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El proceso autonómico tiende a anular a los comités cívicos

Los paros cívicos contra la redistribución de escaños no tuvieron éxito pues no lograron que se modifique la ley que   propuso     el Órgano Electoral, esto da pie a preguntarse sobre el rol y el estado  actual de los comités cívicos.

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz

00:07 / 27 de octubre de 2013

La abigarrada composición de las organizaciones de la sociedad boliviana —sindicatos, agrupaciones campesinas, indígenas, ciudadanas, juntas vecinales, comités cívicos, movimientos sociales vinculados al Estado— hace que cada una evolucione de forma constante, más aún ahora, con el proceso de reestructuración del Estado. Así, considerando las últimas movilizaciones cívicas contra la redistribución de escaños y recursos económicos con base en los resultados del Censo 2012, es propicio ver la situación de estas entidades regionales.

Al parecer, los comités cívicos, de oriente y occidente, viven en un rezago en su adaptación a la actual reforma institucional del Estado “Plurinacional con Autonomías”.

El proceso autonómico en curso, desde la nueva Constitución (2009), obliga a muchas organizaciones a repensarse. ¿Cuál es y será el rol político extrapartidario de los comités cívicos? ¿su influencia actual es la misma de antes? y ¿están siendo sustituidos por otro tipo de organización o continúan vigentes y con influencia en la sociedad?

Para el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Castedo, su institución está más fortalecida que nunca y su rol de interpelación al Estado es acorde con los tiempos. No es así para la politóloga María Teresa Zegada, quien sugiere que quizás los comités cívicos no tengan una lectura adecuada de “los cambios de la sociedad boliviana” en los últimos años.

Por ejemplo —ilustra— el Comité Cívico de Cochabamba (“que creo que es generalizable”) tiene una estructura que mantiene “representaciones muy antiguas”, que probablemente “ya no tiene respaldo ni una proporcionalidad entre el peso de hace dos décadas y el actual”.

“Será necesario (que estas organizaciones) se replanteen en sus propias estructuras”, pues éstas representan instituciones. “Pero las instituciones han cambiado y es necesario que respondan a esa nueva dinámica. Probablemente eso pueda aportar a su relegitimación en los distintos departamentos”. Se puede decir, en conclusión, que los comités cívicos ya no tienen legitimidad.

Algunos comités cívicos tuvieron momentos muy altos. Por ejemplo, la medida de Carlos Mesa, en 2005, a partir de la que se elegía a los prefectos por voto (antes se lo hacía por designación presidencial) salió del Comité Pro Santa Cruz. El de Chuquisaca supo expresar el sentimiento de los sucrenses con el tema de la capitalía durante el proceso constituyente (aunque se haya terminado en actos de racismo y violencia). Sin ir tan atrás, el Comité Cívico de Potosí, en 2010, se plantó frente a la hegemonía del Gobierno con demandas regionales y logró paralizar su departamento por 19 días. Otro punto alto —que luego terminó por ser derrotado— fue el Consejo Nacional Democrático (Conalde), apunta el sociólogo Fernando Mayorga. Esta organización articuló a partidos opositores, prefecturas y comités cívicos de Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca.

El analista matiza la necesidad de reajuste planteada por Zegada y la localiza en el futuro más o menos cercano: “en la medida en que se haga realidad el proceso autonómico”, el cual avanza “lentamente”.

Funciones. Ante el empuje autonómico, por consecuencia “lógico”, los comités cívicos tendrán menos funciones, en la medida en que se aprueben los estatutos y se consoliden los gobiernos departamentales, se tenga una Asamblea Legislativa Departamental “con algún grado de calidad institucional”; en la medida en que los estatutos autonómicos establezcan mecanismos de coordinación entre gobiernos municipales y departamentales, y creen una red para la atención de las demandas y la coordinación entre el campo y ciudad, juzga Mayorga.

