El Financiero

Auditarán a estatales con denuncias laborales

Trabajadores piden la ‘despolitización’ de los emprendimientos públicos

Observan empresas estatales.

Observan empresas estatales.

La Razón (Edición Impresa) / Marco A. Ibañez / La Paz

09:00 / 05 de diciembre de 2019

El Gobierno instruyó auditorías internas y externas en al menos tres de 11 empresas estatales en las que trabajadores denunciaron hechos de corrupción y abusos que habrían sido cometidos bajo la administración de ejecutivos y dirigentes afines al MAS.

Las acusaciones —hechas públicas en pronunciamientos emitidos a través de redes sociales y, en un caso, en medios impresos— coinciden en acoso laboral, maltrato, abuso de autoridad, hostigamiento, violación de derechos laborales, cobros indebidos para el entonces partido en función de gobierno y hechos de corrupción supuestamente cometidos por gerencias, jefaturas e incluso sindicalistas allegados a la administración del expresidente Evo Morales.

Las firmas aludidas hasta la fecha son la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Boliviana de Aviación (BoA), la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, la Distribuidora de Electricidad La Paz (Delapaz), la Empresa Pública Quipus, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Casa Matriz, la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), Servicios de Aeropuertos de Bolivia (SABSA), Banco Unión, YPFB Refinación y YPFB Andina.

Este medio se puso en contacto con personal de las estatales Entel, BoA, Delapaz, EPSAS y Mi Teleférico, con el fin de confirmar los pronunciamientos públicos, pero todos los consultados mostraron una actitud recelosa y evitaron declarar sobre el tema.

“Estamos tomando cartas en el asunto”, informó a La Razón el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Yerko Núñez, antes de anunciar que debido a estas denuncias su despacho instruyó efectuar auditorías internas y externas a las entidades y empresas bajo su tuición, como Entel, BoA y Mi Teleférico.

Formalidad. El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano —que tiene a su cargo la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública—, solicitó a su vez a los trabajadores de las compañías e instituciones del sector estatal presentar formalmente las denuncias de irregularidades ante los nuevos ministros de cada área, para que ellos “actúen de acuerdo a procedimiento”.

“Tendría que haber previamente el conocimiento formal del ministerio” que encabeza el sector para que la nueva autoridad presente estos hechos ante la Fiscalía, a fin de “que inicie una acción”, o ante la Contraloría General del Estado, “para que establezca algún tipo de responsabilidad administrativa o ejecutiva”, apuntó.

En la estatal de telecomunicaciones, precisó Núñez, el nuevo gerente general, Elio Montes, llevará adelante las auditorías pertinentes para “detectar si hubo abusos e irregularidades” y para “hacerlas conocer a la población”.

Los empleados de Entel acusaron a el exgerente general de la empresa y exministro de Obras Públicas de presuntos desvíos de dinero de la empresa pública y de cometer “abuso y manejo prepotente”, por lo cual pidieron investigar su gestión.

“El que administró recursos del pueblo tiene que estar disponible en cualquier momento para informar; cosa que no ocurrió en el gobierno” del MAS. “Ahora, con el cambio, vamos a hacer las auditorias que correspondan”, reiteró Núñez, ministro recién posesionado por la presidenta Jeanine Áñez.

Otras. En el caso de BoA, las denuncias tienen que ver con “atropellos de los jefes masistas” y con “contrabando aéreo de repuestos y motores” por parte de “funcionarios”, por lo que exigieron la renuncia de al menos 20 gerentes y jefes de departamento de la línea aérea nacional.

Al respecto, el ministro Núñez señaló: “Hay muchas denuncias contra BoA, sin embargo, queremos ser responsables con la población. En estos días vamos a hacer conocer todas las irregularidades y se hará llegar toda esa información al Ministerio Público o dónde corresponda”.

Trabajadores de YPFB, a su vez, sostiene que fueron obligados a inscribirse al MAS y a conseguir otros militantes para ese partido, y que se buscaba hacer renunciar al personal, que se negaba a aportar a la organización masista y a asistir a sus marchas, cambiándolos de destino.

En YPFB Refinación declararon enemigos de la empresa y de los trabajadores al expresidente de la estatal y a sus gerentes y directores, exigiendo sus renuncias inmediatas, por haber cometido presuntos “hechos de corrupción y abuso laboral, además de hostigamiento durante los días de paro cívico en defensa de la democracia”.

En YPFB Andina se refirieron a “abusos y malos tratos” de la gerencia general y de otros directivos que respondían a la presidencia de YPFB Corporación, además de malas decisiones técnicas y gastos indebidos para apoyar al anterior Gobierno.

Casos. En Quipus se refieren también a irregularidades bajo la gestión de la exautoridad del Ministerio de Desarrollo Productivo y de sus colaboradores.

El nuevo ministro de esa cartera de Estado, Wifredo Rojo, ya anticipó el 14 de noviembre evaluaciones y auditorías de las estatales dependientes de ese ministerio.

En Mi Teleférico exigieron también una auditoría de todas las contrataciones e invitaciones directas realizadas por la empresa.

Los trabajadores de Delapaz, EPSAS, Sabsa y YPFB Refinación deploraron los “atropellos”, “cobros indebidos” y “hostigamiento” de gerentes, directores, jefes de unidad y dirigentes sindicales, por pensar diferente a los intereses políticos del MAS.

En varios de estos pronunciamientos se exige la renuncia de las autoridades designadas por el anterior Gobierno y la “despolitización” de las empresas.

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