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Un tema entre salud pública y postura moral

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el aborto inseguro es un problema de salud pública.

La Razón (Edición Impresa) / Aline Quispe Zerrillo es periodista

00:00 / 28 de mayo de 2017

Las cifras de muerte de mujeres a causa de abortos clandestinos y la postura moral de “defensa de la vida” concentran el debate sobre el proyecto de ley del Código del Sistema Penal que amplía las causales para el aborto no sancionable.

Hace 45 años que el Código Penal vigente fue aprobado; en su artículo 266 dispone cuatro causales para interrumpir un embarazo; cuando éste sea consecuencia de una violación, de un rapto, de estupro o de incesto.

También se aplica para evitar el peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada.

Sin embargo, para que sea posible el aborto se solicitaba que la gestante haya iniciado una acción penal y que un juez autorice la práctica.

Para la activista de Católicas por el Derecho a Decidir Teresa Lanza, este requerimiento era un “candado” y “una trampa por donde se vea”, por la retardación de justicia generalizada en el país y por “posiciones personales de jueces y fiscales que anteponían sus visiones y prejuicios a lo dispuesto por la ley”, lo que ocasionó que en más de 40 años hayan sido pocos los abortos impunes.

Ante esto, en marzo de 2013 la entonces diputada del oficialismo Patricia Mansilla presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta de varios artículos del Código Penal, por ser discriminatorios contra la mujer, entre los que estaba el artículo 266.

En febrero de 2014, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la Sentencia 206/2014 que, entre otros puntos, modifica el artículo 266 y anula el requisito de autorización judicial para acceder a un aborto legal cuando el embarazo se dio por violación, rapto, estupro o incesto.

Con esto, la víctima puede hacer la interrupción legal del embarazo presentando la copia de la denuncia del abuso de que fue objeto.

Ahora, el debate ha vuelto a primer plano con el proyecto de nuevo Código Penal, que amplía las causales del aborto no sancionable.

En ese contexto, hace dos meses los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentaron el proyecto de ley del Código del Sistema Penal que en su artículo 157 propone incluir nuevas causales socioeconómicas para el aborto no sancionable, siempre y cuando éste se practique dentro de las ocho semanas de embarazo y por una sola vez.

La norma, que está en su tratamiento en detalle en la Comisión de Constitución, permite la interrupción legal del embarazo cuando la mujer esté en situación de calle o pobreza, tenga más de tres hijos, sea estudiante, niña o adolescente o cuando el feto presente malformaciones incompatibles con la vida.

A decir de la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, el principal argumento para la incorporación de causales para el aborto impune se debe a que esta práctica es un “problema de salud pública” y es la tercera causa de mortalidad materna en el país.

Montaño explicó que la propuesta normativa obedece a un mandato que recibió la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de la citada sentencia constitucional que recomienda la emisión de normas que puedan reducir las tasas de mortalidad de mujeres a causa de los abortos clandestinos.

La autoridad reiteró que cada día unas 200 mujeres acuden a lugares clandestinos para abortar y unas 115 féminas son derivadas a los centros de salud por complicaciones y fallecen más de 500 mujeres al año.

Los datos son parte del estudio de Mortalidad Materna y las estadísticas del censo poblacional de 2012.

Con ese cálculo, Montaño especificó que cada año habrían unas 73.000 interrupciones de embarazo en domicilios o clínicas ilegales.

La asesora coordinadora de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), Elizabeth Salguero, ponderó el proyecto de ley pues incluye causales para el aborto impune y responde al problema de salud pública como la mortalidad materna.

Salguero sostuvo que la normativa recoge las sugerencias de convenios y acuerdos internacionales que piden a los gobiernos revisar la legislación que penaliza el aborto, pues la tercera causa de mortalidad materna son los abortos ilegales.

La Organización Mundial de la Salud considera que el aborto inseguro es un problema de salud pública.

En esa línea, Montaño ratificó que la discusión no es si se está de acuerdo o no con el aborto pues “no es un debate ni moral ni religioso, ya que lo que se busca es prevenir las muertes de mujeres y para ello se debe impedir los abortos clandestinos”.

Dijo que el “verdadero debate” es si en todas las circunstancias se justifica enviar a la cárcel a las mujeres por interrumpir su embarazo.

Salguero señaló que Bolivia es un Estado laico donde se respeta las distintas concepciones religiosas pero los problemas de salud pública, como el aborto, no tienen que ver con cuestiones éticas, morales y religiosas.

Para la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, la norma que está en debate en el Legislativo “es un avance” para reconocer otras causales para el aborto impune, pero no es suficiente pues continúa penalizándolo.

En ese marco, Novillo ratificó que la propuesta de las organizaciones de mujeres y el movimiento femenino es la “despenalización total del aborto” y que esta práctica sea eliminada del sistema penal y migre al sistema de salud pública integral. Explicó que el aborto al ser considerado como un problema de salud pública podrá desarrollar otras políticas de educación sexual para prevenir embarazos no deseados y acceder a métodos modernos anticonceptivos y a servicios públicos.

La Coordinadora de la Mujer y otras 40 organizaciones e instituciones son parte del Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto.