“Cuando avance el proceso autonómico, la arena política departamental va a tener cambios notables y eso va a exigir que los comités cívicos tengan que adaptarse a un nuevo contexto institucional; pero como está lento el proceso autonómico eso va a llevar algún tiempo”, dice el académico. Añade que “habrá que esperar” hasta después de 2015 y las elecciones municipales y departamentales de abril de ese año, pero “a la larga es relativamente normal que se tenga que cumplir esta serie de reacomodos o que haya una nueva institucionalidad estatal regional”.

Ambos análisis tienen un contexto muy específico: los paros cívicos de las últimas semanas en rechazo a la redistribución de recursos tributarios y de escaños en la Cámara de Diputados con base en los datos del último censo.

Beni y Potosí pararon el 2 de octubre porque se les disminuyó escaños; tal vez fueron los que tuvieron mayor efectividad. Chuquisaca paró por la misma razón el 3. Cochabamba lo hizo el 7 porque la disminución de 180.258 habitantes (del resultado final con relación al preliminar) afectó su asignación de recursos. La Alcaldía de La Paz, junto a instituciones cívicas, también protagonizó un paro de considerable contundencia.

A pesar de una efectividad coyuntural (los días concretos de cada paro en esas regiones) ninguno logró frenar ni hacer que se modifique la Ley de Redistribución de Escaños ni el decreto de asignación de recursos. Así, es posible hablar de fracaso.

Por otro lado, el Comité Cívico Pro Santa Cruz —el primero en la historia del país y posiblemente el más influyente— ni siquiera llamó a movilizarse y no apoyó una huelga de hambre que grupos de personas instalaron en la puerta de su sede; luego fue acusado de traicionar los intereses regionales...

Con relación a estas movilizaciones y sobre la necesidad de adaptarse al actual proceso de reestructuración, Castedo señala que las recientes acciones cumplieron su objetivo: “llamar la atención del Gobierno central”.

“Si no han conseguido lo que se han propuesto (seguramente) seguirán luchando”, analiza. “El rol del comité que hoy presido es el mismo de hace 63 años: luchar por la defensa de los derechos de la región y sus habitantes, sin importar su origen”, defiende su actuación Castedo.

El Comité cruceño está trabajando actualmente en el pacto fiscal. Castedo asegura que lo hace pensando no sólo en Santa Cruz, sino en “todo el país”. “Ése fue nuestro rol, con picos altos a veces y otros más bajos”, dice el cruceño, quien no cree que haya la necesidad de reformularse como institución.

Apertura. Al contrario, el titular del Comité Cívico de Potosí, Jhonny Llally, toma a bien la crítica de los analistas. “¿Por qué no reformularnos y adaptarnos a una nueva institucionalidad? Claro que estamos abiertos a hacerlo”, se responde como aceptando un reto.

Sobre una posible debilidad de los comités (sea ésta coyuntural o estructural), el vicepresidente del ente cruceño, Teófilo Caballero, señala que el rol cívico de interpelación a las autoridades electas “sigue vigente”. Sin embargo, desde que se empezó a democratizar el país y a elegir a los alcaldes en 1984 y a los prefectos, en 2005, los comités “se han secundarizado”. “Antes nuestras instituciones jugaban el rol de autoridades departamentales”, hoy se hace seguimiento a las autoridades y se las interpela, “quizás ya no con la misma representatividad que se tenía antes, porque los logros cívicos de democratizar el país ya se consiguieron”.

De acuerdo con Caballero, la democratización del país, desde lograr la primera elección de alcaldes en 1984, fue un logro de los comités cívicos en general y del de Santa Cruz, en particular. Los últimos paros no lograron mover un ápice la determinación gubernamental de dar curso a la propuesta de Ley de Redistribución de Escaños propuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Mayorga explica el “fracaso” de esas movilizaciones, por una parte, con la derrota del Conalde en 2008 y, por otra, con la paradoja de fondo relacionada a la imposibilidad de “sostener la pertinencia de su demanda”: “el discurso cívico está asociado a una postura crítica a la política y a la representación política; entonces, pedir escaños no resultaba verosímil. Además la distribución hecha por el TSE es relativamente razonable y genera menos desequilibrios”.

