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Un reto de las judiciales: asegurar el derecho a la información

El Tribunal Supremo Electoral busca dar plena libertad a los medios de comunicación para que emitan información sobre los méritos y la trayectoria de los candidatos para autoridades del Órgano Judicial.

Propuestas para el reglamento de difusión de méritos de las elecciones judiciales de 2017.

Propuestas para el reglamento de difusión de méritos de las elecciones judiciales de 2017.

La Razón (Edición Impresa) / Aline Quispe / La Paz

00:00 / 02 de julio de 2017

Tras los cuestionamientos por las restricciones informativas en las elecciones de autoridades judiciales en 2011, el desafío de los nuevos comicios de diciembre es garantizar la libertad de información. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) trabaja en una estrategia de comunicación y un reglamento especial para la socialización de méritos de los candidatos.

El vocal del TSE, José Luis Exeni, señaló que en este proceso electoral, a diferencia de 2011 donde había muchas limitaciones informativas, se pretende “dar plena libertad a los medios de comunicación” para que informen sobre los candidatos y sus méritos, realicen entrevistas y generen espacios de opinión y debate cumpliendo el principio de igualdad de condiciones de los aspirantes.

Explicó que para ello se aprobó, en abril, la Ley 929 que modifica la Ley del Régimen Electoral —además de otras— que dispone que el TSE definirá una estrategia de comunicación para la difusión de méritos de los aspirantes.

“Esta estrategia incluirá, como mínimo, la difusión de separatas de prensa, así como mensajes en los medios radiales y televisivos que sean necesarios, para garantizar el acceso a la información” en el país.

La norma además establece que la estrategia debe contemplar la utilización de los medios necesarios, tanto masivos como interpersonales e interactivos, para socializar los antecedentes de los postulantes.

También ordena al TSE promover la realización de conversatorios, espacios de análisis, debates públicos y otros eventos que ayuden a conocer las capacidades y la trayectoria de los postulantes mediante medios televisivos, espacios ciudadanos, académicos, entre otros.

En el caso de los medios de comunicación, la normativa indica que tras la convocatoria para el proceso de preselección de postulantes éstos están habilitados para generar espacios informativos, de diálogo y de opinión sobre el proceso electoral o las candidaturas cumpliendo el principio de igualdad de condiciones de los postulantes y sin favorecer ni perjudicar ninguna postulación.

En esta línea, Exeni informó que además se elabora un reglamento especial de difusión de méritos de los postulantes a autoridades judiciales.Para esta tarea, el vocal dijo que ya se hicieron seis de los nueve conversatorios en las ciudades capitales para obtener los puntos de vista de representantes de los medios de comunicación, justicia, política y la sociedad civil para recoger propuestas para el reglamento y la estrategia de comunicación para los comicios.

Especificó que en los talleres también se evaluó e identificó los errores de las elecciones judiciales de 2011.

La autoridad destacó que este proceso se efectúa con la asesoría técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que es una organización especializada en temáticas y los derechos de la comunicación y la información.

Una tarea de la Unesco es reforzar los vínculos entre naciones y sociedades para que la libertad de expresión sea protegida, ya que es una condición esencial para la democracia, el desarrollo y la dignidad humana.

El consultor de la Unesco, Erick Torrico, afirmó que el apoyo técnico que brinda la organización para elaborar el reglamento de difusión de méritos muestra “una señal muy importante de cambio” porque uno de los cuestionamientos en el proceso de selección en 2011 fue las restricciones informativas que afectaron la participación de los electores.

Torrico sostuvo que la Unesco aceptó participar con la convicción de que se debe “hacer prevalecer los principios y las normas que garanticen el derecho a la información y la comunicación en este proceso”.

El consultor explicó que el apoyo que ofrece la Unesco tiene tres momentos. El primero es la evaluación en materia informativa de las elecciones judiciales de 2011 vinculada a la aplicación del reglamento anterior.

En tanto, especificó que el segundo momento “importante” es recoger las recomendaciones de los diferentes sectores de la ciudadanía y en particular de los gremios que aglutinan a los trabajadores de la prensa para superar las dificultades y los errores cometidos en el área informativa en los nuevos comicios judiciales.

“Las sugerencias serán los insumos centrales para elaborar el reglamento para la difusión de méritos”.

Precisó que el tercer momento consiste en la redacción de dicho reglamento que será sometido a consideración de la Unesco y el TSE.

El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Nelson Martínez, señaló que la situación de la justicia es un tema de alto interés nacional y por ello la crisis de la justicia es uno de los parámetros más complejos que se debe encarar.

En ese marco, Martínez indicó que si bien la difusión de los méritos de los postulantes es una parte del proceso electoral, lo más importante es que no exista ningún tipo de restricción respecto al manejo y acceso a la información vinculada a los comicios con el fin de lograr un voto informado de los ciudadanos.

“Creo que es importante que no se limite de forma única ni exclusiva respecto a las cualidades profesionales de los candidatos como si fuera el único aval para resolver los problemas de la justicia. Por ello, es necesario que se genere un escenario de debate con los candidatos y que el voto ciudadano sea el que defina a la persona que asumirá el cargo”, afirmó.

El consultor detalló que en los conversatorios realizados hasta ahora se expresó la necesidad de brindar información sobre el significado, la naturaleza y los alcances del proceso de las elecciones judiciales, las competencias de los tribunales y la forma en la que se debe votar, pues en el anterior proceso fue complicado.

A decir de Exeni, gran parte de la estrategia de comunicación es explicar a la ciudadanía las funciones de los tribunales, la naturaleza y las competencias de esos cargos.

