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La reforma del fallido Órgano Judicial Plurinacional

Uno de los problemas de la elección directa de las autoridades judiciales fue la ‘preselección’ de postulantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que cumplió expresamente el rol de filtro, eliminando todo criterio de meritocracia y experticia. Tampoco hubo comprobación de idoneidad y probidad.

La Razón (Edición Impresa) / Carlos Rocha Orosco

00:02 / 25 de enero de 2015

Reconociendo que el diseño e implementación del Órgano Judicial Plurinacional (OJP) no fue acertado y, en consecuencia, la administración de justicia pasa por su peor momento, corresponde una impostergable reforma de la Constitución Política del Estado (CPE) en este campo. El mismo presidente Evo Morales, admitiendo el equívoco, sentenció: “la justicia, prácticamente está aplazada”; y anunció en la inauguración del Año Fiscal 2015 que “alentará un referendo para que la población defina el curso de las reformas de este órgano del Estado”.

A seis años de vigencia de la actual Carta Magna, en este corto tiempo se revelan varias disfuncionalidades, una de ellas muy grave: el diseño del OJP y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) (Título III), que obliga a reabrir la Constitución y proceder a una nueva “ingeniería”.

De forma explícita, el actual diseño constitucional dispone independencia y separación de funciones de los órganos públicos, limitando la tentación del poder político de someter al OJP, vicio practicado desde la fundación de la República —salvo excepcionales interregnos— que impidió erigir una verdadera institucionalidad jurídica. La independencia y separación de funciones es un triunfo del Estado de Derecho, que se encuentra incluido junto a otros 11 atributos en el modelo de Estado adoptado por la Constitución 

En el caso del OJP y del TCP, un hito importante, por mandato de la Carta Magna, fue la inédita elección popular de sus principales autoridades. “El proceso de revolución judicial empieza aquí”, señaló en 2011 la ministra de Justicia de entonces Nilda Copa. Meses antes, el Presidente vaticinó: “Estoy seguro de que en esta elección del Órgano Judicial otra vez vamos a ganar (…) porque necesitamos autoridades que no sean el resultado del cuoteo, de la distribución de los partidos, sino que sean el resultado de la elección del pueblo boliviano”.

Uno de los principales problemas de esta elección directa fue la “preselección” de postulantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que cumplió expresamente el rol de filtro, eliminando todo criterio de meritocracia y experticia. Tampoco hubo comprobación de idoneidad y probidad. Así, los comicios de 2011 significaron lo que el actual régimen entendió por revolución judicial. Una “revolución” que, sabemos hoy, no funcionó.

REINGENIERÍA. A fin de administrar justicia, la jueza o juez debe ser esencialmente imparcial. Este requisito se cumple respetando la carrera judicial. Así al menos está dispuesto en la Constitución, “Art. 178. II. Constituyen garantías de la independencia judicial: El desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial”. Pese a este mandato, en general no fue el caso de los nuevos magistrados y magistradas electos.

Ante esta situación, se presenta la posibilidad de darle utilidad en democracia al Ministerio de Justicia, el cual debería utilizar la moderna herramienta de la sociotecnología organizacional, que permitirá graficar diferentes aspectos de la teoría del fin prevaleciente y el espacio organizacional. Rápidamente se advertirá que la tarea de reformar la justicia no es exclusiva de los abogados; además deben participar sociólogos, politólogos, planificadores, expertos en recursos humanos y otros académicos, logrando conformar un equipo que implemente la Gestión de Calidad en la Administración de Justicia (GCAJ). No pensar en la implementación de un enfoque de este tipo fue uno de los principales déficits del otrora Consejo de la Judicatura.

Otro componente de una reingeniería de tipo integral tendría que proponer que el Ministerio de Justicia cree el Centro de Estudios Jurídicos que, de manera inmediata, diseñe una “Política Pública para la Administración de Justicia”, cumpliendo los siguientes objetivos:

i) Planificar para implementar Gestión de Calidad en la Administración de Justicia (GCAJ).

ii) Financiar una asignación presupuestaria, cuyo porcentaje deberá ser incluido en la Reforma Parcial.  

iii) Controlar, a través del monitoreo y estudio de las sentencias y fallos de fondo que emiten los Tribunales.

iv) Diseñar una currícula para la Escuela Judicial Única (actualmente cada Tribunal y la Fiscalía tienen su propia Escuela o Instituto, ninguna funciona), ya que no basta la titulación de abogado para ser jueza o juez, se requiere dotarle de competencias específicas, desde interpretación hasta administración del despacho judicial.

Finalmente, cabe señalar que se trata de un asunto de verdad complejo, por lo que no se resolverá solamente cambiando personal o con la promulgación de leyes, pues para funcionar y cumplir su objetivo, las normas necesitan de un sistema judicial probo y eficiente. La reforma de la justicia no solo depende de cambios de símbolos, sino de un cambio de cultura actitudinal sobre presupuestos científico-técnicos.

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