De acuerdo con estimaciones de las organizaciones, indican que al año hay entre 60.000 y 80.000 abortos ilegales.

No obstante, grupos religiosos rechazan el proyecto de ley que está en tratamiento y piden respetar la vida. La Plataforma por la Vida y la Familia organizó marchas con ese objetivo y prepara otras movilizaciones entre el 18 de mayo y el 2 de junio.

La Plataforma además recolectó hasta ahora 150.000 cartas de ciudadanos que rechazan la práctica del aborto impune.

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) emitió varios comunicados en los que expresó su rechazo al aborto, afirmando que la propuesta es inconstitucional en su formulación sobre los delitos del aborto, infanticidio y la muerte asistida. Por ello, exhorta a los legisladores y a la sociedad a defender la vida y solicitó al Estado boliviano proteger “las vidas que comienzan y una familia sustituta”.

El titular del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, afirmó que la legislación sobre el aborto legal “es suficiente” y advirtió que si se aprueba la ampliación de las causales, su sector no cumplirá y apelará a la objeción de conciencia —negativa a acatar leyes, actos, servicios justificando motivos éticos o religiosos— para evitar participar del aborto.

“Desde el punto de vista ético y deontológico ningún médico puede ser inducido a producir la muerte”.

A esto, Montaño aseguró que cuando la norma se apruebe el sistema de salud no puede negarle a las mujeres la interrupción legal del embarazo ni su atención para la realización del aborto por las causales establecidas alegando la objeción de conciencia.

La autoridad señaló que la postura del Colegio Médico de Bolivia no representa a todos los médicos pues los abortos realizados de manera ilegal a elevados costos los efectúan médicos y eso muestra que “existen grandes intereses económicos”.

Cruz dijo que el médico que realiza el aborto ilegal debe ser sancionado y que el gremio no protegerá a ningún médico que cometa el delito.

En tanto, Novillo manifestó que una observación que tienen las organizaciones al proyecto es que el aborto impune se realice dentro de las ocho semanas, porque sobre todo las de menor edad, más aun en casos de violación, y de sectores populares no se dan cuenta de que están embarazadas sino en un periodo posterior.

La directora mencionó que haciendo una comparación con otros países que despenalizaron el aborto o han ampliado las causales, se ha dispuesto un periodo entre 12 y 22 semanas para realizar el aborto.

Ante esto, afirmó que se busca que la legislación nacional se estandarice con normas internacionales.

Novillo añadió que se observa además que el aborto impune solo se efectúe una sola vez porque es “una falta de respeto a las decisiones a las mujeres” sobre su vida sexual reproductiva y porque en adelante se pueden dar otras circunstancias.

La representante de la ONU dijo que la disposición de que la práctica solo se haga una vez “no es realista” porque no se puede garantizar que se produzca un segundo embarazo por una violación u otro motivo.

A decir de Montaño, todas las observaciones planteadas por las organizaciones “serán evaluadas durante el tratamiento del proyecto de ley” en la comisión y en el plenario de la Cámara de Diputados.

Respecto a las observaciones, Salguero afirmó que se espera que se consoliden acuerdos que sean lo “más beneficiosos” para las mujeres, haciendo una comparación con la legislación de otros países sobre el aborto y que sea lo más realista posible para el país.

Formulario permitirá acceder al aborto

El proyecto de ley del Código del Sistema Penal dispone que para que las mujeres puedan acceder al aborto no sancionable por las causales establecidas deben llenar un formulario que avale que están de acuerdo con la práctica, especifiquen la causal y las circunstancias de su decisión.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, indicó que para efectuar la práctica no se requiere otro trámite, requisito o procedimiento previo.

La autoridad especificó que una vez que se promulgue el proyecto de ley, los protocolos y los formularios serán establecidos por el Ministerio de Salud.Montaño explicó además que cuando la norma entre en vigencia, la realización del aborto impune será gratuita y será una prestación más del servicio público de salud, así como otros servicios que se ofrecen en esa área.

“La norma permitirá que todas las mujeres sin importar qué situación personal o económica tengan, si están dentro de las causales, pueden acceder a la interrupción legal del embarazo y así se rompe la inequidad que hay”.

Montaño señaló que dicha inequidad se da cuando hay mujeres que tienen los recursos para pagar un aborto en una clínica privada y otras que no, y que tampoco pueden acudir al sistema público y corren el riesgo de morir cuando la práctica es clandestina.

El 20 de marzo, La Razón publicó un estudio de la organización la Campaña 28 de septiembre que recopiló en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca 13 historias de mujeres indígenas originarias campesinas que abortaron y un factor común de la práctica fue la pobreza.

La asesora coordinadora de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), Elizabeth Salguero, ratificó que la mayoría de las mujeres que mueren son las que no tienen los recursos para acceder a un aborto en un consultorio privado y acuden a lugares clandestinos y sin condiciones.

Afirmó que la ampliación de las causales para el aborto impune no soluciona el problema del aborto, por ello se debe trabajar en políticas de prevención como el acceso a métodos anticonceptivos, la concientización de la responsabilidad compartida de los hombres y la educación sexual.

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