Animal Político

El valor de la democracia

La masacre de Todos Santos

La Razón / La Paz

00:00 / 04 de noviembre de 2012

Magdalena Cajías de la Vega

La condición de sede de gobierno de La Paz ha marcado en gran medida su importancia en la vida política nacional, pues revueltas, insurrecciones, motines populares, acciones contestatarias y todo tipo de manifestaciones políticas ocurrieron en ese espacio a lo largo del siglo XX como parte de una larga tradición histórica de resistencia y rebeldía.

Uno de los momentos fundamentales de nuestra historia reciente, tanto como confirmación de las tradiciones paceñas de rebeldía, como para la legitimación del sistema democrático a nivel nacional, fue la resistencia popular al golpe militar estallado el 1 de noviembre de 1979 contra el gobierno constitucional de Wálter Guevara y la joven democracia boliviana. En enero de 1978, la huelga de hambre iniciada un mes antes por cuatro amas de casa de las minas —que logró una generalizada adhesión y solidaridad de diferentes sectores de la sociedad boliviana— había conseguido arrancar la amnistía general e irrestricta y la convocatoria a elecciones al dictador Hugo Banzer después de 14 años de gobiernos militares en Bolivia.

Sin embargo, las elecciones realizadas a mediados de ese año estuvieron cargadas de irregularidades, saliendo a luz que Banzer había favorecido fraudulentamente el triunfo de su pupilo Juan Pereda. La falta de legitimidad del “ganador” lo llevó a dar un golpe de estado antes de que el nuevo congreso pudiese ser instalado. Pero el pueblo no estaba dispuesto a que la instauración de la democracia, por la que tanto había luchado, sea truncada, por lo que exigió en las calles nuevas elecciones.

Como en 1978, la Unidad Democrática y Popular (UDP), constituida en una alternativa de centro izquierda que aglutinó a partidos políticos como el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNR-I), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Partido Comunista de Bolivia (PCB), consiguió el apoyo mayoritario de la población boliviana en las elecciones nacionales realizadas en 1979. Pero tampoco esta vez Hernán Siles Zuazo, candidato a la Presidencia por ese frente, pudo acceder al poder, ya que en el Parlamento se optó por Guevara, del candidato del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de centro derecha, que había salido segundo en el cómputo electoral.

En medio del estallido de una profunda crisis económica, de movilizaciones sociales comandadas por la Central Obrera Boliviana (COB) en pos de demandas postergadas y aumentos salariales, de la significativa ruptura del Pacto Militar Campesino y el acercamiento de este sector a la COB, así como de radicalización de los sectores de clase media, los militares golpistas y antidemocráticos volvieron a intervenir en la vida política pocos meses después de instalado el gobierno democrático. 

En las primeras horas del 1 de noviembre la población conoció que el nuevo golpe, comandado por el coronel Alberto Natush Busch, contaba con el apoyo de algunos políticos movimientistas, como Guillermo Bedregal. Como respuesta inmediata, cientos de pobladores paceños comenzaron a concentrarse espontáneamente en lugares clave de la ciudad, mientras un numeroso grupo de universitarios se congregaba en la Plaza del Estudiante. Y frente al edificio de la COB,  en El Prado, centenares de trabajadores pedían a gritos la presencia de Juan Lechín, su máximo dirigente, para que dé las instrucciones de las medidas a tomar.

A nadie le importó en esos momentos que sea un día feriado, el de Todos Santos, que ha sido tradicionalmente respetado y conmemorado en todo el territorio nacional, pues es cuando los difuntos reciben la visita de sus seres queridos en los cementerios, y cuando en las casas se instalan altares, se prenden velas, se preparan suculentas comidas que les gustaban en vida a los que partieron, y se comparten panes, masitas y t’antawawas con todos los que pasan a rezar por algún alma y visitar a sus familiares. Ese Todos Santos fue muy diferente, sólo se pareció a los demás por la presencia de la muerte.

Paceños aguerridos levantaron barricadas con adoquines, maderas y escombros de construcciones cercanas, muebles viejos o llantas desechadas, en El Prado, en la avenida Buenos Aires o en la Garita de Lima. La indignación iba en aumento, así como la tensión y el temor por la represión que podría tomar en cualquier momento el ejército, cuyos efectivos —algunos en tanques y tanquetas— tomaron posiciones en lugares estratégicos y resguardaban armados hasta los dientes la plaza Murillo y el Palacio de Gobierno.