Torrico añadió también que se requiere dar información sobre los candidatos, sus méritos —formación, experiencia laboral y producción intelectual—, sus competencias y si sus perfiles se ajustan a los cargos que postulan, lo que posibilitará la participación informada de la población boliviana en la votación.

Al respecto, el vocal sostuvo que a diferencia de 2011 la difusión de méritos de los aspirantes no se reducirá a “dar una hoja de vida de los candidatos”, sino que se generarán espacios para conocer a los candidatos, como conversatorios, entrevistas y debates, en los que la ciudadanía podrá hacer consultas a los aspirantes.

El vocal apuntó que para el área rural se llevarán a cabo “esfuerzos especiales” para socializar los antecedentes de los postulantes no solamente en castellano, sino también en idiomas originarios. También se prevé hacer la difusión de esta información en espacios orgánicos como cabildos.

Exeni aclaró que el único requisito que no deben vulnerar los medios de comunicación es difundir mensajes para hacer campaña o propaganda para solicitar el voto para ningún candidato o para favorecer o perjudicar a algún aspirante. Caso contrario, el medio de comunicación será sancionado la primera vez con una multa equivalente al doble de la tarifa más alta inscrita en el anterior proceso electoral y si éste reincide será inhabilitado para emitir propaganda electoral por dos comicios.

El 16 de octubre de 2011 se eligieron por primera vez mediante voto a autoridades judiciales tras un proceso de selección cuestionado por aspectos como la minimización de los criterios de meritocracia y las limitaciones a los postulantes y los medios de comunicación en la difusión de los méritos de los candidatos.

Esa situación provocó una alta inasistencia de electores y una elevada cantidad de votos blancos y nulos.

En el Atlas Electoral de Bolivia del Órgano Electoral Plurinacional se menciona que en los comicios judiciales de 2011 debido a que no hubo una campaña electoral y la población dependía de los espacios obligatorios de los medios de comunicación, “la información sobre los candidatos no fue recibida de manera homogénea por la ciudadanía”.

El documento también indica que los resultados de la votación popular muestran “una mayor cantidad de votos blancos y nulos que válidos”.Exeni aseguró que se busca evitar los errores de las elecciones de 2011 y una buena señal para ello es que existe un compromiso de los medios y las carreras del área de participar en el proceso y contribuir en la participación informada de la gente.

Sobre el uso de las redes sociales, Exeni señaló que se mantendrá el principio asumido en el reglamento de los referéndums que señala que no es técnicamente ni democráticamente posible que se establezca ninguna regulación para las redes sociales porque “son espacios públicos”.

Empero, el vocal afirmó que se puede definir que las cuentas oficiales del Estado y de los aspirantes se concentren en la difusión de méritos sin que implique hacer propaganda ni favorecer ni desfavorecer a nadie.

El actual proceso de preselección de magistrados sufrió un tropiezo debido a la falta de aspirantes mujeres e indígenas para postular al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), por lo que el Legislativo declaró desierta la convocatoria para esas entidades y los comicios se postergaron hasta el 3 de diciembre.

En principio, las elecciones estaban programadas para el 22 de octubre.

La determinación fue asumida luego de que el partido de oposición Unidad Demócrata (UD) presentó la anterior semana un memorial al presidente nato del Legislativo, Álvaro García Linera, para que se declare desierto el proceso de preselección.

El oficialismo explicó que la convocatoria también fue declarada desierta porque el artículo 22 del reglamento de preselección de autoridades para el Órgano Judicial dispone la medida cuando no se haya completado el “cupo mínimo” de mujeres e indígenas en la postulación.

En un inicio, el oficialismo planteó aprobar una ley transitoria para “flexibilizar” los criterios de género y plurinacionalidad. Empero, con la decisión ese partido anunció que se garantizará la equidad de género y la participación indígena en el proceso.

Pese al retraso, Exeni ratificó que el reglamento de difusión y la estrategia de comunicación se concluirán a fines de julio. La socialización de candidatosiniciará 45 días antes de la elección, es decir, el 19 de octubre.

  • La difusión de méritos debe ser estratégica

Iván Lima Magne

La exrelatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Catalina Botero hizo unas tres observaciones a las elecciones judiciales en 2011 porque afectaban la libertad de expresión. La primera consistía en que el mismo no podía considerarse un proceso electoral porque los candidatos no podían debatir entre ellos. La segunda observación que hizo era la imposibilidad de los medios de hacer entrevistas a los aspirantes. Y la última observación que realizó fue que el escrutinio no fue suficiente, ya que los candidatos no renunciaron a su privacidad. Estas observaciones se analizaron y ajustaron en los cambios en la Ley del Régimen Electoral y que serán parte del reglamento de difusión de méritos.

Para los nuevos comicios judiciales es muy difícil que se pueda afirmar que un abogado es mejor que otro con base en el contenido de una separata o una entrevista de algunos minutos en la televisión o radio. En ese sentido, si la difusión de méritos es el único factor para elegir a un profesional para el cargo de magistrado será muy pobre y muy limitada por más que la socialización sea muy agresiva. Por ello, la difusión de méritos debe ser estratégica porque es importante que la población conozca qué piensan los aspirantes sobre los temas que trabajará como su postura sobre el aborto, la reelección del presidente Evo Morales, la libertad de expresión y otros. Para ello, los periodistas deben hacer preguntas estratégicas y así se tendrá información de calidad para que la ciudadanía esté informada.

  • Iván Lima Magne es exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia

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