Animal Político

La ‘real malicia’ de los periodistas

El caso ANF, el caso que incomoda

La Razón / Nicolás Fernández Motiño

00:02 / 26 de agosto de 2012

José Gramunt de Moragas es, además de periodista, abogado. Muy escrupuloso a la hora de escribir su columna ¿Es o no es verdad? Lo que dice es resultado de profundas meditaciones y consultas de sabios libros de su colección personal. En 1993, cuando recibía el Premio Nacional de Periodismo, pronunció algo que sacudió a muchos periodistas: “Contra la dictadura de la comunicación, la ética en la comunicación”.

Los que en el pasado trabajamos con él —previo examen de capacidades— aprendimos mucho más de este maestro del mejor oficio del mundo, como diría el Gabo. “No hay poder que no nos tema, no hay juez que nos juzgue, no hay moral que nos cohíba, no hay sabio que nos supere, no hay anciano que nos oriente, no hay prudencia que nos modere, no hay institución que nos encuadre (Poder y ética en el periodismo)”. Semejante reflexión del periodista jesuita debió tener alguna cabida en el periodismo de aquel tiempo.

Ahora, anciano con bastantes fuerzas, tiene un problema con el Gobierno por la interpretación del mensaje del presidente Evo Morales. El centro del asunto es si el redactor de la nota periodística escribió en el contexto de lo dicho por el Presidente o lo interpretó sin mayor esfuerzo intelectual: ¿los cambas son flojos?, ¿se mueren de hambre los que no trabajan? ¿Quién podrá dirimir lo que quiso decir o dijo Evo? ¿Cuál de las dos justicias, la penal o la de imprenta?

El Tribunal Constitucional Plurinacional sentó jurisprudencia con respecto a la libertad de expresión —límites y excesos— y dejó en claro que los delitos de la prensa contra servidores públicos —por asuntos vinculados al ejercicio de sus funciones; los personales van a la justicia ordinaria— deben ser resueltos por el Jurado de Imprenta (Ley de Imprenta de 1925).

El gran problema de la aplicación de este procedimiento judicial —en mi opinión generada por los periodistas que se resisten a reformar la Ley de Imprenta y la renuencia de los jueces de imprenta que no quieren asumir su responsabilidad— es que no funciona el Jurado de La Paz. Si el Presidente busca justicia en este inexistente tribunal, entonces, ¿qué tribunal o jurado debería hacerle justicia? ¿Qué tribunal o jurado podrá darle la razón a Gramunt de Moragas?

La materia justiciable. Unos ya tipificaron la conducta de ANF como “delito de calumnia” e “injurias”. Más bien pareciera ajustarse más a la técnica de la interpretación periodística, con efectos nocivos para la imagen presidencial o gubernamental. Este caso parece ajustarse a la doctrina de la “real malicia”, reconocida por los códigos de ética de los periodistas bolivianos y la normativa internacional sobre libertad de expresión, a su vez reconocida por nuestra Constitución.

La “real malicia” —nacida en 1964 del caso New York Times vs. Sullivan— se vincula a las ofensas de la prensa contra funcionario público, personajes públicos o personas particulares que voluntariamente entran a la esfera del interés público, mediante información difamatoria o inexacta. Si el ofendido demuestra que el periodista o medio de comunicación actuó con dolo, ánimo de injuriar, desprecio de la verdad o la veracidad, falta de diligencia o con negligencia, éstos debían ser sancionados civilmente.

El espíritu de la “real malicia” no es ajeno a la normativa boliviana; otra cosa es que sea desconocido.

La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión (principio 10) dice: “Debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.

La Declaración de Chapultepec: “La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad…”.

El Código de Ética de la Asociación de Periodistas de La Paz: “Establecer la veracidad de las informaciones antes de su difusión, identificando claramente aquéllas que no estuviesen confirmadas”. Código de Ética de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP): “La veracidad de la información debe ser la primera condición imprescindible para su publicación. Los periodistas deben agotar todos los recursos lícitos para llegar a esa verdad o aproximarse lo más cerca de ella”.

La Constitución Política del Estado reconoce y garantiza el derecho de los periodistas y dueños de medios de comunicación al ejercicio de la libertad de expresión y, en contrapartida, impone el deber de “respetar el principio de veracidad y responsabilidad” mediante sus códigos de ética, la autorregulación y su ley (de Imprenta, se entiende).

Los periodistas forman parte de la esfera pública con derechos y deberes, entre ellos a defenderse. La Agencia de Noticias Fides optó también por este camino. En su portal se destaca espacios exclusivos dedicados al caso que dicen: Caso ANF: Los catorce adjetivos del Gobierno; Caso ANF: Carta de la Conferencia Episcopal a la Agencia Fides; Caso ANF: “flojo” y “flojera”, según la Real Academia; Caso ANF: Las polémicas palabras del presidente Morales.

Tengo la impresión de un portal convertido —de manera anticipada— en un tribunal de juzgamiento listo para iniciar un “juicio paralelo” como mecanismo de defensa. Y el “juicio paralelo” al juicio de imprenta u ordinario da para hablar en otro momento.

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