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El ruidoso silencio de Chile frente al libre tránsito y el contrabando

La huelga indefinida de los funcionarios de Aduanas de Chile repuso una problemática sobre la que Chile guarda silencio, el libre tránsito. El contrabando es otro flagelo que golpea la frontera y aún no hay señales de diálogo.

La Razón (Edición Impresa) / Aline Quispe Zerrillo es periodista

00:00 / 04 de junio de 2017

La actual relación entre Bolivia y Chile está marcada por el ruidoso silencio de Santiago frente a los razonables reclamos del país por las vulneraciones al sistema de libre tránsito y las señales de una falta de interés de esa nación para coadyuvar en tareas conjuntas en la lucha contra el contrabando.

El incidente que pudo activar la actual crisis bilateral se originó cuando David Choquehuanca, entonces canciller, visitó entre el 17 y 19 de julio de 2016 los puertos chilenos de Arica y Antofagasta, los dos habilitados por efecto del Tratado de 1904, para escuchar las preocupaciones sobre las restricciones al libre tránsito.

El canciller chileno, Heraldo Muñoz, aseguró que la visita —a la que calificó de “privada”—  tendría consecuencias. Y las tuvo, pues Santiago decidió anular el acuerdo de exención de visado para autoridades y diplomáticos bolivianos. El cerrojo, que no fue retribuido por Bolivia, se aplicó desde febrero y ya son cinco autoridades de alto nivel, entre ellas dos elegidas por voto, que fueron vetadas para ingresar al vecino país.

El viaje de Choquehuanca fue motivado por la retahíla de quejas por abusos que manifestaron los transportistas. El tema se llegó a plantear ante la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra. Aún no hay respuesta.

“Un nuevo paro aduanero en la frontera con Chile es una agresión económica a Bolivia (…). Chile sigue incumpliendo el artículo 6 del Tratado de 1904. No hay libre tránsito”, reclamó el jueves el presidente Evo Morales luego de que funcionarios de Aduanas de Chile se declararan en huelga indefinida. Ellos exigen al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet el cumplimiento de un acuerdo laboral que se logró luego de otro prolongado conflicto el pasado año. Chile lidera los indicadores de paros portuarios en la región, según datos recientes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Espere…

Con el Tratado de 1904, Chile se obliga a otorgar en favor de Bolivia y “a perpetuidad el más amplio derecho de tránsito comercial por su territorio y por puertos del océano Pacífico”. Sucesivos pactos complementarios habilitaron los embarcaderos de Arica y Antofagasta para el cumplimiento de estas obligaciones derivadas de la Guerra del Pacífico (1879-1883).

El puerto chileno de Arica es el principal muelle marítimo al servicio del país y solo en 2016 concentró el 84% de las importaciones bolivianas, mientras que el 16% se transportó por Iquique y el 0,63% por Antofagasta.

De hecho, la creciente internación de maquinaria, equipos, materiales y otros para los megaproyectos orientados al desarrollo de Bolivia rebasó la capacidad del puerto de Arica.

Esto ratifica que el país tiene una alta dependencia de esa zona portuaria, porque más del 80% de sus compras ingresan por esa vía y que la realización de paros afecta las operaciones de comercio exterior y ocasiona pérdidas millonarias.

El Gobierno boliviano formalizó, a través de notas diplomáticas, extensos reclamos a Santiago para demandar el cumplimiento del libre tránsito. Como respuesta, La Moneda respondió en reiteradas ocasiones que da las más amplias prestaciones.

Choquehuanca dijo que logró verificar una veintena de vulneraciones al libre tránsito comprometido. Lamentó además que esa obligación se haya convertido en un “negocio”. La respuesta de Chile fue la decisión de exigir visa a los funcionarios. Durante el impasse de julio de 2016, las autoridades diplomáticas chilenas se habían planteado, incluso, “acciones más drásticas” respecto a Bolivia, aunque ninguna de ellas apuntaba a solucionar el problema de fondo.

Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, el silencio de Chile sobre la problemática del libre tránsito puede ser interpretado como una postura para esquivar la obligación de garantizar el libre tránsito. “Eludir el tema de trasfondo revela un mea culpa y que Chile no tiene los argumentos para rebatir nuestra denuncia de que no se cumple el libre tránsito, y eso nos ha perjudicado”, remarcó.

