Animal Político

Los vaivenes del TIPNIS

Vía Cochabamba-Beni, parte II

La Razón / Reymi Ferreira

00:00 / 12 de febrero de 2012

El TIPNIS, que ha logrado ocupar un espacio central en la política boliviana, es un conflicto agigantado por actores externos a los verdaderos protagonistas, es decir, los pueblos originarios que tienen definido como región ancestral el espacio del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure.

Al no ser atendido el pedido —al parecer insubstancial— de la dirigencia indígena local de que se realice una consulta previa antes de continuar con la carretera que se estaba construyendo entre el Chapare y San Ignacio de Moxos, se desató un conflicto hasta ahora no resuelto.

Una disputa local fue recargada por demandas de los pueblos de tierras bajas aglutinadas en la Confederación de Pueblos Indí­genas de Bolivia (CIDOB), que ya habían tenido choques con el Gobierno por las circunscripciones electorales para la elección de diputados y, posteriormente, por el reconocimiento de los territorios indígenas. A ello se fue sumando la presión sobre las tierras reconocidas a favor de los indígenas de tierras bajas que ejercen los migrantes de las zonas occidentales del país.  

La opinión pública mundial, tan sensible a la defensa de los derechos indígenas y de la protección del medio ambiente, fue otro factor que le dio una cobertura internacional a los sucesos producidos en la marcha indígena hacia La Paz.

Tampoco se puede negar la manipulación de gran parte de los medios privados de comunicación, que dieron una descomunal cobertura a la movilización, que, contrastada con la que recibió la última marcha del Consejo Nacional Indígena del Sur (Conisur), no existe punto de comparación. También quedó clara la acción opositora galvanizada en la lucha del TIPNIS, que no dudó en utilizar la movilización indígena para boicotear las elecciones para el Órgano Judicial en octubre.

Todo parecía indicar que con la aprobación de la ley que dictaba la intangibilidad del TIPNIS el conflicto estaba resuelto, hecho que no ocurrió.  Los “otros” indígenas de este parque nacional, apoyados por  grupos sociales afines al Gobierno, iniciaron su propia marcha, (alentados quizás por el resultado obtenido por la marcha contraria) y exigieron la construcción de la  carretera.

  Pero esta última marcha tuvo características diferentes: no hubo represión ni cerco policial, desde el Gobierno se planteó su legitimidad a partir de su comienzo y, si bien oficialmente fue cauto en el apoyo, era claro que era una marcha que contaba con el beneplácito del oficialismo.

El comportamiento de las organizaciones no gubernamentales que luchan por los derechos indígenas y, en especial, de la prensa fue también diferente. La marcha tuvo escasa cobertura periodística y se la enfocó como una marcha de los cocaleros, cuando en realidad la casi totalidad de los marchistas eran indígenas de Moxos y otros grupos étnicos asentados en el TIPNIS.  

Finalmente, la marcha llegó a la sede de gobierno y el recibimiento algo frío de la población contrastó con el recibimiento gubernamental.  El Gobierno pidió el diálogo con el sector de los indígenas afiliados a la CIDOB, hecho que no se dio, por lo que se derivó el tema a la Asamblea Legislativa, la cual ha proyectado una ley que revisa el concepto de la “intangibilidad” y somete a una consulta sobre la viabilidad o no de la construcción de la carretera a los pueblos originarios asentados en el territorio. Después de un largo itinerario, la Asamblea Legislativa llegó al punto inicial del conflicto: la realización de la consulta previa antes de la construcción de la carretera.

En este estado de cosas, entre tantos vaivenes, resultan claros algunos aspectos:

1. Existen intereses políticos y económicos más allá de los que tienen los moradores originarios del TIPNIS.  Está, por una parte, la oposición, que considera que la ruptura del bloque indígena campesino que se dio con el conflicto no puede ser desaprovechado para su propia agenda, tal como ocurrió en octubre del año pasado. Están los cocaleros, que tienen ante sí un enorme territorio susceptible de ser ocupado y, en los hechos, en vías de ocupación. Están los grandes ganaderos que con la vía aumentarían sus ingresos con la apertura de un camino.

Están los comerciantes, los madereros y los agricultores que tienen en esta reserva un área de extraordinaria fertilidad. Finalmente, se encuentra el Gobierno con su proyecto desarrollista, que con la carretera podrá acentuar su influencia en la zona y tendrá entrada a un departamento que hasta ahora ha mostrado un comportamiento electoral mayoritariamente opositor.

2. Los grandes intereses de la humanidad —como el respeto a los derechos de los pueblos ancestrales a su territorio y la preservación del medio ambiente como un verdadero pulmón y factor de equilibrio ambiental— hasta la fecha han pasado a un segundo plano, primando la intransigencia, la terquedad y una agenda política que va más allá de los intereses  de los habitantes del parque.

Frente a esta situación, después de siete meses, al parecer el único instrumento para dirimir la situación debe ser la decisión de los propios indígenas a través del voto. Todas las partes del conflicto, incluido el Gobierno, deberían comprometerse a realizar una consulta sobre la carretera, su trazado definitivo y respetar lo que los dueños de ese territorio digan. Se debe efectuar una consulta en el que sólo voten los indígenas mojeños, yuracaré e itonamas, sin interferencia de opositores ni oficialistas. La consulta exigida por la CIDOB, en agosto del año 2011, sigue siendo la salida a este conflicto que interesa que se resuelva en el marco de la democracia, la participación, el respeto al medio ambiente y los territorios ancestrales.

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