Animal Político

¿Es sostenible el Estado social?

Estado social, Estado de bienestar. Aquí o en Europa es un problema su sostenibilidad, debido a la deuda pública que muchas veces acaba quebrando a este ‘gran padre’. El artículo reflexiona sobre algunas salidas.

La Razón / José Esteve Pardo

00:00 / 27 de octubre de 2013

El mensaje llega esta vez desde Holanda. Su Monarca y su Gobierno consideran insostenible el modelo del Estado social. Se nos hace de nuevo visible así uno de los retos de calado que la crisis nos plantea, posiblemente el mayor: el de la continuidad y sostenibilidad del modelo de Estado en el que todavía estamos instalados (en España).

Desde luego, el Estado social es uno de los grandes logros de la civilización occidental. No quedó, como tantos otros proyectos y sueños de la modernidad, en la utopía, sin un lugar de realización. El Estado social se hizo realidad aquí en la Tierra. Tuvo su lugar, su topos, que en un primer momento, mediado el siglo XX, se extiende por los países del norte y centro de la Europa occidental para alcanzar en el último cuarto a los meridionales y periféricos.

Aunque los objetivos y el proyecto mismo del Estado social se definen en la Constitución, lo en verdad relevante es la experiencia de sus realizaciones. Son determinaciones constitucionales vividas, encarnadas, y esto es lo que realmente se percibe por la sociedad y los individuos. Es la vivencia de la atención de toda una serie de necesidades básicas al total de la población, a cualquier persona, con independencia de su posición económica o social. La educación básica, la superior o universitaria en condiciones muy accesibles; la atención sanitaria; las prestaciones sociales y las pensiones; los servicios públicos en condiciones accesibles, son experiencias adquiridas y no meros enunciados constitucionales.

La pérdida de esas conquistas se percibe así, certeramente, como un retroceso histórico y, además, como el incumplimiento de un mandato constitucional inequívoco.

La más visible amenaza que se cierne sobre el Estado social es la que afecta a su propia sostenibilidad. La crisis y la magnitud de la deuda pública están mostrando bien a las claras las dificultades para afrontar sus cuantiosos costes. Puede cundir cierta desesperanza y preguntarnos si el Estado social ha sido una realidad efímera, resultado de la conjunción de ciertos factores sin continuidad en la historia. Porque otras amenazas provienen justamente de la desaparición de esas circunstancias históricas que lo hicieron posible.

El mantenimiento del Estado social, constatados sus elevados costes y desaparecidas las más relevantes circunstancias históricas que lo hicieron posible, se presenta así hoy como un objetivo difícilmente alcanzable, en riesgo de utopía. Esto parece que es efectivamente así si no nos planteamos una reforma, no de su concepto y fines, sino de sus medios bajo titularidad pública. Porque el Estado social adoptó desde un principio la modalidad de Estado prestacional que, mediante un costoso aparato administrativo público, asumía directamente las prestaciones.

El nuevo modelo instrumental que ahora se considera es el que se ha dado en llamar Estado garante. El objetivo del Estado garante no es dispensar directamente, sino garantizar de manera efectiva unas prestaciones que en muy buena medida correrán entonces a cargo de sujetos privados. El modelo no contradice, en principio, los postulados fundamentales del Estado social, que no requiere necesariamente de un monopolio o protagonismo del sector público; tampoco en nuestra Constitución, que reiteradamente afirma que los poderes públicos “garantizarán” toda una serie de prestaciones, sin imponerles la carga de su realización directa.

El problema del Estado garante no es, pues, de constitucionalidad, sino de factibilidad de su paradoja o aparente contradicción: la realización por particulares de funciones y prestaciones asistenciales en condiciones accesibles para el conjunto de la sociedad. La superación de esa paradoja sólo puede pasar por una redefinición de las fronteras entre el Estado y la sociedad, entre el sector público y el privado. Implicaría la revisión del carácter “privado” de ciertos sujetos particulares en los que se apoyaría la realización del Estado garante; destacadamente, los que ejercen funciones públicas o los que, de uno u otro modo, son financiados con fondos públicos. El caso de la banca es significativo: ha requerido de ingentes fondos públicos para su rescate, que sólo se explicarían por reconocerle una función relevante en la actividad económica general.

A estos sujetos privados a los que se trasladan así funciones públicas características del Estado social se les habría de trasladar también, en paralelo, un régimen de derecho público, para garantizar que sus prestaciones resulten accesibles al público en condiciones razonables. Varias vías se abren para operar esta extensión del derecho público.

Una, por ejemplo, se proyectaría sobre la actividad de estos sujetos privados, introduciendo reglas que garanticen la atención de los intereses generales en juego. Como experiencia contamos ya con las llamadas obligaciones de servicio público que se imponen a operadores privados de servicios liberalizados —telecomunicaciones, energía, transporte— para cubrir los espacios territoriales y sociales que no serían rentables y atendibles según la lógica del mercado. 

Otra se orientaría a la atribución a ciertos particulares de un estatuto de derecho público, con su régimen de control característico, en aquellos sectores de su actividad que realizan funciones o prestaciones públicas.

En cualquier caso y con independencia de los logros y materializaciones efectivas que pueda alcanzar, el modelo del Estado garante responde a un replanteamiento certero de los objetivos de un derecho público que, gestado inicialmente para la garantía de los derechos y libertades frente a un poder que hacía valer los intereses generales, ha de reorientarse ahora a la garantía de los propios intereses generales cuando el Estado está perdiendo, entre otras razones por sus elevados costes, buena parte de sus medios e instrumentos que están pasando así a manos privadas.

Mantener el Estado social sólo parece posible si se repara en esa mutación en la titularidad de medios y se recompone adecuadamente el sistema de garantías para conseguir, o imponer en su caso, la atención y tutela de necesidades básicas, con una proyección social alejada de la dinámica del mercado.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia