Animal Político

La ruleta rusa del Tea Party

Un grupo irresponsable ha cerrado el Gobierno federal porque ha antepuesto sus obsesiones ideológicas al bienestar de Estados Unidos. Pero no ha logrado su máximo objetivo, paralizar la reforma sanitaria de Obama.

La Razón / Carmelo Mesa-Lago

00:00 / 06 de octubre de 2013

La sanidad esencialmente privada estadounidense tiene los mayores costes internacionales, pero también indicadores a la zaga en el mundo desarrollado; 48 millones de personas carecen de seguro, la burocracia es exuberante y el fraude, masivo. Las aseguradoras privadas (HMO) cargan altas primas y copagos, excluyen enfermedades crónicas y seleccionan riesgos para reducir costes y aumentar ganancias. No hay un seguro nacional sanitario, como en la Unión Europea, Canadá y la mayoría de Iberoamérica, donde el Estado es el asegurador o juega un rol crucial en la provisión, regulación y supervisión del sistema privado. En Chile, pionero en la privatización sanitaria, solo un 16% de la población está cubierta por ese sector y el resto, por el sistema público. En 1966, enfrentando un boicot de los médicos, el presidente Johnson creó el seguro de sanidad para retirados (Medicare), obligatorio y con financiación federal, pero con atención por instalaciones privadas y seguro suplementario en HMO. Hoy es el segundo programa público más popular en el país.

La Ley de Atención Sanitaria Asequible (ASA o Obamacare) aprobada por el Congreso en 2010, que comenzó a operar el 1 de octubre, enfrenta los severos problemas descritos. No cambia el sistema privado pero hace obligatoria la cobertura, garantiza prestaciones mínimas, provee subsidios a los necesitados y multa a los infractores, lo cual es tildado de “socialización de la medicina” por los extremistas republicanos del Tea Party. Éstos sólo cuentan con unos 40 miembros en el Congreso, pero han cerrado el Gobierno federal, al vincular la aprobación del presupuesto a su demanda de recortes de fondos o demoras en Obamacare. Unos 800.000 funcionarios quedaron parados mientras que un millón pueden trabajar sin salario, y están cerrados desde el Parque Nacional del Gran Cañón hasta la Estatua de la Libertad (¿signo ominoso?). Un grupito irresponsable antepone sus obsesiones ideológicas al bienestar del país; al no poder derrotar a Obama en las elecciones de 2012, ahora intenta cobrársela cerrando el Gobierno. La ironía es que la ley no ha sido bloqueada porque tiene financiamiento obligatorio.

Bajo Obamacare, las aseguradoras deberán garantizar diez prestaciones esenciales a todos: atención preventiva, ambulatoria, emergencia, hospitalaria, maternidad y neonatal, pediátrica, mental, dental y ocular, de enfermedades crónicas, rehabilitadora y de laboratorio y fármacos. El Gobierno federal abonará subsidios para cubrir a los pobres y personas de bajo e incluso mediano ingreso (con una escala decreciente); se predice que siete millones recibirán el subsidio. Las HMO no podrán negar cobertura por enfermedades preexistentes pero podrán cargar extra a los fumadores. La prima promedio sin subsidio se estima en menos del 1% del salario.

La cobertura es obligatoria para lograr la universalidad y un pool muy amplio de asegurados que equilibre riesgos; aquellos que ya están cubiertos por HMO, planes de empresa o Medicare pueden conservar sus planes y no tienen que inscribirse. El registro ya se abrió y habrá que inscribirse a final de año para tener cobertura en 2014. Los que rehúsen registrarse pagarán una multa del 1% del salario o 95 dólares anuales, pero creciente. Para aumentar la competencia y reducir la prima, funciona un mercado de planes de seguro gestionado por el Gobierno federal en el que los habitantes comparan prestaciones y primas, y seleccionan el plan privado que más les guste (por Internet, correo, teléfono o en persona). Los empresarios con menos de 50 trabajadores también podrán comparar opciones y escoger un plan; los empresarios grandes sin un plan adecuado para sus empleados serán multados. Hay fondos federales para entrenar a “navegadores” que ayuden de forma gratuita a consumidores y empresas a estudiar los planes y hacer decisiones.

