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Historias de la Corrala Utopía

En Sevilla, las familias buscan salidas solidarias.

La Razón / Wendy Inarra (*)

01:12 / 16 de junio de 2013

Desprotegidos, sin trabajo, sin comida. Los “desahuciados hipotecados” son una nueva categoría  de ciudadanos en España que se mimetiza y hasta escapa del último registro del gobierno de Mariano Rajoy, pese a las 6.202.700 personas sin empleo que reconoce: la más brutal de la historia contemporánea del país que hace poco atraía a los latinoamericanos ansiosos de encontrar mejores condiciones de vida.

Sin trabajo y sin casa, decenas de miles de españoles y personas de otras nacionalidades se mantienen en el anonimato y en el umbral de la pobreza extrema.

Algunos optaron por el suicidio, tal el agobio provocado por circunstancias que les han empujado al incumplimiento del pago de sus viviendas Pero es sabido que en medio de las grandes catástrofes surgen valientes que no quieren el anonimato y que salen al paso hasta orgullosos de hacer frente a monstruos de tantas cabezas como las que tiene hoy la debacle: la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la banca privada.

En la Corrala Utopía se organizan 36 familias con 40 niños, dos recién nacidos entre ellos. Todas quedaron sin casa y sin trabajo; 12 mujeres decidieron ocupar un edificio con el derecho que les asiste a tener un techo, a no ser unos parias.

Por corrala se conocía, en la antigua Andalucía, al vecindario en el que los habitantes llevaban una vida en común y compartían todo. La actual Corrala Utopía es un edificio de tres bloques, casi en pleno centro de Sevilla, en la zona de la Macarena: el inmueble propiedad del banco Ibercaja estaba deshabitado y sus amplios departamentos se ofrecían en venta.

Una de las vecinas, Manuela Cortez, española (65 años), luego de perder su trabajo hace tres años se vio sin posibilidades de cumplir con la hipoteca mensual de 380 euros que hasta ese entonces cancelaba “sagradamente” al banco Bankinter. “No pagué más porque no tenía ni para comer y el banco puso mi casa en subasta; como nadie quiso comprarla —por mucho menos de lo que yo la estaba pagando—, éste la pasó a manos de una inmobiliaria”.

Al firmar el contrato de compra de su departamento de 60 metros cuadrados,  “la letra chica no la leímos”. El banco “nos lo pinta todo bonito, que si tiene esto que si tiene aquello, que si tiene sol, y con la prisa una no sabe lo que firma. En total debía pagar 85.000 euros. Pero con los intereses de los intereses y de éstos sobre aquéllos, debía pagar alrededor de 118.000 euros”.

Lo que sigue es la cruda notificación del banco a través de una carta de desalojo. Cortez dice que no “hubiera aguantado que me saquen de mi propia casa, como a un perro, así que antes de ello entregué las llaves, hundida, decepcionada, agobiada y avergonzada”. Meses después “me fui al centro de información de viviendas del 15 M-Sevilla y un buen día decidimos, con otras familias, habitar este edificio, que es nuestro hogar”.

Las lágrimas la ahogan cuando piensa en que en cualquier momento la Policía podría expulsarle por el delito de ocupar un edificio ajeno. ¿Qué hará si eso pasa? Al mes recibe 480 euros que el Estado le paga por su viudez. Y con ese monto se las arregla para comprar la comida destinada a ella, sus tres hijos y una nieta.

Toñi Rodríguez, española (44 años) vive en el segundo piso del edificio. Enfadada e indignada, con el típico movimiento de manos que caracteriza a las mujeres andaluzas, tal como si estuviese bailando un flamenquito, no llora. Se dice orgullosa de que las familias como la suya ocuparan la tapa de algunos medios internacionales. En España, en cambio, “no todos los medios nos dieron cobertura; un día vino una periodista y llorando como una niña pequeña nos dijo que todo lo que le contamos no lo podría publicar, pues el medio tenía una importante publicidad con uno de los bancos que estas familias mencionaron”.  

Sobre su caso, explica que su madre “casi no sabe leer, así que ni siquiera sabía lo que estaba firmando cuando el Banco Popular le puso el contrato en frente”.

Cuando llegó la carta por incumplimiento, nos enteramos de que por mes debía pagar 1.200 euros, algo imposible pues todos, absolutamente todos, nos quedamos sin trabajo”.

Su familia, compuesta por madre, un hijo de 12 años y dos abuelos, vive con 600 euros al mes que el Estado da por la enfermedad terminal del abuelo. Ana, la abuela, recuerda que “al ser desahuciados, entregamos las llaves al banco y durante una semana vivimos en las plazas y en portales de los edificios para no tener frío. Mientras tanto, supe que al piso, que fue nuestro un día, no dejaban de llover notificaciones. Nunca averiguamos cuánto debemos en total; seguro que es mucho más de lo que imaginamos porque el banco te asfixia, te mata, te chupa la sangre y los intereses no tienen límite. ¿Cómo vamos a pagar si no tenemos ni para comer; estamos retrocediendo, estamos sin techo; si hemos vivido en España por encima de nuestras posibilidades es por los bancos”.

