Animal Político

Un proceso electoral con ‘Dios’ pero sin ley

Evitar la financiación pública de los partidos políticos es una medida  muy favorable para el partido de Gobierno debido a que así no existe la obligación de transparentar los gastos de la campaña electoral.

La Razón (Edición Impresa) / Eduardo Leaño Román

00:01 / 16 de febrero de 2014

Acerca del financiamiento a las organizaciones políticas, Eugenio Rojas —actual presidente de la Cámara de Senadores—, el 29 de octubre de 2013 declaró a la prensa: “No se aprobará (el financiamiento), y lo decimos categóricamente. Ni piensen el Tribunal Electoral ni los partidos políticos, no se va a poder, ésa es la decisión, perderán el tiempo en vano”.

Estas declaraciones y la reinscripción de militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) con el aporte de Bs 5, que se inició el pasado domingo, son indicadores irrefutables de que el partido de Gobierno, con la mayoría suficiente en el Órgano Legislativo Plurinacional, no aprobará la Ley de Partidos Políticos (que aún prepara el organismo electoral) si esta incluye algún financiamiento para las organizaciones políticas. Con este antecedente, queremos brindar en el presente artículo tres hipótesis que apuntan a explicar las razones por las cuales el MAS se opone al financiamiento de las organizaciones políticas.

La primera tiene relación con lo que el presidente Evo Morales dice (pero sobre todo repite) de que gobierna escuchando la voz del pueblo. En vísperas de aprobar el financiamiento a los partidos políticos (1997), un elevado porcentaje de ciudadanos (73%) consideraba que el Estado no debía financiar las campañas con el principal argumento de que un país pobre, como Bolivia, no debía despilfarrar sus recursos financieros en organizaciones que no tienen ninguna legitimidad, que están consagradas a lograr beneficios privados antes que colectivos y que tienen estructuras antidemocráticas.

Las consideraciones contrarias (sostenidas por los políticos de entonces) solicitaban incluir el financiamiento a fin de hacer transparente el control del gasto de los partidos en campañas electorales, evitar el peligro de que dinero del narcotráfico penetre en los partidos (estaba aún latente el caso de los “narcovínculos” según el cual Meco Domínguez, un narcotraficante, confesó haber apoyado la campaña del MIR en las elecciones municipales de 1994), legitimar a los partidos y consolidar la institucionalidad democrática. Así, si hoy se efectúa otra encuesta sobre el mismo tema, es probable que una amplia mayoría de bolivianos se oponga a dicha medida; con tal resultado, el gobierno de Morales (que se caracteriza por “mandar obedeciendo” como el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN) no tiene otra opción que oír y atender la vox populi y rechazar el financiamiento  a los partidos políticos.

El segundo motivo guarda un vínculo estrecho con la razón principal para eliminar el apoyo económico a las organizaciones políticas. La vigencia de financiamiento a los partidos ha sido breve; se incluyó en las reformas a la Ley Electoral (1997) y, posteriormente, se consolidó en la Ley de Partidos Políticos (1999); pero, después de algún tiempo, mediante el Decreto Supremo 3925, fue eliminada (2008). Poco antes de la supresión del financiamiento, el presidente Morales tuvo que soportar la presión de los “discapacitados” que demandaban un bono para su sector y, como supuestamente el Estado no podía atender dicha exigencia, recurrió a tomar el dinero que se asignaba a los partidos, creando el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad. Con esta noble medida (resulta más loable otorgar un bono a un grupo social vulnerable que brindar apoyo a desacreditados partidos) el Gobierno justificó la eliminación del financiamiento a las organizaciones políticas y, desde su perspectiva, actuó en función de los sectores más necesitados.

La tercera hipótesis hace referencia a que el Gobierno se niega al financiamiento debido a que no quiere hacer transparentes los gastos de su campaña electoral. Sin duda, la implementación de esta ley consiguió logros sustanciales, se transparentó  el financiamiento de las campañas electorales e impidió la intervención del narcotráfico en la actividad política, pero no consiguió ni la credibilidad de los partidos políticos (en 2002 se pudo advertir el derrumbe del sistema de partidos) ni la consolidación de nuestra frágil democracia (la “guerra del gas” en 2003 amenazó la estabilidad institucional). Entonces, si el partido de Gobierno se niega al financiamiento (considerando que él puede ser el más beneficiado) probablemente se deba al masivo aporte de sus militantes de base, a la opulenta inversión económica que realizarán los candidatos a los distintos cargos, a los millonarios “aportes” de las empresas públicas y privadas, y al uso “discrecional” de los recursos del Estado (esto también lo hicieron los neoliberales). Con semejante fuente para recaudar fondos económicos, el financiamiento a los partidos resulta una bagatela. Evitar esta medida les es muy favorable debido a que no existe la obligación de promover el uso adecuado de los gastos de la campaña electoral.  

Con todo, al no requerir explicar el origen del financiamiento ni transparentar los gastos de la campaña, ésta será una elección con Dios pero sin ley en esta materia.

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