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El primer año de los nuevos jueces

El conflicto interno entre magistrados y consejeros marcó la gestión pasada. Los cambios en la Justicia tuvieron una tranca: la Ley 025, que ordena que primero el Legislativo debe aprobar los nuevos códigos de procedimiento. Quien inicie la reforma judicial debe ser alguien que le tenga un poquito de cariño al rol de juez.

La Razón / Iván Lima Magne

00:01 / 06 de enero de 2013

El 28 de febrero de 2012, a dos meses de iniciada la labor de la nueva Justicia, el abogado Víctor Miranda iniciaba el primer juicio de responsabilidades en contra de los siete magistrados titulares del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En agosto, Miranda falleció. Diez meses después de la denuncia, o sea en diciembre, los magistrados recién fueron convocados para prestar su declaración inicial ante el Comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados; al parecer, la decisión final se tomará dentro de varios meses, o años. No es una buena señal para la independencia judicial tener a los magistrados con un juicio injusto —y manifiestamente improcedente— abierto hasta ahora. Más si el TCP estuvo a cargo de temas tan importantes como las sentencias constitucionales sobre el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el tema del desacato y los colegios de abogados: los tres hitos que destaca el presidente de esta institución. Sin duda, esas sentencias fueron importantes, pero no fueron oportunas. El rol esencial de un juez es la oportunidad. No se puede definir por turno de llegada a la vida, el patrimonio o la libertad. Por ello, la decisión sobre el TIPNIS y sus acciones constitucionales no puede haberse emitido cuando ya terminó la consulta. Eso no es oportuno. Por encima de las formas está la paz social. Y la forma y el turno no se subsanarán abriendo oficinas. El TCP ha iniciado un camino. Ojalá que asuma la disidencia interna como parte del sano debate democrático y que los rumores sean contestados siempre con voz firme y objetivamente; es decir, ojalá que sean sólo rumores. La Ley de Extinción de Dominio  y la declaración sobre su constitucionalidad es su próximo examen.

El Consejo de la Magistratura llevó a cabo la Primera Cumbre Judicial. El evento fue de críticas y expectativas; se analizó el acceso a la Justicia, la independencia judicial, la falta de nuevas normativas, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. Horas antes, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, había anunciado que no asistirá al acto, igual que los cinco magistrados varones del Tribunal Supremo de Justicia. Durante toda la gestión ese conflicto interno entre magistrados y consejeros generó una grave distorsión del rol institucional de cada uno de los órganos. La reforma constitucional de 1995 e incluso la nueva Constitución Política del Estado, buscaron configurar un Tribunal Supremo exclusivamente jurisdiccional, atento a los cambios legales y activo en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es el guardián de la independencia judicial y ese papel estuvo ausente en los casi 2.000 autos supremos emitidos el año pasado, porque, lamentablemente, no representan un aporte al derecho: da tanta sana envidia cómo los abogados de Estados Unidos, Argentina o Costa Rica esperan las decisiones de la Suprema, porque, de verdad, es “suprema” en conocimientos, en experiencia y en estudios de cada caso. Soy duro en esta apreciación porque es inhumano pedir a nueve magistrados que analicen y solucionen todos los casos que se tramitan en el país, no es admisible que todo conflicto llegue al Tribunal Supremo. Además este tribunal ha decidido intervenir en el trabajo de la Dirección Administrativa Financiera (DAF), que cada magistrado sea el contralor de su departamento, y sea quien designe a los vocales y a todo funcionario que pueda designar. En 2013 deberíamos poder encontrar entre los autos supremos casos de relevancia y creación de derecho, ya que si se plantean el objetivo de juzgar y crear derecho, su aporte al país sería vital. 

El Consejo de la Magistratura debía encargarse de la planificación, de la gestión y de la carrera judicial. La realidad es que en 2012 su gestión estuvo marcada por el conflicto con la DAF y el fracaso de la Escuela de Jueces del Estado, una entidad que luego de un año no ha logrado iniciar su objetivo principal: formar a los nuevos jueces.  La “evaluación de desempeño” de los anteriores jueces, como paso exclusivo del Consejo de la Magistratura para renovar la Justicia, todavía no se ha iniciado. No obstante, un aspecto importante de  su trabajo fue la implementación de los juzgados disciplinarios; sin embargo, aún es pronto para evaluarlos, y tengo una gran esperanza en muchos de los jueces que los conforman.

El rol de los jueces, desde la primera instancia hasta el más alto tribunal, es responder con eficiencia al ciudadano que requiere justicia, defender a los más débiles y recomponer la paz social; la garantía de independencia e imparcialidad no son derechos de los jueces, son derechos del ciudadano. En Bolivia nos acostumbramos a que una sentencia rápida y sin presión de dinero, política o medios, no es normal. Estamos convencidos de que no es posible que los juicios los gane quien tiene la razón; de que los juicios sirven para medir quién tiene más poder político, quién es más rico o quién tiene más amigos periodistas. Y da la impresión de que esto les gusta a todos los que están en el 5% más rico, más influyente y relacionado, y más aún de que con esas reglas estarán tranquilos porque siempre gozarán de la impunidad.

Este escenario que la Asamblea Constituyente ordenó cambiar y que fue avalado por el voto hacia la nueva Constitución, tiene hoy una tranca: la Ley 025. Es que la mayor parte de los cambios debe realizarse una vez que la Asamblea Legislativa apruebe los nuevos códigos de procedimiento, cuando los juzgados públicos entrarán en vigencia, la Escuela de Jueces del Estado habilitará a los nuevos jueces y el Consejo de la Magistratura implementará la nueva gestión. Esto es así porque los autores de la norma pensaron que se podía aprobar rápidamente los nuevos códigos, y que sus candidatos ganarían las elecciones judiciales. ¿En quién está el rol de lograr una modificación de la Ley 025? ¿Quién debe aprobar los nuevos códigos? Voy a repetir algo esencial: quien inicie la reforma judicial debe ser alguien que le tenga un poquito de cariño al rol de juez, que respire como juez, que sienta como juez, que sepa que en 2012 tuvimos a muchos jueces suspendidos injustamente, que muchos de los buenos se fueron. Para cambiar algo no hay por qué destruirlo.

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