Aguasanta Quero no tiene deuda con banco alguno, simplemente no podía pagar más el alquiler. “Trabajaba de camarera, ganaba 900 euros, pero perdí el empleo.

Mis tres hijos y yo nos vimos en la calle, así que sin pensarlo dos veces nos vinimos. No tenemos electricidad, nos la cortaron al igual que el agua. Cada fin de semana ponemos a un euro para echar gasolina al generador”. Ella está dispuesta a resistir. “Ni los policías ni nadie nos va a sacar y todo se va a solucionar. Es más, yo no tengo mis cosas en cajas de cartón como las otras familias; éste es mi hogar y de aquí nadie me saca”.

A.T. (35 años), de nacionalidad ecuatoriana, pide no ser identificada por temor a que su familia se entere de que está viviendo clandestinamente. Ella cuenta que llegó a España en 2002, “no me interesaba tener papeles ni nada, vine por un año; pero quedé embarazada”. Trabajando “en negro, cuando mi niño tenía siete años empecé a preocuparme por la legalidad. Mi pareja, A. N. ecuatoriano (43 años), tiene una hipoteca”. Ninguno cuenta con ingresos ahora; comen gracias al beneficio social y piden víveres a las iglesias, ONG y cuanto puedan conseguir.

En 2005, A. N. se prestó dinero para comprar un piso, por el que debía pagar 245 euros al mes. Él ganaba como guardia cerca de 2.000 euros y ella también aportaba. “Todo era viva la vida, con buen trabajo, giros mensuales de mucho dinero a nuestras familias, comíamos y vestíamos muy bien. Hasta que en 2010 mi esposo quedó sin trabajo. Y lo que no pudimos leer en la letra chica del contrato con el Deustche Bank es que anualmente nuestro piso subía de precio según subía el IRPF”. Éste es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que incluye todos los ingresos declarables, por trabajo y patrimonio de cada individuo y que le sirve al Estado para hacer retenciones anuales.

A. T., entre sollozos, explica que “de los 245 euros iniciales, nos cobraban ya 456 y llegamos a pagar hasta 600. Un día decidimos entregar las llaves, porque no entendíamos que nos cobraran tanto. Hablamos durante horas con los del banco y nos lavaron el cerebro; me dijeron que mi hijo no podía quedar en la calle y así acordamos pagar el monto que pudiésemos por mes, y así lo hicimos. Sin embargo, al cabo de 90 días nos llegó una notificación advirtiéndonos que el piso estaba en los juzgados”. Vanos fueron los reclamos de meses las cartas nunca dejaron de llegar. En tales circunstancias, ella quedó sin trabajo y entonces se enteraron de que unas vecinas organizadas ocuparon un edificio, y desde entonces esta familia se unió a la corrala.

Hoy, A. N. sólo espera que el trámite de su doble nacionalidad salga para poder irse, con el pasaporte español, a Inglaterra, pues “allá sí hay oportunidades, queremos cerrar los ojos; la deuda de 150.000 euros con el banco no pensamos pagarla y de seguro que ya es más por los intereses”. Volver a Ecuador no es una opción, “pues allí el Presidente está regalando tierras; pero no queremos volver con nada y que la familia se nos ría. Tenemos esperanza de que toda esta crisis pasará”.

Un mes decisivo

Con manifestaciones bajo el lema de "Salvemos la Utopía: alquiler social ya", las familias caminan por las calles de Sevilla y en actos coordinados con los Indignados del 15M, agrupación ciudadana que cumple dos años en toda España.

La Corrala Utopía se ha convertido en un símbolo de resistencia, ejemplar en todo el territorio, porque luego de varios intentos de desalojo, con la Policía incluso, la gente sigue en el edificio. Junio se torna complicado y decisivo, pues el banco Ibercaja, que adquirió el edificio con las familias dentro, las quiere cuanto antes en la calle.

Luego de que la Corrala Utopía naciera, en toda España se ha copiado la manera de habitar los inmuebles propiedad de los bancos. La corrala, que surge como“símbolo contra la especulación, la corrupción inmobiliaria, se convirtió en un lugar lleno de vida y lucha por el derecho a la vivienda; ésta puede ser la última y más importante batalla”, cuelgan en su blog las 37 familias. “¡Porque la Utopía es posible! ¡No nos rendimos!”, se lee también.

(*) La autora es estudiante boliviana de Doctorado en Procesos, Teoría y Práctica de la Comunicación en la Universidad de Sevilla, España.

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