Animal Político

Una relación compleja y difícil

No es lógico que alguien lucre con algo que no es propio (los yacimientos mineros). La Constitución establece límites a la propiedad de los minerales y, por ello, nadie puede obtener beneficios desmedidos haciendo negocios con estos recursos.

La Razón (Edición Impresa) / Héctor Córdova

00:01 / 20 de abril de 2014

En 2005, unos 50.000 cooperativistas sostenían la minería nacional. Los precios habían comenzado a repuntar y se vislumbraba otra perspectiva para el subsector. Desde entonces mucho ha cambiado, pero no para todos. Hay cooperativas que son verdaderas empresas y hay otras que son verdaderas cooperativas. El poder del subsector ha crecido tanto que superan al de la Federación de Mineros, y se ha convertido en uno de los tres pilares del Gobierno.

Su influencia en la redacción de las nuevas normas que tienen que ver con el sector ha puesto en evidencia el interés cooperativista de sacar un provecho más allá del que el pueblo boliviano está dispuesto a permitir. También ha salido a la luz la percepción ciudadana del cooperativismo minero, lo que pone en riesgo su relación con el Ejecutivo. Quince años atrás, la opinión pública veía la urgencia de que el Estado apoye al cooperativismo, se percibía que había una deuda hacia ese subsector; ahora, la percepción se ha invertido y la opinión pública ve un abuso del subsector al Estado.

La relación entre las cooperativas mineras y el Gobierno pasa por un juego de poder en varios ámbitos: el político, el económico, el social, el laboral y la cobertura geográfica. En cada caso, las cooperativas han desarrollado un peso que les permite ejercer una fuerza que puede doblar el brazo a cualquiera.

Durante el régimen actual, el primer Ministro de Minería fue cooperativista, en la Asamblea Constituyente participaron directa e indirectamente para redactar los artículos del sector minero. Tienen un viceministerio específico, directores en Comibol, una dirección en esta corporación, varios asambleístas, entre senadores y diputados; controlan las secretarías de minas de algunas gobernaciones; pero, sobre todo, tienen una llegada directa a los niveles de decisión del Gobierno. Hace unos meses, lograron que el Ejecutivo les adjudique la mina Himalaya, en disputa seis años atrás, en premio a su capacidad de movilización y de respuesta a la convocatoria del Gobierno, según declaró el Viceministro de Cooperativas Mineras.

En conflictos en que aparecen en bandos opuestos cooperativas y sindicatos, es clara la diferencia de pesos específicos. Gracias a este peso lograron una disminución en las regalías que pagan las cooperativas auríferas, se liberaron del pago del IVA, tienen un fondo para financiar su desarrollo y han logrado la constitución de una comercializadora respaldada con recursos del Estado.

Exportan minerales que valen más de 1.000 millones de dólares, aunque el ingreso para el país no es ése, por los descuentos que efectúan los comercializadores por el costo de obtención del metálico, la presencia de impurezas y otros detalles. Estos descuentos, en algunos casos, alcanzan el 50% del valor del mineral. El pago de las regalías se efectúa sobre los 1.000 millones, por tanto, la compensación de las cooperativas a las regiones, por la extracción de recursos naturales no renovables es de unos 45 millones de dólares.

El peso económico de las cooperativas no se debe tanto al aporte al Estado como al flujo de caja que manejan. Este flujo mueve la microeconomía de varias regiones. Son más de 600 millones de dólares que inyectan a la economía del detalle y esto se nota por sus efectos. Dependiendo del número de cooperativistas, habría un ingreso mensual promedio de 500 dólares por cada socio.

Su peso social es impresionante. Son más de 100.000 cooperativistas y se han convertido en el sector económico que más empleo ha generado en los últimos años. Están registradas más de 1.600 cooperativas y de éstas, más de 1.200 están en La Paz y la mayor parte son auríferas. Su alianza con el Gobierno las ha convertido en uno de los baluartes del proceso, pues acuden masivamente a los llamados del Ejecutivo.

La Federación de Mineros sindicalizados no cuenta ni con la décima parte de esta impresionante masa de trabajadores y, por esto y otros factores ideológicos, su relación con el Ejecutivo es menos impactante.

Las cooperativas que funcionaron después de la relocalización exigieron demasiado del trabajador y se habló de una autoexplotación. Era claro que la transición de la Comibol a la cooperativa necesitaba de capacitación y adaptación. Tuvo que pasar un buen tiempo para que la gente se organizara como verdaderos cooperativistas. En el sur del país se encuentra un funcionamiento bastante cercano al ideal, al igual que en la cooperativa de Caracoles.

Las condiciones de trabajo y de vida de los cooperativistas, en la mayor parte de los casos no son envidiables. El sacrificio es exigencia cotidiana y los accidentes, muchas veces mortales, marcan la forma de ser del minero cooperativista. Pero hay también situaciones totalmente diferentes. La desigualdad al interior del subsector existe y cuando se hace una comparación con el subsector de los asalariados, las distancias son también importantes.

Prácticamente, en todos los rincones del país hay cooperativas mineras. En algunos lugares son queridas y en otros, resistidas. Como todos los trabajadores mineros, aportan su cuota de sacrificio para extraer la riqueza minera; pero, como es lógico en el comportamiento humano, cuando los ingresos permiten contratan a otra persona que haga lo que se estaba haciendo; se ha dado este fenómeno y se ha desvirtuado el principio cooperativo (investigación del Cedib, por ejemplo).

La relación entre las cooperativas y las comunidades es tan variada como los lugares en los que se asientan. En ciertos espacios, los comunarios son parte de las cooperativas; en otros, los cooperativistas son venidos de otras regiones y no son aceptados fácilmente. Se sabe de enfrentamientos muy duros.

El medio ambiente es un tema muy complejo para el subsector. La norma nacional exige muchas medidas que encarecen su operación y muchas cooperativas todavía no las ponen en ejecución. Esta actitud provoca reacciones enérgicas de los dueños de los territorios y todavía no ha merecido una medida radical de las autoridades competentes.

Tener peso y poder tan grande no es gratuito. El primer costo a pagar es que son aliados del Gobierno y deben respaldar las medidas que éste tome; el segundo, al estar en alianza con el Ejecutivo, comparten responsabilidades y éxitos, y fracasos de éste; el tercero, la tolerancia del pueblo a sus fallas es cada vez menor. Adicionalmente, el alto precio de los metales en el mercado internacional hace que los excedentes sean mayores y, por tanto, entra en riesgo la naturaleza de entidades sin fines de lucro.

Ahora reclaman la posibilidad de aliarse con empresas que les ayuden a mejorar las condiciones técnicas de la operación; pero esto pone en riesgo la administración de los recursos no renovables por parte del Estado. Además, ningún operador es dueño del recurso.

No es lógico que alguien lucre con algo que no es propio. La Constitución establece límites a la propiedad de los minerales y, por ello, nadie puede obtener beneficios desmedidos haciendo negocios con estos recursos. Dicho de otra manera, si, por diferentes motivos, los excedentes de la cooperativa llegan a ser muy altos, dejarían de ser cooperativa y se convertirían en empresa minera privada; dejarían, lógicamente, de percibir las ventajas que da el Estado a organizaciones sociales sin fines de lucro; pero podrían mejorar su rendimiento, su productividad y sus ingresos.

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