Animal Político

El rol del Estado en el ‘proceso de cambio’

Respuesta a Montenegro

La Razón / Gustavo Rodríguez Cáceres

00:00 / 29 de enero de 2012

El 15 de enero, en estas mismas páginas, Marcelo Montenegro, alto funcionario del Ministerio de Economía, intentando demostrar que el neoliberalismo ha sido superado, argumentaba que “la esencia del actual modelo es la mayor y creciente presencia del Estado en la economía, lo que en buen romance significa que el Estado es quien lidera la conducción del rumbo de la economía, a través del manejo de empresas estatales en sectores estratégicos”.

Apuntaba a YPFB, en el energético; Vinto-Huanuni, en el minero; Entel, BoA, y Ende, en el de servicios públicos; y Emapa, en el rubro de producción de alimentos.

La primera parte de tal afirmación implica que antes del “proceso de cambio” la presencia del Estado era menor y poco trascendente en la economía, lo que no es cierto. Una somera revisión de las medidas de política pública, e incluso de las acciones administrativas adoptadas por gobiernos anteriores al de Evo Morales, demuestra con suficiencia que el Estado participó en la economía nacional tan o más activamente que en el denominado periodo estatista, orientando sus acciones a favorecer a los inversores extranjeros y a las elites económicas nacionales que medraban a su alrededor.

La prohibición impuesta a YPFB para que no continuara realizando actividades exploratorias fue claramente una acción estatal, al igual que las excesivas ventajas otorgadas a ellas, que hicieron que el flujo de inversiones aumentara en la primera etapa y luego disminuyera cuando se las exoneró de la obligación de perforar un pozo por parcela. Es más, sólo una clara acción de política estatal convirtió a prefecturas y alcaldías en administradoras de contratos de infraestructura, que al margen de una visión integral de desarrollo sólo sirvió para empoderar y enriquecer a pequeños grupos económicos.

Con base en esta evidencia, perfectamente podría decirse que el neoliberalismo, más que un modelo económico que privilegia la determinación del mercado en la economía, es una fuerza política que promueve la activa participación de todos los niveles del Estado para favorecer los intereses de determinados grupos de poder y no de toda la colectividad. No obstante, no trato aquí de delimitar qué es el “modelo neoliberal”o qué no lo es; pienso que la definición abstracta de un modelo económico, a más de una ventaja didáctica, es prácticamente inútil a la hora de evaluar el rol del Estado en el funcionamiento de una economía específica. Más inútil todavía si se olvida —cómo parece que lo hace Montenegro— que actualmente no hay ni un solo país que funcione sin la activa participación del Estado en la economía. Por ello, la cuestión esencial no está en la dicotomía Estado-mercado, por lo demás útil, sino en los objetivos, métodos y alcance de la participación del Estado en la economía, lo que me lleva a sopesar la segunda parte de la afirmación de Montenegro.

Comencemos por precisar lo que actualmente significa el “manejo de las empresas estatales en sectores estratégicos”. En hidrocarburos, por ejemplo, ha acontecido una drástica reducción de las reservas de gas natural debido a la “manipulación financiera” y, seguramente, la existencia de información falseada, lo que no es más que una estafa y daño económico al Estado. Sin embargo, el Presidente y el Directorio de YPFB Corporación, del cual Montenegro es parte, han decidido echar tierra al asunto, y no seguir ninguna acción legal en defensa del Estado. Es más, cuando el Gobierno asumió la “nivelación de los precios” de combustibles fue desde el Ministerio de Economía y Finanzas que con mayor fuerza se propuso la creación de un fondo para pagar a las petroleras el precio internacional del barril de petróleo, sin considerar que en Bolivia el promedio de los costos de producción de un barril equivalente ronda los cinco dólares. Es decir, a pesar del “actual modelo económico”, que según Montenegro es muy diferente al neoliberal, en el país sigue habiendo una “creciente” acción estatal para proteger y promover intereses particulares.

Respecto del manejo de las empresas estatales habrá que precisar que una cosa es que el Estado sea dueño de ellas y otra cosa que dichas empresas persigan intereses nacionales. Dejando de lado las evidencias de que YPFB Corporación no determina realmente el sector hidrocarburífero, lo cierto es que, al igual que con la capitalización, la compañía continúa privilegiando la exploración de gas para la exportación, no así de petróleo para la producción de diésel; tampoco prioriza la atención de los sectores más vulnerables del país (anótese que al menos 600 mil familias bolivianas continúan cocinando con leña y bosta de animal).

Véase también Entel, cuya actual condición estatal no ha servido para que la misma cambie; por ejemplo, su política tarifaria para el sector rural o su mercadeo sexista y consumista. O Ende, que impulsa megaproyectos eléctricos orientados a la exportación, en tanto en el área rural más de 200 mil hogares viven sin servicio eléctrico.

Cabe aquí una nota más sobre lo que Montenegro considera “sectores estratégicos”. ¿Estratégicos para qué? Posiblemente para ostentar abstractos indicadores macroeconómicos, pero no para la generación de empleo, el incremento de los ingresos públicos, la consolidación de la soberanía alimentaria y energética. Basta mencionar que los sectores minero e hidrocarburífero sólo generan aproximadamente el 1% de las fuentes de trabajo existentes en el país y su aporte por regalías e impuestos alcanza sólo el 10% del Presupuesto General del Estado.

Es que lo estratégico se deriva por los fines, no por los medios. Que la actual gestión gubernamental haya nacionalizado algunas empresas y esté tratando de constituir otras marcas es una pequeña diferencia formal y no esencial respecto a la conducción de la economía nacional en el pasado. Sensiblemente, a seis años del “proceso de cambio”, el Estado boliviano continúa enmarañado en la matriz neoliberal.

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