Romero agregó que el mutismo desde el punto de vista jurídico refleja una negativa de cumplir los compromisos y obligaciones que Chile asumió en el marco del Tratado de 1904, un acuerdo que no se puso en cuestión en el marco de la demanda de diálogo planteado por el país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Para la docente de Derecho Internacional de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Karen Longaric se trata de un silencio “conveniente” para Chile, porque tiene un pretexto para eludir el diálogo sobre el tema marítimo, así como sobre otros temas que le interesan a Bolivia, como la cooperación contra el contrabando.

De hecho, la problemática vinculada con el delito transnacional reflotó con la detención, el 19 de marzo, de dos militares y siete funcionarios aduaneros cuando ejecutaban un operativo para frenar el ingreso de camiones con mercancías adquiridas bajo el régimen de la Zona Franca (Zofri) de Iquique. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, señaló que los detenidos “estaban en territorio chileno cometiendo delitos, querían robarse nueve camiones con productos y se robaron uno”. Una jueza luego, el 22 de ese mes, envió a los bolivianos a la cárcel de Alto Hospicio en Iquique, bajo detención preventiva por 120 días. La Fiscalía del vecino país les acusó de robo, contrabando y portación de armas, delitos que aún no han sido probados.

Romero ratificó que el rechazo de Chile a colaborar en la lucha del contrabando y fomentar el delito muestra la sistemática campaña que impulsa para “asfixiar económicamente al país” e impedir su desarrollo.

El excónsul de Bolivia en Chile Raúl Ruiz, en una entrevista con La Razón que se publicó el 24 de marzo, reveló que el 54% ($us 1.783 millones) de las ventas de la Zofri destinadas a Tarapacá y Parinacota se desvían al comercio ilegal.

Ruiz sostuvo que si bien hay acuerdos de cooperación mutua entre las aduanas de Bolivia y Chile, éstos no tienen efecto pese al compromiso de Aduanas de Chile y la aprobación de ordenanzas para restringir por ejemplo la nacionalización en Chile de ropa usada y coches usados.

El 19 de mayo, Aduanas de Chile afirmó que hay cooperación con Bolivia para luchar contra el contrabando y develó que en lo que va de 2017 los casos de narcotráfico respecto a 2016 superaron a los de contrabando por la frontera de Perú y Bolivia.

El deterioro de las relaciones y los roces por reclamos fronterizos entre ambos países provocaron también que se niegue la visa a cinco autoridades nacionales que buscaban visitar a los nueve bolivianos detenidos.

Dos meses después de aquel incidente en la frontera, la Fiscalía de Tarapacá y la defensa de Bolivia llegaron a un principio de acuerdo para activar un juicio abreviado con miras a resolver el impasse. Horas después, Morales y Bachelet se vieron y se saludaron en Ecuador, donde participaron de la investidura del nuevo mandatario de ese país, Lenín Moreno.

Estas señales se emitieron luego de que Chile celebrara sus Glorias Navales, una fecha cívica vinculada con la Guerra del Pacífico. Días antes de esta conmemoración, activistas del colectivo chileno de izquierda Casa Bolívar distribuyeron ejemplares de El libro del mar, el texto en el que están los argumentos del país sobre la demanda marítima. Autoridades chilenas optaron por proscribir la difusión del texto.

Para el economista y diplomático Andrés Guzmán es “llamativo” que no existan pronunciamientos sobre las dificultades en el libre tránsito y el contrabando, que deberían ser tratados de manera conjunta, lo que muestra que no se avizora un diálogo sobre el mar que está en litigio.

Existe la necesidad de retomar el diálogo

Dos analistas coinciden en que existe la necesidad de que Bolivia retome el diálogo con Chile para lograr resolver los incumplimientos al libre tránsito y se mejore la actual relación bilateral.

La docente de Derecho Internacional de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Karen Longaric afirmó que la relación entre Bolivia y Chile está “totalmente deteriorada” y que las autoridades de ambos países contribuyeron para llegar a ello, por lo que no es posible reanudar el diálogo de forma inmediata y tendrá que pasar un tiempo prolongado.

Longaric espera que esta situación no se prolongue por mucho tiempo y al menos pueda existir una relación que permita dar fluidez a cuestiones y trámites rutinarios entre países fronterizos.

El analista en materia internacional Andrés Guzmán dijo que Bolivia debe cambiar su estrategia y tener una postura “conciliadora” con Chile, pues ahora hay un “discurso agresivo” que no ayuda a resolver los problemas del libre tránsito y no mejora las condiciones para negociar el tema marítimo.

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