la asistencia técnica al Estado Plurinacional de Bolivia en todas sus ramas, implica al Ejecutivo, o sea, a sus distintos ministerios, también con el Órgano Legislativo, por el hecho de que produce leyes y nos importa que estas leyes sean conforme al derecho internacional y a acuerdos. También prestamos asistencia al Órgano Judicial, a sus entes más importantes, pero también apoyamos a las cortes de distrito y al Ministerio Público. No es que prestamos asistencia a todos…

— ¿Es previa solicitud?

— No, puede ser a ofrecimiento por las recomendaciones que hacemos  o de otros órganos del sistema. Hay muchas recomendaciones que se han formulado al Estado de Bolivia…

— ¿Cuántas?

— Hay varias por distintos mecanismos en todos los temas de Derechos Humanos. Hoy cuando se desglosa cuántas recomendaciones se ha formulado a Bolivia son más de 300.

— ¿En qué aspectos?

— En general, por la complejidad del aparato de las Naciones Unidas y la gama de mecanismos de las nueve convenciones que ligan al Estado de Bolivia (...). Cuando uno hace el balance de ese conjunto, son numerosas. Sólo un mecanismo que fue implementado en el año 2007 por la ONU que se llama Examen Periódico Universal (EPI), que Bolivia tuvo que legalizar en 2010, formuló 79 recomendaciones a Bolivia en un solo ejercicio. Este mecanismo deben enfrentarlo todos los países cada cuatro años; Bolivia estará dentro de un año y medio enfrentando el EPI.

— ¿La labor del Alto Comisionado para Derechos Humanos sólo se limita al aparato estatal?

— No, lo hacemos también hacia la sociedad civil, como también con otras instituciones del Estado como la Policía, las Fuerzas Armadas, entre otras, que tienen que ver por su desempeño con los derechos humanos. Desde 2007, nuestra oficina tuvo avances de implementación en varios sectores. Otra labor es la presentación de informes anuales, comunicados de prensa.

— De acuerdo con el último informe que se presentó, ¿en qué temática avanzó más Bolivia?

— Lo más significativo es en cuanto a la lucha contra el racismo y la discriminación...

— ¿En qué sentido?

— Desde todo el debate y la adopción de la ley en 2010, que fue un momento muy tenso, pero histórico.

— ¿Por qué histórico?

— Porque desde hace 40 años la comunidad internacional pedía al Estado de Bolivia cumplir sus compromisos en cuanto a la Convención para eliminar la discriminación y pedía adoptar una ley, que prevé sanciones sobre el delito de racismo y discriminación. Así, Bolivia cumplió ese compromiso, después de haber ratificado la Convención y al aprobar la ley. Ése fue un paso importante.

— Pero para aprobar la ley hubo momentos difíciles, sobre todo con los medios de comunicación. ¿Cómo vio ese proceso?

— Fue difícil, en particular con los medios de comunicación por algunos artículos, que, según la prensa, estarían en contra de la Constitución. El hecho es que en todo caso se aprobó un marco legal, que fue un paso importante, aunque no sea totalmente satisfactorio para todos los sectores.

— ¿Existen avances en la aplicación de la norma?

— Se pudo avanzar en supervisar la realización de un diagnóstico para hacer una nueva evaluación sobre   el racismo en el país. La situación no es como hace 40 años. Entonces, realizar un diagnóstico sería importante para tener una película más clara.

— ¿Cómo ve la labor antirracismo de Bolivia ante otros países?

— En otros países tienen hasta tribunales de los derechos de la persona que analizan los casos de discriminación y racismo, eso hace 40 años;  Bolivia llega tarde, pero llega con algunas innovaciones. Bolivia ha tardado porque la Convención se aprobó el 67; había espacio para hacer cosas. Ahora hay que correr más rápido para igualarse a otros países. Todos estos esfuerzos son muy positivos.

— ¿Qué criterio tiene sobre la consulta que convocó el Gobierno para resolver el conflicto del TIPNIS?

— En primer lugar, es importante   señalar que es una obligación para   el Estado de Bolivia realizar consultas en cada situación, como lo prevé el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ese convenio, que fue ratificado por Bolivia, es un contrato que obliga al Estado de Bolivia a implementar un marco legal que introdujo al derecho a la consulta y que permite la participación de los pueblos indígenas.

— ¿En el caso del TIPNIS?

— Si se realiza la consulta, como debía hacérselo el año pasado, desde la perspectiva del derecho internacional en esa búsqueda de diálogo, es factible que se haga una consulta. Hay que lamentar que la misma no fue hecha en su debido momento cuando era tiempo, el año pasado en agosto o septiembre; la consulta se debía realizar sí o sí.

— Los pueblos indígenas denuncian que esta consulta no es previa, sino extemporánea, porque ya se ejecutaron obras en la carretera. ¿Puede llamarse previa?

— Es un tema sensible que fue debatido. El criterio se refiere a que la consulta debe ser previa.

