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El rol de la Compañía de Salitres y Ferrocarriles británica

Cuando se promulgó el impuesto de 10 centavos, la Compañía de Salitres y Ferrocarriles ordenó a su gerente en Antofagasta no acatar el impuesto; es más, dispuso sacar a relucir un artículo del Tratado de 1874, en el que se decía que “los capitales e industriales chilenos quedan exceptos de más contribuciones”.

La Razón (Edición Impresa) / Jhosmane Rojas Padilla es historiador

00:00 / 22 de febrero de 2016

La historiografía sobre la invasión del 14 de febrero de 1879, por parte de Chile al puerto boliviano de Antofagasta, tiene como base la controversia suscitada por el impuesto de 10 centavos o Ley del 14 de febrero de 1878 del gobierno del general Hilarión Daza Groselle.

El impuesto de los 10 centavos es el problema superficial, por haber existido uno mucho más complejo, vinculado a los capitales británicos del cobre, plata, guano y salitre, los cuales fueron los verdaderos motivos que impulsaron al Estado chileno a invadir territorio boliviano e iniciar una guerra directa.

Como Estado, Chile no tenía la capacidad soberana para decidir sobre temas vinculados al mercado internacional de los minerales, del guano y del salitre. Si bien las principales empresas británicas habían establecido su residencia comercial tanto en Valparaíso como en Santiago, el Estado chileno poco a poco se convirtió en el protector de aquellos intereses, consolidando las bases de un “Estado Gendarme” del interés británico.

El capital que movía la economía chilena era británico, por lo cual los asuntos de Estado se vincularon a generar condiciones favorables y de protección. No fue Chile el que decidió la invasión, fue la Compañía Anónima de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta.

Si bien Chile, desde 1843 (en 1840 Domingo Latrille descubrió depósitos de guano en Atacama) por intermedio de una ley, elevó sus límites hasta el “despoblado” (desierto de Atacama), no utilizó la fuerza contundente para incorporar los territorios del paralelo 23º al 25º de latitud sur, que argumentaba poseer; por el contrario, mantuvo relaciones diplomáticas con Bolivia y durante 16 años —de relaciones discontinuas— le dio el beneficio de la duda al Estado boliviano, al reconocer que no tenía archivos “ordenados” en qué basar su afirmación de soberanía de los territorios disputados con Bolivia (23º al 25º latitud sur).

No fue el Estado chileno el que realizó la piratería del guano, en Cobija, Mejillones y La Chimba (futura Antofagasta); fueron las primeras sociedades británicas de comercio que se establecieron en Valparaíso; pero es cierto que tal piratería tuvo el consentimiento chileno. (Citar los sucesos de 1847, 1853, 1858 y 1863). Chile no tuvo la capacidad soberana para iniciar una guerra, debía involucrar a la corona británica y qué mejor que utilizar el capital de por medio.

Los primeros “empresarios” chilenos que logaron concesiones del Estado boliviano para la explotación de recursos naturales en la costa e interior de Atacama fueron: José Antonio Moreno, Diego de Almeida y Aracena, José Santos Ossa y Francisco Puelma.

Poco a poco despertaron el interés británico de consolidar sociedades comerciales, en buena parte gracias a haber obtenido concesiones “exclusivas” para explotar guano y minerales a partir de 1845. En la década del ‘60, mediante su “Sociedad Exploradora del Desierto de Atacama”, obtendrían el monopolio de la explotación de recursos naturales, para más tarde mediante capital británico crear “Melbourne y Clark.

Los británicos Agustín Edwards Ossandon, Charles Horsfall Watson, Anthony Gibbs y los norteamericanos Juan Gilberto y Juan Alberto Meiggs, poco a poco fueron adquiriendo derechos de explotación del guano y del salitre, como de otros negocios como la banca y la industria, por intermedio de representantes chilenos, bolivianos y peruanos, que tenían distribuidos e infiltrados en los cargos judicial, legislativo y ejecutivo de los tres países costeros.

El 28 de mayo de 1877, el gobierno peruano de Manuel Pardo procedió a la nacionalización de las salitreras de Tarapacá, hiriendo mortalmente los intereses salitreros del capitalismo británico. Esta acción despertó incertidumbre en los capitalistas chilenos y británicos, propietarios de concesiones en el departamento de Litoral, que temían que el gobierno boliviano realizara similar actuación nacionalizadora con sus guaneras y salitreras.

Esta paranoia de no saber el rumbo de la cambiante política boliviana (a consecuencia de su frágil gobierno) llevó a la Compañía de Salitres y Ferrocarriles a diseñar un plan “por si acaso” a los “indios bolivianos” se les ocurriera nacionalizar las salitreras del Carmen, Toco y Mejillones.

Las gestiones realizadas ante los principales accionistas y capitalistas en Londres logró eco en las autoridades británicas y, por consiguiente, una orden expresa de “actuar si el caso así lo ameritaba” y actuar significaba el uso de la fuerza, la guerra.

El 14 de febrero de 1878 —día en que se promulgó el impuesto de 10 centavos— la Compañía de Salitres y Ferrocarriles ordenó a su gerente Hicks en Antofagasta no acatar el impuesto; es más, dispuso sacar a relucir el artículo 4to. del Tratado de 1874, donde se establecía que “los capitales e industriales chilenos quedan exceptos de más contribuciones”. Mientras se lograba “agitar” al congreso y al presidente chileno.

El gobierno chileno a un principio se vio entre la espada y la pared, por existir dentro de sus políticos “influyentes” tanto inversionistas salitreros y guaneros, como inversionistas de la plata y del cobre. Las presiones ejercidas por la Compañía de Salitres y Ferrocarriles precipitaron la decisión de invadir Antofagasta, para poner en “salvaguarda” los intereses de la Compañía.

Los políticos chilenos no eran otra cosa que representantes de los intereses británicos.

En 1879, pese a haberse dejado sin efecto el impuesto de los 10 centavos y haberse roto la relación comercial entre la Compañía de Salitres y Ferrocarriles y el Estado boliviano, Chile acató las órdenes de los capitalistas británicos, como can Doberman, entrenado y domesticado para un fin concreto. Movilizó a sus soldados con la consigna de parar los “abusos de los bolivianos hacia los habitantes chilenos”, realizados en territorios que Chile “cedió” amistosamente a Bolivia. Ocupó Antofagasta y Mejillones con ese fin, pero Tocopilla y Cobija fueron ocupados al enterarse de la “declaratoria” de guerra de Bolivia, “por si acaso”.

A los soldados chilenos jamás les explicaron que estaban siendo movilizados para defender los intereses de una Compañía británica, que solo los estaban usando.

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