A las diez de la mañana, los militares comenzaron a disparar a los pobladores reunidos en la plaza San Francisco. Se había iniciado la masacre. Ante los disparos, la gente —especialmente los jóvenes y adolescentes— respondió con piedras y gritando que los militares debían retornar a sus cuarteles. Era una lucha desigual y, por lo mismo, heroica. En ese primer momento, cuatro personas cayeron muertas y varias quedaron heridas. Natush seguía hablando de respetar la Constitución.

Es que el militar golpista había calculado mal su estrategia, transmitida en su primera aparición pública, de que su golpe era diferente a otros. Dijo que respetaría la Constitución, que llamaría a elecciones, que se trataba de frenar el caos que se estaba viviendo en esos momentos y, para colmo, convocó a la COB a cogobernar. Nadie le creyó, ni le hizo caso. 

Al día siguiente, la resistencia siguió creciendo con miles de paceños en las calles y el cumplimiento en todo el país y por diferentes sectores obrero-populares de la huelga general indefinida decretada por la COB. Mientras tanto, Guevara, el presidente destituido, se negó a acatar el mando del gobierno militar, trasladó su gabinete a un lugar desconocido de la ciudad, convocó al Parlamento para que se pronuncie contra la ruptura de la democracia e inició negociaciones secretas con los golpistas para una salida política.

Como la población siguió movilizada —incluso sabiendo que la COB aceptaba participar de la negociación entre partes encontradas—, el lunes 5 de noviembre, en una ciudad sitiada por militares y con todas sus actividades paralizadas, la represión alcanzó su máximo nivel pero también se hizo sentir con mayor fuerza el heroísmo y coraje popular. En la avenida Camacho, en El Prado, en Tembladerani, en Villa Fátima, en diferentes barrios populares, los militares dispararon contra pobladores que sólo tenían como arma de defensa piedras. La sangre corrió a raudales; los muertos alcanzaron a más de cien y los heridos triplicaron esa cifra, entre ellos, ningún uniformado.

Posteriormente, organismos de derechos humanos publicaron testimonios del horror que se vivió en esos momentos que no sólo alcanzó a los combatientes populares, sino a población civil no involucrada en la lucha. Por ejemplo, en El Tejar, un helicóptero barrió con su metralla una cancha donde jóvenes practicaban fútbol. En la Garita de Lima, las tanquetas dispararon a quemarropa y las balas llegaron a viviendas del lugar. En varios departamentos se produjeron detenciones de líderes sindicales y políticos bajo el pretexto de que estaba vigente la ley marcial. Pero el pueblo no cedió ni desmayó hasta que 15 días después de haber truncado la democracia Natush se vio obligado a renunciar.

Nuevamente el Congreso tuvo la iniciativa en la resolución de la crisis y nombró a la dirigente del MNR Lydia Gueiler presidenta de transición hasta que se produzcan nuevas elecciones. El pueblo, protagonista central de la resistencia, salió a las calles a festejar sin reclamar no haber sido tomado en cuenta. Pero esa es otra historia. Lo fundamental de ese momento ya fue rescatado por René Zavaleta Mercado en su libro Las masas en noviembre: el valor de la democracia, el valor de la lucha por la democracia a pesar del doloroso costo en vidas.

Una lección para la historia

Luis Oporto Ordóñez

En diciembre de 1976, el septenio banzerista fuertemente desgastado convocó a elecciones sin declarar una amnistía general, lo que provocó una huelga de hambre de cuatro mujeres mineras que exigían la acción para presos, confinados y exilados políticos. Al final, la medida causó el fin del régimen militar. Buscando una salida honorable, Hugo Banzer decretó la amnistía y convocó a elecciones, en las que apoyó de manera abierta al candidato del Frente Nacionalista Patriótico, el general Juan Pereda Asbún, miembro de su propio gabinete. Había montado un descarado fraude electoral.

Ante la denuncia internacional del fraude, el delfín golpeó a su mentor, quien dejó el Palacio de Gobierno con lágrimas, amargado por el golpe artero de su camarada y protegido, pero sobre todo por el inminente juicio de responsabilidades sobre sus siete años de dictadura, que a la postre ocasionaría el golpe de Estado de Luis García Meza Tejada. Ya fuera del poder, Banzer organizó su partido político, Acción Democrática Nacionalista (ADN), pues le urgía ganar parlamentarios para que asumieran su defensa, desde el amenazado Congreso Nacional de 1979.

