Animal Político

Del proceso contra La Razón, lo peor es que se sienta un precedente

La acusación de espionaje y revelación de secretos que pesa contra un periodista y la directora  de La Razón, en realidad afecta a todos los periodistas, porque de cómo vaya este proceso dependerá el futuro del gremio.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano / La Paz

00:07 / 03 de agosto de 2014

Proceso contra La Razón. De prosperar el caso en el ámbito penal, coinciden periodistas y trabajadores en medios, lo peor es que se estará sentando un grave precedente contra todo el gremio periodístico, contra el oficio mismo de informar; de hoy en adelante, si se confirma el proceso penal contra Ricardo Aguilar (periodista) y Claudia Benavente (directora), será más fácil encausar a cualquier periodista por la vía ordinaria, dejando de lado definitivamente la aún vigente Ley de Imprenta. 

Ésta es una de las conclusiones a la que llegó el Conversatorio Informativo organizado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) el martes 29 de julio en La Paz, con el fin de analizar el caso de La Razón (el proceso penal que el procurador general del Estado, Héctor Arce, sigue contra Aguilar y Benavente, por espionaje y revelación de secretos, y por complicidad, respectivamente, a raíz de la nota De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los ‘actos unilaterales’, publicada el 13 de abril en el suplemento Animal Político).

“Uno es el problema de Claudia y Ricardo, pero el otro es el problema más serio; ellos se convertirán en héroes de la libertad de expresión, pero lo otro es lo importante: el precedente que se estará creando para el futuro; para que cualquier rato, cualquier dicho que no le guste a fulanito de tal ministro o viceministro, llame al fiscal, el fiscal hace la acusación y en 48 horas (el periodista) está detenido; eso es a lo que debemos, nosotros, como periodistas, atacar”, destacó el periodista, abogado e internacionalista Fernando Salazar Paredes.

El abogado de la defensa de ambos periodistas, Gustavo Camacho, al respecto añadió que “son dos categorías jurídicas que están en tela de juicio, y que pueden crear una problemática no solo para los actores directamente vinculados, Claudia y Ricardo, sino para el contexto de los comunicadores: el secreto de fuente, por una parte, y, por otra, la competencia en el juzgamiento”; entre ambas, la principal es la segunda: el tribunal que debe ver el caso, resolviendo quién debe juzgar al periodista, será ese tribunal competente el que le ordene o no revelar su fuente; para el caso, ese tribunal tiene que ser el de Imprenta, destacó.

La orden de revelar la fuente del artículo y el hecho de que un juez penal se esté haciendo cargo del caso, fue apelado por la defensa; así, a la fecha, la causa se encuentra en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en su Sala Penal Tercera, la que debe emitir su fallo en ambas cuestiones en los próximos días (si es que los fallos no han sido emitidos al cierre de la presente entrega).

Pero he aquí un hecho determinante, según Camacho: es esta instancia, la del Tribunal Departamental, la que verdaderamente definirá el futuro del proceso, si “causa estado” todo lo hecho hasta aquí por el juez: ordenar revelar la fuente de información y seguir en la vía penal.

En esto radica, apunta Camacho, la importancia del actual momento del proceso: “Es importante que el colectivo sepa que el Tribunal Departamental va a emitir un fallo que, en términos procesales muy sencillos, es de última instancia; es decir, lo que defina la Corte va a causar estado; en otras palabras, va a determinar dos aspectos importantes: la posibilidad de que un periodista tenga que revelar su fuente y lo otro, mucho más complejo y serio, que cualquier periodista sea sometido a la Justicia Ordinaria”.

Es la llamada creación de jurisprudencia para futuros casos similares: “La afectación más grande de este tema es que se va a abrir una puerta procesal, insalvable, y va a crear jurisprudencia hacia adelante para que todos ustedes (los periodistas) a partir de ahora, primero, revelen el secreto de fuente, una situación de fragilidad para el periodista; y, segundo, que me parece fundamental, la competencia (penal) para su juzgamiento”.

Esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor. En caso de que el fallo sea contrario a los periodistas, amplía Camacho, el último recurso de apelación que quedará será un amparo constitucional, que es cuando el caso deriva en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Será este órgano el que al final determine si los periodistas de hoy en adelante pueden ser juzgados por la Justicia Ordinaria o si el ámbito de su juzgamiento es la Ley de Imprenta.

Con todo, el mismo martes en que se efectuaba el Conversatorio, los vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia Departamental de La Paz rechazaron la recusación que presentó el periodista Ricardo Aguilar contra el juez Jhonny Machicado. También este día, el presidente de dicho Tribunal, Juan Carlos Berríos, pospuso sin fecha una audiencia que había sido aceptada, el 22 de julio, para recibir a las organizaciones de periodistas que pedían exponer su parecer sobre el proceso a los dos trabajadores de La Razón. 