Sin embargo, la derrota, según el sociólogo, no debe llevar a una conclusión generalizadora. “Son fracasos o éxitos coyunturales, además no es lo mismo hablar del Comité Cívico de Santa Cruz que el de La Paz”.

Para Zegada, en cambio, las recientes derrotas —considerando que las movilizaciones cívicas contra la redistribución de escaños no lograron cambiarla— son otro síntoma más de un debilitamiento de estas instituciones, tras el “ímpetu y protagonismo que tuvieron en los años 70 y 80”; siendo luego “sustituidas por otro tipo de organizaciones” de reivindicaciones corporativas.

Su mengua comenzó con la Ley de Participación Popular, afirma. Antes tenían un impulso nacional y como las regiones encontraron un lugar de participación, entonces “perdieron su fuerza nacional”. Además, a partir de ahí fueron “fácilmente cooptadas por partidos políticos de turno, por ejemplo, durante el tiempo de Nueva Fuerza Republicana en el caso de Cochabamba”.

“Esta disgregación” de la última época los dejó “relegados” por sectores corporativos “vinculados al Gobierno”, sentenció Mayorga.

Zegada llega a la conclusión de que los temas territoriales están “venidos a menos” en la actualidad (idea que puede hermanarse a la impresión de Mayorga de que las autonomías avanzan de manera “lenta”). El fracaso de las últimas movilizaciones son “una prueba de la poca convocatoria de las cuestiones territoriales”. Se constata que “no logran tener incidencia efectiva” en las decisiones del Estado “desde un tiempo atrás, no sólo en la actualidad”.

Queda ver si los comités cívicos de los departamentos afectados por la redistribución de diputaciones y recursos económicos cotraatacarán y, en caso de que lo hagan, ver si tienen éxito o se confirma lo dicho por Zegada, que en este tiempo las demandas territoriales no tienen convocatoria, a diferencia de las reivindicaciones corporativas. De suceder esto, también se ratificaría la urgencia de reestructuración de los comités cívicos.

‘Nos quieren debilitar dividiéndonos’: Jhonny Llally es presidente del Comité Cívico de Potosí

El Gobierno nos ha querido debilitar dividiéndonos antes del paro. Ha ido a ofrecer sedes organización por organización: a la Federación de Juntas Vecinales, la Federación de Choferes 1° de Mayo, al Consejo de Ayllus Originarios de Potosí (CAOP) que no está reconocido en el departamento. Querían agarrar unas monedas para refaccionar sus infraestructuras.

‘No hay necesidad de repensarnos’: Fernando Castedo, del Comité Cívico Pro Santa Cruz

Respetamos a los críticos de las instituciones cívicas, pero no creo que haya necesidad de repensarnos, lo que hacemos desde hace 63 años es defender los intereses de la región y de los ciudadanos que viven en el departamento, hayan nacido o no acá. Nuestra influencia ha tenido altos y bajos, pero seguimos; hoy nuestra prioridad es la seguridad ciudadana.

‘Su importancia varía en el tiempo’: Fernando Mayorga es sociólogo

La importancia de los comités  cívicos varía en el tiempo; no se puede generalizar y decir que se encuentran “débiles” por una específica movilización. Cobran mayor importancia de acuerdo con sus nexos con actores políticos. Ése fue el caso del Conalde, que logró articular prefecturas, partidos de oposición y comités cívicos de Beni, Pando, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

‘Las sustituyeron otro tipo de organizaciones’: María Teresa Zegada es politóloga

Las organizaciones de lógica territorial, como los comités cívicos  y las juntas vecinales, jugaron un rol muy importante en los años 70 y 80 porque llenaban un vacío, pero su decurso tiene que ver con la aparición de otro tipo de organizaciones, como sin las corporativas, que han logrado tener más fuerza y pudieron identificar demandas con las que la gente se identificaba más.

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