Pereda no duró en el cargo, pues fue echado por el general David Padilla Arancibia, quien convocó a elecciones que ganó el frente de Unidad Democrática y Popular (UDP), de Hernán Siles Zuazo, líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNR-I). Obtuvo 528.696 votos (35,97%), poco más de 1.500 votos sobre Víctor Paz Estenssoro, que logró 527.184 (35,87%). La sorpresa fue la adhesión al partido de Banzer que registró 218.857 votos (14,89%). El polarizado Congreso no logró elegir entre los dos candidatos más votados y se generó un “empantanamiento”, zanjado luego con la elección de un presidente interino (figura no contemplada en la Constitución), el presidente del Senado, Wálter Guevara, teórico del MNR de la revolución de abril de 1952.

Éste no logró completar su mandato, pues fue derrocado de manera cruenta por un inexplicable golpe, el 1 de noviembre de 1979, liderado por el coronel Alberto Natusch Busch, en el que aparecieron como cabezas visibles Guillermo Bedregal Gutiérrez y José Fellman Velarde (MNR), Willy Sandóval Morón y Abel Ayoroa Argandoña (MNR-I), a pocas horas del éxito diplomático de Bolivia en la IX Asamblea General de la OEA sobre la demanda de reivindicación marítima de Bolivia frente a Chile. Delegados y jefes de Estado tuvieron que dirigirse al entonces Aeropuerto Internacional Kennedy escoltados por blindados militares. El golpe, planificado por el Ejército, fue apoyado por los generales Edén Castillo Galarza, Luis García Meza y Jaime Niño de Guzmán; el contraalmirante Wálter Núñez y el coronel Carlos Mena Burgos, contra un supuesto “intento prorroguista” de Guevara.

La Paz amaneció con la inusual presencia de tanques de guerra en las principales plazas y arterias. Curioso e inexplicable golpe de mano que no clausuró el Congreso ni apresó a los dirigentes sindicales y políticos; curioso golpe que no logró consolidarse, sino más bien provocó una reacción social que se masificó en protesta contra el golpe y enfrentando a las tropas. Una sorda guerra mediática develó, uno a uno, los entretelones del nefasto golpe. El dedo acusador señaló al jefe del MNR, quien de inmediato negó cualquier vinculación, a pesar de la evidente participación de Bedregal, canciller del efímero dictador, quien jamás salió del Palacio Quemado, tratando de negociar a dos bandas, con el líder del movimiento obrero Juan Lechín Oquendo y con el Congreso Nacional, donde el MNR tenía fuerte presencia.

El régimen duró 15 días, signados por la masacre cruenta propiciada por el regimiento Tarapacá de El Alto, comandado por el coronel Arturo Doria Medina. El inadmisible golpe de Estado pretendía, a todas luces, impedir la posesión constitucional de Hernán Siles Zuazo, a un alto costo social de 100 muertos y 500 heridos, cifras nunca ratificadas oficialmente. De forma cobarde se aprovechó la nefasta circunstancia para eliminar blancos fijos, como el caso de Neptal Viris, ideólogo del radical pro-maoista MUPS, con fuerte arraigo en la Universidad de San Andrés, quien fue victimado en su domicilio en misión secreta de una patrulla militar.

La presencia de la cúpula militar en el golpe mostró la injerencia del sector más reaccionario del Ejército en su guerra declarada al “comunismo” (representado por Siles Zuazo y su frente de izquierda). El golpe de Estado del 1 de noviembre de 1979, antesala de julio de 1980, fue un experimento en el que el Ejército logró la cohesión interna, eliminó blancos fijos y decidió proteger a Banzer Suárez.

García Meza llegaría al poder (17 de julio de 1980) con el apoyo del partido de Banzer y todos aquéllos (excepto el general Niño de Guzmán) fueron designados en altos cargos: general Edén Castillo, jefe de Estado Mayor General del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas; coronel Carlos Mena, jefe de Inteligencia del Estado y de Operaciones del Ministerio del Interior; general Óscar Larraín, ministro de Estado; contralmirante W. Núñez, secretario permanente del Consejo Nacional de Seguridad.

Bedregal trató de explicar su participación en Doy la cara: 1979, el movimiento revolucionario de noviembre (1995), una rendición de cuentas de su participación en el fugaz gobierno de fuerza, en el que, a pesar de los trágicos resultados, señaló como conclusión que “tiene la conciencia tranquila”, en un acto de “cinismo político”, al contemporizar las cifras de víctimas fatales, afirmando que no fueron 500, sino “solamente 36”. Fue Ministro de Planeamiento (1985-1986) y de Relaciones Exteriores (1986-1989) en el cuarto gobierno del Víctor Paz Estenssoro y diputado (1993-2002), y presidente de esa cámara en las legislaturas de 1993-1994 y de 1995-1996, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

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