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Estado de situación de la censura y autocensura periodísticas en Bolivia

De acuerdo con la investigación, las autoridades de gobierno —nacional, departamental, local— y los anunciantes privados y públicos son identificados como las dos mayores fuentes de censura de los medios de comunicación.

La Razón (Edición Impresa) / Virginie Poyetton

00:03 / 23 de marzo de 2014

En 2013 la Fundación UNIR desarrolló una investigación sobre la censura y autocensura periodísticas en Bolivia. A partir de una encuesta anónima y grupos focales en las tres ciudades del eje (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba), se buscó analizar la problemática desde la profesión misma. El propósito fue conocer la percepción y evaluar el grado de (auto)censura de los periodistas al respecto, entender a través de su propio análisis cuáles son los mecanismos que llevan a la (auto)censura, identificar con ellos cuáles son las estrategias para sortear la (auto)censura e imaginar cómo se puede eliminarlas.

Según el estudio, más de la mitad de las y los periodistas consultados (54%) admiten haber sido víctimas en su carrera profesional de censura y son aún más quienes han experimentado autocensura (59%). Si se establece que —en el caso de la censura— el 83% admite que tiene conocimiento de algún colega que ha sufrido censura, se puede pensar que en realidad el número de periodistas que ha sido censurado es más alto. ¿Qué significan estas cifras y por qué hablar de censura periodística en tiempos de democracia?

La Fundación UNIR Bolivia considera que la plena libertad de la prensa —es decir, la existencia de condiciones exteriores e internas mínimas para el ejercicio de la profesión periodística— es uno de los requisitos más importantes para la existencia de una democracia plural. Por eso, lo que se juega con la (auto)censura es la propia libertad de expresión e información de la ciudadanía. La censura y su versión más sutil, la autocensura, son dos problemas graves del periodismo. Si bien pueden temporalmente servir a los intereses de un grupo político o económico de poder, a largo plazo dañan el ejercicio de la democracia.

La censura periodística, especialmente en tiempos de democracia, no es monopolio del Estado. No es producto de un solo actor; más bien tiene que ver con un contexto global. Y es muy probable que la tendencia sea que mientras más débil esté el poder gubernamental, más fuerte será la capacidad de censura de otros actores exteriores al medio, como el mundo económico. Según la investigación, en Bolivia las autoridades de gobierno —nacional, departamental, local— y los anunciantes privados y públicos son identificados como las dos mayores fuentes de censura de los medios. Concretamente, los temas vinculados a sus intereses aparecen como los más censurados. Así, 28% de los periodistas consultados dicen haberse censurado por temas que podrían generar conflictos con autoridades y 26% por temas que afectaban los intereses de los anunciantes. De manera general, la censura se concreta en la imposibilidad de publicar una nota ya preparada (20% de los entrevistados que admiten haber sido censurados), de cubrir una fuente (19%) o un tema (19%).

En el caso de la autocensura, 59% de los encuestados admiten “haber voluntariamente no difundido” una información. En la mayoría de estos casos (61%) parece tratarse más de autolimitaciones vinculadas al respeto a la deontología periodística (temas sobre niños y adolescentes, actos de violencia, moral pública) que de autocensura. A la inversa, cuando se les pidió evaluar a los colegas que voluntariamente decidieron no difundir una nota, la mayoría de los entrevistados estima que éstos últimos se limitan/autocensuran por temas que podrían afectar a intereses de anunciantes o generar conflictos con el Gobierno (24% y 17%, respectivamente).

Se encuentra aquí la dificultad de reconocer la existencia de la autocensura, pues implicaría asumir las propias limitaciones del periodista y su estado de indefensión frente al censor. A pesar de esto, la investigación en su conjunto permite concluir que sí existe un tipo de autocensura y que ésta —como en el caso de la censura— tiene que ver con la no difusión de ciertos temas vinculados con intereses políticos y/o económicos.