— ¿A qué se refiere el derecho internacional referente a lo previo?

— Lo más antes posible, ésa es la idea general, con suficiente antelación a cualquier autorización o comienzo de actividades, respetando las exigencias cronológicas de los procesos de decisión de los pueblos indígenas. Entonces, cuando uno observa una idea determinada, acá en Bolivia es el TIPNIS, en cada país la ONU observa muchos procesos. Cuando no hay un marco legal es donde las cosas demuestran muchas tergiversaciones, errores, y se hacen cosas que no son adecuadas, y eso se demuestra hoy con el TIPNIS. El Gobierno propone una medida; no ha empezado su proceso de consulta...

— Entonces es válida a esta altura una consulta...

— Ésos son los criterios por los que el derecho internacional, la OIT y el relator especial para los pueblos indígenas, están luchando para la mejor aplicación posible. Toca este año establecer ese marco legal para los procesos de consulta.

— El no ejecutar la consulta en su tiempo trajo conflictos al Gobierno de Morales.

— Se tiene una obligación de realizar el derecho a la consulta en cuanto al TIPNIS. Lo sensible es que el año pasado desembocó la VIII marcha indígena y los hechos duros y la violación de derechos humanos del 25 de septiembre en Chaparina. Pero también desembocó en otra marcha del Conisur (Consejo Indígena del Sur). O sea, es un tema que no está resuelto. Nuestra posición es que se haga lo necesario para buscar una solución permanente a través de un diálogo constructivo y sincero. 

— ¿Se puede denunciar esta consulta ante organismos internacionales?

— Aún aunque no fue previa en su momento (la consulta), es factible que se haga la consulta. (En) el derecho internacional —analizando una denuncia presentada por organizaciones, cuando se revisa que no se ha hecho la consulta— lo que se dice al Estado es parar la obra y realizar la consulta; eso se hizo en Brasil con un proyecto de una hidroeléctrica.

— ¿Una Ley Marco de Consulta será la solución para evitar futuros conflictos con pueblos indígenas?

— Sí, es la solución. Se puede enmarcar este año para implicar a todos los sectores, para que sean consultados no sólo en obras, sino en temas mineros y de hidrocarburos.

— ¿La IV marcha que convocó la CIDOB puede traer conflictos?

— No debe desembocar en violencia, debe haber una búsqueda de solución en torno al TIPNIS. Se tiene que buscar el diálogo.

Perfil

Nombre: Dennis Racicot

Nació: 27-08-1955

Profesión: Abogado

Cargo: Representante en Bolivia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU

Datos

Su experiencia profesional incluye diez años de práctica de la abogacía en Canadá. A escala internacional, tiene 19 años de trabajo en México, Centroamérica y el Caribe, incluyendo más de cinco años de experiencias laborales con ONG de Derechos Humanos.

Críticas a la elección de autoridades judiciales

— La ONU criticó el proceso de elección de autoridades judiciales. ¿Por qué?

— Es otro proceso positivo, pero que tiene su parte negativa. La celebración de las primeras elecciones de las altas autoridades judiciales se presenta como una situación histórica. Lo que observamos es el alto porcentaje de votos nulos y votos blancos por diferentes factores, incluyendo la postura de la oposición que alentó a sus bases políticas a votar nulo, pero también como era un proceso complicado y nuevo. Hubo problemas en la metodología de cómo  votar en la papeleta.

— ¿Faltó información?

— Mucha gente voto en blanco porque no tenía idea de cómo hacerlo. Señalamos que faltó información del proceso y por lo tanto la población no decidió.

— ¿Cómo evaluaron el proceso de selección de candidatos?

— En el proceso de selección, donde nosotros asistimos a las entrevistas y a la selección en la Asamblea Legislativa, formulamos una recomendación para introducir sistemas meritocráticos para coadyuvar de forma positiva. Hay profesionales, pero para que no haya discriminación se puso de lado criterios de puntajes meritocráticos para tener una información global del perfil, pero pensamos que sería positivo introducir puntajes y aspectos meritocráticos.

— La oposición se puso en contra del proceso. ¿Cómo analiza esa postura?

— Hubo mucha contestación de la oposición, problemas por los resultados del voto que no le dieron a este evento histórico su dimensión.

— ¿Se puede evaluar la independencia judicial en este momento?

— Todavía no se puede evaluar; creo que después del primer año haremos un balance reflejando cómo fue la labor, cuál es la calidad de las decisiones, cómo reacciona el mundo jurídico alrededor de estas nuevas autoridades. Éste es el año de la justicia y existen muchas expectativas.

— Según el informe que presentaron, ¿qué recomendaciones existen sobre este proceso?

— Entre otros puntos, se recomendó a las autoridades judiciales elegidas a que contribuyan en forma efectiva a la consolidación de la independencia judicial, a fin de revisar el procedimiento de preselección de los postulantes.  

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