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Sobre la propuesta de cadena perpetua: Es una advertencia a los violadores

Se trata de evitar estos hechos lacerantes para la sociedad. No buscamos incluir temas políticos en la Constitución, como la habilitación del presidente Evo Morales para una nueva repostulación, como afirmaron los partidos de la oposición.

La Razón (Edición Impresa) / Víctor Borda Belzu

00:00 / 11 de junio de 2017

La propuesta del vicepresidente Álvaro García Linera de convocar a un referéndum para aplicar la cadena perpetua por el delito de violación a niñas y niños seguido de muerte —anunciada por la autoridad ya en diciembre de 2016— es coherente debido a que emite un mensaje fuerte a aquellas personas que intenten materializar este delito. Esto pasa por la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE), puesto que esta figura no está en nuestra economía jurídica.

Estas personas no podrán salir de la cárcel aunque se resocialicen, tengan al mejor abogado para su defensa o den recursos para un cuoteo entre el fiscal y el juez. Ante esto, creo que este tema merece ser debatido, pero lo fundamental es que sea aprobado mediante un proceso de consulta por el pueblo boliviano.

El actual Código Penal —vigente desde 1972— establece una pena privativa de libertad de 10 a 20 años si la violación se realiza a una persona menor que no ha llegado a la edad de la pubertad y si, como consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima se aplicará la pena de asesinato que es de 30 años.

La actual sanción para ese delito nos parece muy benevolente debido a que es considerado dentro de la doctrina internacional como un delito del silencio porque es cometido sin ningún testigo, juega con la inocencia de un niño.

Hay hechos que dañan los sentimientos más profundos de cualquier ser humano, como la violación de niños y niñas inocentes, que son realizados solo por satisfacer los enfermos apetitos sexuales de algunos individuos y que muchas veces ocasionan la muerte de los infantes.

En esa línea, es necesario recordar que el artículo 60 de la Carta Magna dispone que el deber del Estado, la sociedad y la familia es garantizar la defensa del interés superior de la niña, niño y adolescente que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía de recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.

Ante esta situación, para este tipo de delitos, estoy de acuerdo con que se efectúe un referéndum de carácter constitucional para aplicar la cadena perpetua como pena para la violación de niños si en consecuencia del acto se ocasiona su muerte.

El principal argumento para que se plantee la implementación de la cadena perpetua por este delito es que se está atacando al sector más vulnerable como son los niños. Hay que dejar de pensar que ellos son el futuro, pues son el presente y no puede ser objeto de estas agresiones.Por ello, esta medida busca un fuerte mensaje para aquellas personas que intenten cometer este hecho delictivo ya que si lo hacen se quedarán de por vida en las cárceles.

Esta acción generará que las personas lo piensen 1.000 veces antes de perpetrar este hecho y ayudará a disminuir los casos de violaciones a menores y muertes de los infantes.

La actual legislación que sanciona este delito no es suficiente, pues vemos que quienes incurren en este hecho son procesados como cualquier delito en la fase inicial de la investigación e incluso cuando se aplican las medidas cautelares les otorgan medidas sustitutivas y en muchos casos no llegan a juicio y no tienen una sentencia por este delito.

Por estos motivos, es necesario no solo modificar la pena privativa de libertad para la violación, sino que además se debe establecer un régimen especial para las medidas cautelares y así no puedan salir de los recintos penitenciarios durante todo el proceso de investigación.Bajo esas circunstancias, la sanción actual para esta atrocidad nos parece insuficiente ya que ese niño ha sido objeto de vejámenes y a consecuencia de ello ha perdido la vida.

Por eso, el objetivo de la aplicación de la cadena perpetua para violadores de niños es evitar estos hechos lacerantes para la sociedad y no es incluir temas políticos en la Constitución como la habilitación del presidente Evo Morales para una nueva repostulación como afirmaron los partidos de la oposición.

Es difícil confundir el marco constitucional penal con el tema de la reelección del mandatario Morales, lo cual es una mera especulación.

La Carta Magna puede modificarse porque hay una estructura dogmática y otra dinámica que se puede cambiar de manera reiterada.

Esta propuesta realizada por el Gobierno implica la modificación de la Constitución Política del Estado y para su aplicación si se aprueba mediante una consulta se tendrá que elaborar un proyecto de ley.

Uno de los temas que se debe tomar en cuenta para poner en marcha esta medida es la creación de centros penitenciarios específicos de máxima seguridad con similares características del penal de Chonchocoro, donde se encuentren estas personas condenadas por estas causas y cumplan su condena.

Para consolidar este planteamiento lo que se debe hacer es contar con el consentimiento de la población boliviana mediante el referéndum para que se efectúe la modificación.

Ahora, varios doctrinarios establecerán que la modificación de las sanciones en el sistema penal en la Constitución forma parte de la estructura dogmática del Estado y que la misma no se puede reformular a través de un referéndum y hacer una modificación parcial sino a través de la convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente y esto sería evidente si estaríamos pidiendo que se cambie o se suprima el hecho de que en la Carta Magna se establezca una pena privativa de 30 años sin derecho a indulto para todos los delitos.

En cambio, se propone efectuar una excepción a los 30 años de presidio ya que esa sanción seguirá siendo el límite penal pero en casos de violación de niños seguido de muerte se aplicará la cadena perpetua. Entonces, la discusión no se centrará en el espacio dogmático de la Constitución sino de la parte dinámica del texto fundamental.

  • Víctor Borda Belzu es diputado del MAS

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