No todo es Jauja: aún se están promulgando regulaciones y guías federales, no se comenzó la educación al público con suficiente antelación y existe confusión, el programa para pequeños empresarios fue pospuesto para noviembre, y las multas a los empleadores grandes que no cubran a sus empleados hasta 2015. Éstos son dificultades lógicas en un programa grande que comienza, pero las bondades capitales de la ley son indudables y el mercado de planes se ha iniciado con vigor inesperado: seis millones de visitas en dos días, que han atascado Internet.

El jefe de la mayoría republicana en la Cámara, John Boehner, inicialmente fue conciliador pero, arrastrado por el vociferante Tea Party, se unió a su esfuerzo para abolir un impuesto de 2,3% o posponer un año el registro en Obamacare. La ofensiva conservadora alcanzó su cénit con el maratón oratorio del senador Ted Cruz, de Texas, que habló 21 horas sin parar a fin de atrasar el debate y criticar la Obamacare, así como a sus colegas moderados acusándoles de que aceptar la ley era igual que apaciguar a los nazis. Su meta era ganar puntos con los extremistas en Texas y para su posible nominación presidencial en 2016, sin importarle un bledo el daño al país; pero al final su pataleta —según el New York Times— lo convirtió en “el hombre más impopular en Washington”. Boehner ha perdido estatura, ha sido incapaz de enfrentarse a Cruz y está siendo perjudicado por el impasse.

El Tea Party aduce que representa al pueblo estadounidense, pero las cifras prueban que no hay tal mandato. Según encuestas recientes, el 44% se opone a la ley (debido a la escasa información ciudadana y la masiva y aviesa propaganda conservadora), pero el 71% está en contra de cerrar el Gobierno para bloquear a Obamacare. La elección presidencial de 2012 fue ganada por cinco millones de votos demócratas (con esta ley como una conquista clave de Obama), y la “victoria” republicana en la Cámara fue manipulada con su previo rearreglo de distritos electorales y los demócratas ganaron por 1,4 millones el voto popular...

Los republicanos más racionales y moderados, como el senador John McCain, saben que los kamikazes perderán la batalla y que el cierre gubernamental les perjudicará como ocurrió en 1995-96, cuando ayudó a la reelección de Bill Clinton, porque la población los culpará de ello, dañando así sus posibilidades en 2014 de mantener la mayoría en la Cámara y ganarla en el Senado. Varios ya han declarado públicamente que el cierre del Gobierno es una locura irresponsable y se están pasando al otro bando. Harry Reid, jefe de la mayoría demócrata en el Senado, ratifica que su bloque se opondrá a un recorte o demora en la ley, y Obama advierte de que vetará cualquier presupuesto que se le someta con dichas cortapisas.

El miércoles, Obama se reunió con los cuatro dirigentes del Congreso pero no se llegó a un acuerdo. Paliativos que se barajan son: pasar una “resolución continua” para mantener el Gobierno funcionando o un presupuesto por un periodo corto (stop gap), o financiar sectores como la investigación sanitaria y los parques, pero éstos son parches que no resuelven el problema. Peor aún, el 17 de octubre es posible que, por primera vez en la historia, la Cámara se niegue a alzar el tope a la deuda federal (porque los republicanos demanden concesiones sobre regulación ambiental y bancaria, recortes presupuestarios, etcétera), desatando la insolvencia federal para pagar sus obligaciones, una vuelta a la recesión y la agravación de la crisis económica mundial. Los economistas predicen una caída en el valor de los bonos del Tesoro, un disparo en los intereses, una pérdida de 15.000 millones de euros en un decenio, y el derrumbe en los mercados de valores en el mundo. En fin, la catástrofe a fin de derrotar a esta ley y a Obama.

A la larga saldremos de esta crisis, aunque pagando un coste; Obamacare mejorará la sanidad norteamericana y llegará a ser tan popular como Medicare. Pero la división profunda en el Congreso y en la nación es un grave reto al progreso democrático y económico de Estados Unidos.

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