Animal Político

Una verdad incómoda

Lava Jato en Bolivia, la investigación desde un inicio nos llevó hacia las mismas personas.

La Razón (Edición Impresa) / Susana Rivero Guzmán es abogada, diputada, presidenta de la Comisión Investigadora

00:00 / 05 de diciembre de 2018

Era mayo de 2018, cuando amanecimos con la noticia de la existencia del Castelo de Areia, informe de la Policía brasileña en que apare-cían anotaciones con las iniciales C. Morales, CM y GG-SNC sobre presuntos sobornos en la carretera Roboré-El Carmen, pagados por la empresa constructora Camargo Correa —comentarios y especulaciones sobre las iniciales se escuchaban en el ambiente— originando el pedido de investigar al presidente Evo Morales; el 3 de abril, la Asamblea Legislativa Plurinacional conformó la Comisión investigadora.

Averiguamos el modus operandi, resultando ser el confesado por Marcelo Odebrecht en juicio. Comparamos esto con lo hecho en los proyectos carreteros Roboré- El Carmen, El Carmen-Arroyo Concepción, Potosí-Tarija-Villazón, San Ignacio-Villa Tunari, y Potosí-Uyuni. Los tres primeros fueron dirigidos con decretos supremos en 2003 y 2004, y los dos últimos sin decreto, solo licitaciones en 2006 y 2008. Encontramos un encaje perfecto en cuanto al modus operandi en la carretera cruceña Santa Cruz-Puerto Suárez, en sus tramos Roboré-El Carmen (la mencionada en el Castelo de Areia) y El Carmen-Arroyo Concepción.

Como los sobornos también eran entregados en paquetes o maletas y no solo por transferencias bancarias, para detectar posibles encuentros, cruzamos los flujos migratorios de decisores y altos funcionarios con los presuntos pagadores, descubriendo que las coincidencias en día y lugar eran sugestivamente muchas: viajes cortos, en fechas datadas antes o inmediatamente después de las decisiones importantes y cercanas a las anotaciones de Castelo de Areia.

La investigación desde un inicio nos llevó hacia las mismas personas: el ministro de Servicios y Obras Públicas de Goni; los ministros de la Presidencia y Hacienda, así como los viceministros de Justicia y Energías Alternativas del gobierno de Carlos Mesa, incluido él; el ministro de Servicios y Obras Públicas del gobierno de Veltzé y dos gerentes del ex Servicio Nacional de Caminos, pues en ellos concurrían las decisiones primigenias de alto nivel en el modus operandi; las coincidencias en viajes con los pagadores, las reuniones mencionadas por el embajador brasileño en Bolivia, las iniciales del Castelo de Areia y los inusuales o sospechosos movimientos (depósitos no justificados o en efectivo hechos por ellos mismos). Concluimos identificando indicios y detectando a los presumibles C. Morales, dos GG-SNC y cuatro probables CM, todos del gobierno de Carlos D. Mesa. 

Contrariamente a lo que se pensaba —que las empresas brasileñas habían llegado a Bolivia por la afinidad de las izquierdas (Evo-Lula)— éstas ya estaban antes, y fue en julio de 2004 que Carlos D. Mesa Gisbert y Luiz Inacio Lula da Silva suscribieron la Declaración Conjunta de Santa Cruz, que comprometió carreteras. Desde ese momento se generaron distintos comportamientos, en unos el despliegue mediático con versiones fácilmente refutables, en otros, la colaboración amplia y hasta la liberación del secreto bancario como fue el caso de Morales y García Linera.

Carlos D. Mesa dijo, por ejemplo, que Castelo de Areia daba cuenta de sobornos desde septiembre de 2005, pero no habló sobre las anotaciones que inician en el soborno cuota 12, por lo que resultaba imprescindible ir para atrás. En otra oportunidad, expresó que Roboré-El Carmen y El Carmen Arroyo Concepción si bien iniciaron con decretos de su gobierno, esas decisiones no surtieron efecto y pudieron ser anuladas, olvidando referirse a la norma de contratación de enero de 2004, también de su gobierno, que establecía que solo podía dejarse sin efecto una licitación hasta antes de adjudicar, situación que ya no era posible, pues hasta contratos firmados había heredado el siguiente gobierno.

Insistió junto a su hoy abogado, el interino de Servicios y Obras Públicas al momento de dividir la carretera en dos tramos, en que no podía hablarse de  sobreprecio de 42,5 millones de dólares, porque el monto incluía supervisión, afirmación falsa, pues los contratos principales de ambos tramos contemplan, en su vigésima quinta cláusula, el diferimiento de esa tarea a otra empresa. En la gestión de Mesa se instruyó por decretos licitar la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez completa y dividirla en dos tramos, uno se adjudicó Camargo Correa y el otro Odebrecht; los ajustes a los pliegos de licitaciones fueron hechos durante el interinato en Obras Públicas de otro de sus viceministros, el de Energías Alternativas (que junto al ministro de la Presidencia es mencionado en comunicaciones diplomáticas como gestores de soluciones para las brasileñas); y por decretos supremos emitidos en el cuarto intermedio del día de las aperturas de sobres y calificación de propuestas, autorizaron al Servicio Nacional de Caminos proseguir, a pesar de ser informados del incumplimiento de los pliegos.

El exviceministro de Justicia y ministro interino de Obras Públicas de Mesa, para desviar la atención, afirmó que el actual gobierno había firmado decretos, cometiendo el olvido intencional de señalar que el único decreto en Roboré-El Carmen y El Carmen Arroyo Concepción fue para rebajar la tasa de interés del crédito, y que la carretera Potosí-Tarija-Villazón inició con decreto supremo de Mesa —en el que hasta el nombre de la empresa Queiroz Galvao consta—, arbitraria adjudicación sin licitación que generó problemas constructivos e intento de resolución de contrato más instrucción de auditorías en 2007, mismas que fueron realizadas por un experto de la CAF, de apellido Garzón, quien concluyó en siete estudios, que lo menos oneroso para el país era restablecer la relación con la empresa a la que le habían entregado a dedazo la construcción.

Como la verdad resultó incómoda e irrefutables los 14 informes investigativos, recurrieron al contexto político actual, que nadie pudo prever cuando la investigación iniciaba, haciendo incluso consideraciones de orden ético en mi contra, ética de la que carecen, recurriendo a sus socios de la Fundación Comunidad como voceros: Ricardo Paz Ballivián, Mario Espinoza, Francesco Zaratti, entre otros, de la que también son parte cuatro de los investigados con iniciales CM, sea en el nombre o apellidos paterno o materno como se estila nombrar en Brasil: Carlos D. Mesa Gisbert, Carlos Silvestre Alarcón Mondonio, Carlos Silvestre Romero Mallea y Luis Carlos Jemio Mollinedo.

Solo queda preguntarse: ¿por qué tantos olvidos?, ¿por qué la insistencia en que no investigáramos de 2003 a 2005, donde se encuentran los indicios?, ¿cómo se explica el sobreprecio, si brasileños construyeron con 42,5 millones de dólares menos?, ¿qué sustenta los decretos, forzando normas, si no tenían compromisos?, ¿por qué en las mismas personas que aplican el modus operandi, coinciden los viajes con los pagadores, los movimientos bancarios sospechosos cerca de los viajes y las anotaciones brasileñas, así como las iniciales del Castelo de Areia?

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