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El sistema judicial en su peor momento

Más allá de la tentación de politización en el abordaje de la problemática de la justicia, se requiere un debate profundo y participativo para su transformación, con la advertencia de que, al igual que en otros casos, pareciera que las transformaciones no van a contar con el impulso de las propias instituciones judiciales en crisis.

La Razón (Edición Impresa) / Carlos Romero Bonifaz

00:00 / 02 de marzo de 2014

La historia de los países se caracteriza por la continua transformación de sus instituciones públicas. En el caso de Bolivia, la nueva Constitución Política del Estado ha redefinido la estructura organizativa de las entidades públicas, transformando profundamente sus instituciones funcionales y territoriales.

Estas transformaciones expresan el concepto de lo “plural” como eje transversal que imprime un carácter específico a la nueva institucionalidad estatal. El pluralismo se expresa en la conformación de la representación política y en el carácter que se asigna a las distintas instituciones estatales. En el caso del sistema de justicia, se adopta el pluralismo jurídico para garantizar la convergencia entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Indígena Originaria Campesina.

Sin embargo, la adopción de este sistema plural no es suficiente para resolver los graves problemas estructurales que enfrenta el sistema de justicia. Entre estos problemas destacamos: retardación, falta de transparencia e insuficiente cumplimiento de las normas.

La retardación de justicia se traduce en el hecho de que el 84% de la población carcelaria del país está compuesto por internos sometidos a esa condición bajo la figura de la detención preventiva, sin sentencia. Esto tiene que ver con procedimientos engorrosos y dilatorios que permiten un uso discrecional de los mecanismos incidentales por las partes, como arma de los abogados que no quieren debatir el fondo de la cuestión y acuden permanentemente a estos recursos para eludir la justicia y ampliar sus honorarios.

Además, el Ministerio Público no imprime celeridad en las investigaciones y en muchos casos prioriza solamente aquellas causas en las que se disputan importantes cantidades de dinero u otro tipo de grandes intereses. A esto se suma la pasividad de los jueces, que mantendrán su condición de servidores públicos independientemente de que hayan concluido o no las causas que se encuentran bajo su responsabilidad. Además, como ha quedado demostrado en casos recientes, la dilación de la justicia puede favorecer la extorsión a las partes intervinientes en una disputa judicial.

Por otra parte, se debe considerar también el insuficiente número de jueces y fiscales que acumulan una excesiva carga procesal y que humanamente no pueden responder a la gran cantidad de casos que llega hasta sus estrados. Esto tiene que ver no solo con los insuficientes recursos humanos en el sistema de justicia, sino también con nuestro diseño procesal que judicializa todas las causas, aun aquellas menores y de bagatela hasta colapsar el sistema, sin disponer de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, lo que requiere una reclasificación de delitos y una multiplicación de mecanismos para su resolución.

Sobre la integración de los órganos jurisdiccionales, se había recibido con mucha expectativa la elección de las autoridades jerárquicas de la administración de justicia, compatibilizando su carrera meritocrática con una preselección por parte del Órgano Legislativo y una legislación popular a través del voto ciudadano, para convertir la administración de justicia en un verdadero mandato del pueblo.

Sin embargo, más allá de la democratización de los órganos jurisdiccionales que amplió la presencia de las mujeres y los indígenas en su estructura funcional, el debate público de las causas y la disputa interna del control de los entes colegiados está poniendo en cuestión este mecanismo de integración, con la seria dificultad de deslegitimar y distorsionar el sistema en su conjunto.

Acerca de la falta de transparencia en la administración de justicia, debemos mencionar la ausencia fáctica de mecanismos de control y fiscalización de las tareas de los administradores de justicia y fiscales. El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público tienen la misión de guardar con celo la correcta administración de justicia y la persecución penal, pero la realidad (salvo en el caso de la Fiscalía General del Estado, que recientemente inició un agresivo y saludable proceso de limpieza interna) nos ha demostrado que su condición de ser juez y parte ha impedido una acción más firme, drástica y eficiente contra los prevaricatos. 

En esas condiciones, sacan ventaja algunos consorcios de abogados que han hecho de la chicanería y la corrupción una forma distorsionada e inmoral de vida. Con frustración, los litigantes observan que la justicia ha perdido su capacidad de fallar imparcialmente para terminar sometida a los intereses de algunos malos jueces, fiscales y abogados patrocinantes.

Esta práctica insana de la manipulación de la justicia se reitera amparada en la densidad y obesidad de normas y doctrinas extranjeras que perviven en la práctica forense, pese a los principios y nuevas categorías de pensamiento jurídico incorporadas por el pueblo soberano en la nueva Constitución Política del Estado.

En consecuencia, más allá de la tentación de politización en el abordaje de la problemática de la justicia, se requiere un debate muy profundo y participativo para su transformación, con la advertencia de que, al igual que en otros casos, pareciera que las transformaciones no van a contar con el impulso de las propias instituciones judiciales en crisis.

Es ministro de Gobierno

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