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La transformación del derecho electoral

‘La ampliación del derecho al sufragio y la cuestión judicial’ es un ensayo que pretende comprender la experiencia de las elecciones judiciales de octubre de 2011, cuya hipótesis es que han transformado el derecho electoral boliviano.

La Razón (Edición Impresa) / Ramiro Paredes / La Paz

00:00 / 10 de febrero de 2013

No hay duda de que existe una relación entre la práctica y la teoría democrática, vale decir, la primera genera efectos sobre la segunda, y la transforma y viceversa. Así, por ejemplo, la democracia intercultural, en sentido doctrinario, es resultado de todas las experiencias que desarrollamos históricamente en las urnas, en las asambleas sindicales y  comunitarias, en las movilizaciones, etc. Por eso sus perfiles son las democracias representativa, comunitaria, directa y participativa. Por ejemplo, la primera en un inicio fue teoría; en efecto, es parte de la lógica de la representación política pensada por los clásicos. Por eso, cuando fue incorporada en las constituciones, bajo el signo de sistema de gobierno, la doctrina influyó sobre su praxis, y esta última actúo de manera  proporcional sobre la primera; por ello se amplió el alcance de ese modelo democrático.

Bajo esta lectura, la elección judicial de octubre de 2011 es una práctica democrática que apunta a influir sobre la teoría, en este caso, el derecho electoral heredado, disciplina que no refleja ni expresa la práctica de esos comicios, toda vez que ha sido concebida y organizada en ausencia de la elección de otro tipo de autoridades; vale decir, es un paradigma que se estructuró para la formación de los principales cargos ejecutivos y legislativos en los niveles nacional y municipal.

En el libro La ampliación del derecho al sufragio y la cuestión judicial desarrollamos una hipótesis que señala que los comicios judiciales han transformado al derecho electoral boliviano.

A partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado (CPE), la luz de la democracia ingresó al ámbito judicial y amplió el derecho al sufragio de tal forma que ahora los ciudadanos tienen la posibilidad de concurrir a la formación del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional. En octubre de 2011, el electorado ejerció ese derecho en un evento cuyas características son diferentes a los rasgos de las elecciones partidizadas que está en el núcleo del derecho electoral heredado, rama que se fundó sobre una idea de elecciones exclusivamente vinculada a: i) cargos de representación política a nivel ejecutivo y legislativo, ii) elecciones competitivas o partidizadas, iii) campaña y propaganda electorales para posicionar a los candidatos y ganar la preferencia de los electores, iv) candidatos postulados exclusivamente por organizaciones políticas v) contencioso electoral con parte demandante o impugnadora partidaria, vi) presencia partidaria en la votación, el cómputo y escrutinio de votos y vii) sistema electoral o de distribución de los cargos, según fórmulas proporcionales, etc.

Todo el derecho electoral actual está organizado sobre esos referentes que se pueden resumir en la fórmula democracia representativa partidizada o de organizaciones políticas, al punto que es posible afirmar que estas entidades constituyen su núcleo.

Pero la elección de las máximas autoridades judiciales no descansa sobre ese núcleo. Por el contrario, una de sus condiciones fundamentales es la despartidización o la prescindencia e interdicción de cualquier asomo partidario en el proceso comicial que concluye en la constitución del sistema de justicia, con lo cual se plantea un dilema: o se forma un derecho electoral judicial o se transforma el existente, ampliando su horizonte de visibilidad, modificando sus definiciones básicas e incorporando nuevos conceptos. En el texto La ampliación del derecho al sufragio y la cuestión judicial sugerimos optar por la segunda alternativa.

Desde la episteme, el derecho electoral ha sido objeto de algunos cambios que se han producido como efecto de la institucionalización de nuevas prácticas democráticas, como las directas y participativas, los referendos, la revocatoria de mandato, las consultas ciudadanas; experiencias reconocidas constitucional y legalmente en muchos países. Así, esta área jurídica está matizándose y se despoja del monopolio partidista que tenía hasta hace poco, lo cual puede interpretarse como el impacto de las nuevas prácticas democráticas sobre la teoría electoral. Pero este cambio no es espontáneo, ya que demanda la participación de los académicos, principalmente porque se trata de un proceso de reflexión y construcción teórica.

En consideración a ello, la transformación del derecho electoral debe superar dos grandes dificultades. La primera tiene que ver con la actitud de la academia, que debe tornar su desdén por los comicios judiciales en una actitud metódica, abierta a comprender que forman parte de nuestro ordenamiento constitucional, legal y democrático, y dispuesta a convertirlas en un objeto de reflexión y estudio. Éste es un problema que no acabamos de solucionar por esa indiferencia frente a esa elección que ha culminado constituyendo a las entidades de justicia.

La segunda dificultad es de carácter epistemológico y consiste en articular en un todo sistemático, los comicios partidizados, actual base del derecho electoral, y la judicial despartidizada. La labor no es fácil porque se trata de armonizar características opuestas correspondientes a ambas formas de constitución de los respectivos órganos de poder público. Junto a los rasgos de la elección con contienda entre partidos se debe situar las tipologías de los comicios judiciales como: i) proceso en dos sedes, legislativa (preselección) y electoral (elección), ii) autopostulación de candidatos, iii) interdicción de la participación de las organizaciones políticas en toda la dinámica, iv) prohibición de campaña electoral, v) aplicación de un régimen especial de propaganda a cargo de la autoridad comicial, vi) elección para cargos no representativos ni ejecutivos, vii) ausencia de organizaciones políticas en el día de la votación, el escrutinio y cómputo de votos; viii) características singulares de la papeleta electoral, etc. Son peculiaridades que son analizadas en el trabajo La ampliación del derecho al sufragio y la cuestión judicial.

Además de efectuar esa labor, se plantea identificar la naturaleza de esos comicios, vale decir, si es correcta o no su inserción en el campo de la democracia representativa, como lo determina la Ley 026 del Régimen Electoral, o abarcar otros escenarios. La elección de las máximas autoridades judiciales tiene algunas características que la podrían asomar a la democracia directa y participativa como, por ejemplo, la prescindencia de las organizaciones políticas y la elección de cargos que no son de carácter representativo, en sentido estricto, como son los puestos judiciales.

Como resulta obvio, la experiencia electoral de 16 de octubre de 2011 plantea una serie de problemas en la fase postelectoral del ciclo electoral, cuyo análisis debiera motivar a la comunidad académica. En el libro mencionado, hemos intentado contribuir con un grano de arena a esa construcción que es la transformación del derecho electoral.

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