En el Conversatorio, también se planteó la existencia de un “carácter político” (al margen del jurídico) en el proceso contra La Razón. Salazar Paredes insistió en que el aspecto principal es el político, en el sentido en que se trata de un acto del poder contra los periodistas y su trabajo:

“Este tipo de situaciones se han dado antes, se están dando ahora y, seguramente, se van a dar mañana”, dijo el internacionalista y periodista, quien recordó cómo en 1970, cuando era editor del semanario Prensa, el gobierno militar de entonces intervino el medio a raíz de una noticia de aprestos de golpe de Estado. “Me llevaron preso, me metieron a San Pedro; dos cosas querían: que yo revelara la fuente (de la información), y el paradero del director de Prensa, Andrés Soliz Rada. La única diferencia es que aquello ocurrió bajo una dictadura, y ahora pasa en un gobierno democrático”.

Otro elemento que incorporó Salazar Paredes es el objetivo que persigue la Procuraduría con el proceso. Se pide que se revele el secreto de fuente para encontrar al infidente que habría dado la información. “¿Qué debió haber hecho el Gobierno si quería encontrar al ‘traidor’? Jurídicamente, tiene  los mecanismos; en la misma acusación se habla de los servidores públicos, quienes se rigen por el Estatuto del Funcionario Público, una ley de la república, y ahí dice qué se debe hacer con el funcionario público que revela secretos; no han hecho nada de eso”.

Un derecho legítimo por parte de los periodistas, por ejemplo, dijo, es que pidan saber si Diremar (Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima) ha hecho alguna investigación sobre quién ha podido facilitar información. “Estoy seguro de que no se hizo nada y si de Diremar no ha salido la cosa, lo mismo hay que hacer en Cancillería; pero ellos han hecho lo más fácil, lo que les dé rédito político (tratar de obligar al periodista a que revele la identidad de su fuente)”.

Entre los asistentes al Conversatorio, también surgió la idea de entablar una demanda contra el Procurador, el juez y el fiscal del caso. Porque “sus escritos constituyen resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes”, propuso el director de El Potosí, Juan José Toro. Éste fue secundado por el director de la red Erbol, Andrés Gómez, que dijo que la encargada de iniciar la causa podría ser la ANP.

Las autoridades estatales, al exigir revelar la fuente, están obligando a delinquir a los periodistas, insistió Toro. “Dice el artículo 9 (de la Ley de Imprenta): el editor o impresor que revela a una autoridad política o a un particular el secreto del anónimo, sin requerimiento de juez competente, es responsable como delincuente contra la fe pública conforme al Código Penal”. Los abogados de la defensa (Camacho y Asociados), sin embargo, aconsejaron que esta acusación se la plantee luego de superar algunas fases del actual proceso de defensa.

El director de Los Tiempos de Cochabamba, Juan Cristóbal Soruco, introdujo un criterio no menos importante para comprender la actitud del Gobierno: la reacción molesta del presidente Evo Morales ante el hecho: “Tengo la impresión de que esto es producto de una pataleta presidencial; le contaron algo al Presidente, se enojó y miró a su entorno inmediato, a los que fueron a La Haya y todos se debieron sentir infidentes; entonces, el Procurador ha iniciado el juicio para decir ‘yo no fui’; es un problema interno que han reciclado creo para lanzar un mensaje a todos los medios, que hay temas en que van a hacer valer su fuerza”.

Además, añadió, ya en el tema de fondo de la acusación de la Procuraduría, hasta donde se sabe no hay norma que tipifique o clasifique como secreto ciertas actividades: “¿qué secreto se ha revelado?, ¿hay alguna norma previa que declare en reserva o secreto los trabajos de Diremar? Creo que no hay ninguna”.

Aparte de la defensa jurídica de los periodistas de La Razón, varios  de los asistentes plantearon la necesidad de una mayor movilización de los periodistas, problematizando y explicando el principio de la no revelación de la fuente informativa.

Es el criterio de Gómez: “Primer paso que deberíamos hacer es expresar nuestra unidad respecto a este tema, ya lo han dicho, solidaridad con nuestros compañeros y la defensa del secreto de fuente ¿Cómo? En nuestro territorio, finalmente la política se define, si bien es cierto en las urnas, en las calles y en los medios; se define en los territorios mediáticos. Hagamos debates para explicar por qué es tan importante el secreto de fuente, no para nosotros, ni para Claudia ni para Ricardo, sino para el ciudadano, pues él va a ser en última instancia el verdadero afectado”.