Ahora bien, ¿cómo explicar el estado de censura y autocensura en Bolivia? Más allá de la (auto)censura, provocada por los poderes políticos o económicos que se acaban de analizar, ese tema se puede relacionar también con la precarización de las condiciones laborales, la falta de formación específica en periodismo y ética, además del miedo a perder el trabajo. Estos tres elementos contribuyen a la inestabilidad laboral del periodista y afectan su posibilidad a oponerse a la censura. Con sueldos bajos, funciones múltiples y falta de oportunidades de capacitación, las condiciones laborales de la profesión periodística van en retroceso en los últimos años. Si bien existen 45 carreras de Comunicación Social, no hay ninguna que expresamente titule en Periodismo. Estas condiciones sin duda fragilizan la profesión. La mayoría de los nuevos periodistas no cuenta con el conocimiento ni la experiencia profesional para oponerse a un acto de censura o para advertir que se está autocensurando. Peor, como lo testimonian unos periodistas entrevistados, en algunos casos son ellos mismos quienes distorsionan la realidad y “ponen en escena de modo espectacular” una situación de actualidad noticiosa, pidiendo a la fuente adaptarse a sus necesidades periodísticas y alejándose —en varios casos— del propósito de informar.

El contexto mismo del trabajo periodístico es difícil. La mayoría de periodistas consultados (85%) se queja de falta de acceso a la información pública, dato que integra la dificultad de acceder a algunas fuentes oficiales, especialmente las Fuerzas Armadas y la Policía. El exceso de polarización política —si uno critica al Gobierno es que es de la oposición y viceversa— hace también que algunos medios dejen de cubrir hechos políticos y sociales para dedicarse más bien a la farándula. Las amenazas verbales en contra de periodistas (76%) son también muy comunes y preocupantes en el sentido de que representan una señal negativa de la falta de respeto que se tiene hacia la profesión. Peor aún son las agresiones por las fuerzas del orden (37%) que, en los hechos, cuestionan el reconocimiento del trabajo periodístico por parte de representantes del Estado.

Si se concuerda en que la censura y autocensura pueden dañar la democracia, el paso siguiente es saber cómo enfrentarlas. O mejor dicho, si se sabe que no existe un país, una sociedad, un lugar que no esté experimentando algún tipo de censura y autocensuras periodísticas, cómo hacer para que esta práctica sea lo más insignificante posible.

Los mismos periodistas han elaborado varias estrategias para sortear la censura: 50% de los entrevistados dijo haber compartido la información con colegas para que la difundan y 33% la ha publicado en un blog. Lo que sorprende es que casi 30% de las y los periodistas no usa ningún tipo de estrategia para evitar la (auto)censura y ninguno publicó bajo otro nombre, interpeló al Tribunal de Ética o hizo valer la cláusula de conciencia.

Más allá de las respuestas individuales, la lucha contra la censura y autocensura se la tiene que considerar en un contexto global. En éste se inscribe por supuesto una mejora en la formación académica de los periodistas, un desarrollo de capacidades en ética periodística (especialmente en la aplicación de los códigos de la profesión) y una mejora de las condiciones laborales, particularmente en materia salarial. Más allá, se tendría que iniciar una reflexión sobre el financiamiento de los medios que pueda garantizar una verdadera independencia editorial, sin que los periodistas tengan que someterse a quienes financian el medio (sea de manera directa o indirecta a través de los anuncios). La independencia financiera permitiría luchar contra la (auto)censura en la medida en que, como se ha visto, la mayoría de limitantes proviene de la acción de los anunciantes públicos o privados.

Otra medida de lucha contra la (auto)censura es el reforzamiento de la calidad y credibilidad de los medios de comunicación, para evitar todo tipo de injerencia política en sus líneas editoriales. Eso no se realiza de un día al otro, hace parte de un cambio social y de una toma de conciencia sobre la trascendencia de la libertad de prensa en la construcción democrática. Implica que la ciudadanía misma, consciente de la importancia que tienen los medios en la libertad de información, con el apoyo y aportes de observatorios de medios e investigadores del ámbito de la comunicación, pueda evaluar la calidad y equilibrio periodísticos. Para eso se necesita más responsabilidad y profesionalismo en el trabajo periodístico mismo para que se fortalezca la relación de confianza entre los periodistas y la gente; esto también significa que la población boliviana conozca el Derecho a la Información y Comunicación (DIC) y lo reivindique como suyo.

En conclusión, se evidencia a través de la investigación realizada la difícil tarea que implica la lucha contra la censura y autocensura periodísticas. No hay una manera única de enfrentarlas y sería ilusorio pensar que un solo actor, sea político o económico, tenga la responsabilidad de la problemática tanto como que una sola acción pueda hacer que desaparezca la (auto)censura. Más bien es una tarea compartida que en el contexto boliviano empieza por la importante toma de conciencia de la necesidad de defender el DIC para todas y todos. Este derecho constitucional comprende la libertad de prensa y la libertad de expresión, con sus consiguientes obligaciones, como elementos fundamentales de su aplicación, sin actos de censura ni autocensura.

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