Y ya desde la experiencia de los trabajadores, la representante de El Diario, Carmiña Moscoso, insistió en que mucho de la acción de defensa del secreto de fuente y que al periodista se le juzgue en los tribunales de Imprenta, será obra de las movilizaciones callejeras.

El objeto del ‘delito’: la nota periodística

La acusación de la Procuraduría, explica el abogado de La Razón Guery Abuday, es por el contenido de la nota; se afirma que ésta afectaría o vulneraría la seguridad del Estado; por ello la entidad denuncia los delitos penales de espionaje y revelación de secretos; “delitos, sin embargo, muy graves, que se refieren a conductas absolutamente diferentes a las de un periodista”, insiste el jurista.

La denuncia fue presentada (y tramitada) a espaldas de los acusados, sin conocimiento alguno por parte de La Razón, remarca Abuday. “Sin la menor comunicación, el juez de la causa que conoce esta denuncia penal, de manera inmediata dispone, sin mayor justificativo, que el periodista Ricardo Aguilar revele el secreto de fuente, sin haberle escuchado”.

El juez, además, “con nuestro desconocimiento, impone una restricción y una obligatoriedad por parte de Ricardo Aguilar”. Ante este extremo, la defensa legal presentó el recurso de apelación, la que ahora se tramita en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia.

La reserva del proceso, que pretende un “absoluto secreto”, se apoya, explica Abuday, en una normativa procesal por la cual se condiciona que todo el asunto se refiere a la seguridad del Estado, “que no puede ser revelado ni puede ser informado a las partes, motivo por el cual ocurre la prohibición que tienen Claudia y Ricardo de hablar sobre el proceso, porque esto puede ser entendido como una obstaculización a la investigación o un perjuicio al proceso”. Antes de prestar cualquier declaración informativa, la defensa interpuso una excepción de incompetencia: al tratarse de periodistas y una nota periodística, la causa debe tramitarse con la Ley de Imprenta.

En el fondo es la defensa de principios: Juan León, director de la ANP

Resumen del Conversatorio: uno, hay la idea de que la gente tome conciencia de esto; dos, en el fondo es la defensa de principios, del tribunal de competencia; si hubiese delito, corresponde la aplicación de la Ley de Imprenta; tres, no se defiende a los medios, sino a la ciudadanía; cuatro, hay unidad entre los medios; cinco, si hay pelea en las calles, debe nacer desde las bases.

El artículo es una cátedra de periodismo: Fernando Salazar Paredes

Yo he leído y releído el artículo de nuestro colega Ricardo Aguilar; lo he leído, primero, como boliviano; segundo, como internacionalista, hace 40 años que escribo sobre la cuestión marítima; y, finalmente lo he leído como abogado; yo no iría al extremo de afirmar que es un artículo inocuo; es un buen artículo, es una cátedra de periodismo”.

Preocupación: Algunos extraviaron principios: Pedro Rivero, director de El Deber

Es en estas coyunturas en que se ven las fortalezas institucionales, la ANP está fuerte y vigorosa; no es la primera ni será la última vez en que saldrá en defensa de principios; debe preocupar sí que otras agrupaciones, gremios, sindicatos, federaciones, con honrosas excepciones, o estén cooptadas o estén debilitadas, y en algún recodo del camino hayan extraviado sus principios”.

La importancia de la autorregulación: Armando Villafuerte, Tribunal de  Ética de la ANP

El Tribunal Nacional de Ética de la Asociación Nacional de la Prensa ha dictado varias resoluciones, en las cuales los empresarios jamás han presionado ni influido en la menor medida, sobre las resoluciones que correspondían dictar al Tribunal de Ética; en muchos casos el Tribunal ha pronunciado resoluciones incluso contra algunos medios que forman parte de la ANP.

Hay que ir más allá de la solidaridad: Lucía Sauma, periodista

Éste es un problema que afecta a todos; creo que tendríamos que ir más allá de la solidaridad, porque uno es solidario con el problema del otro, cuando este problema es de todos; entonces, hay que tomar acciones desde el punto de vista de los afectados, y como los afectados somos todos, creo que habría que buscar esa figura que represente a todos e inicie esa acción jurídica.

Todos tenemos que interpelar al poder: Augusto Peña, jefe de Redacción de Erbol

Habría que hacer una campaña informativa, a través de los medios escritos y otros, interpelando al poder; propongo que a las fuentes se les pregunte qué entienden por el derecho a la libertad de información, a la libertad de expresión y también qué entienden por secreto de fuente, lo apoyan o lo rechazan; se pondría en evidencia cuál es la mirada que tiene el poder.

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