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Chile y el mar, por primera vez ante el juez

El proceso contra Chile fue instaurado el 24 de abril de 2013. La demanda pasó una primera fase, el acuerdo de las partes sobre la presentación de memorias, los argumentos, hasta 2015.

La Haya. El canciller David Choquehuanca, el agente Eduardo Rodríguez, el embajador Sacha Llorenti, la ministra Nardi Suxo y el procurador Hugo Montero, entre otros, presentaron la demanda en la CIJ.

La Haya. El canciller David Choquehuanca, el agente Eduardo Rodríguez, el embajador Sacha Llorenti, la ministra Nardi Suxo y el procurador Hugo Montero, entre otros, presentaron la demanda en la CIJ. ABI.

La Razón / Rubén Atahuichi / La Paz

00:03 / 06 de agosto de 2013

No había ocurrido antes, desde la invasión a Antofagasta en 1879, el origen del conflicto bilateral, que Bolivia sentara en el banquillo a Chile en un tribunal. Como van los trámites, esto es posible, considerando que el Gobierno de Santiago no ha expresado interés oficial de desconocer la jurisidicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que desde el 24 de abril tiene entre sus jueces la demanda boliviana para  el acceso soberano al mar.

“(El proceso) está en pleno curso porque la demanda ha sido admitida formalmente”, dice el agente boliviano para el caso, Eduardo Rodríguez Veltzé, en una entrevista publicada el 28 de julio en el suplemento Animal Político de La Razón.

La certeza del funcionario, también embajador de Bolivia en los Países Bajos y expresidente de la República (2005-2006), tiene su argumento en la primera reunión que sostuvo con su par chileno, Felipe Bulnes, y el titular de la CIJ, Peter Tomka, en La Haya, cuando el 12 de junio acordaron los plazos para la presentación de las memorias. Bolivia debe hacerlo hasta el 17 de abril de 2014 y Chile, hasta el 2 de febrero de 2015, poco menos de un año después.

Luego de la presentación de la demanda, será el segundo paso que deberá cumplirse en el proceso. En criterio de Rodríguez Veltzé, en esa fase se consignarán documentos históricos, diplomáticos y jurídicos con relación al requerimiento de Bolivia de parte del tribunal internacional.

Según el pliego presentado el 24 de abril, La Paz considera que la CIJ debe emitir su fallo sobre tres aspectos: a) Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia con el fin de alcanzar un acuerdo que otorgue a Bolivia una salida plenamente soberana al océano Pacífico, b) Chile ha incumplido dicha obligación y c) Chile debe cumplir dicha obligación de buena fe, pronta y formalmente, en un plazo razonable y de manera efectiva, a fin de otorgar a Bolivia una salida plenamente soberana al océano Pacífico.

¿Cuál es la esencia del proceso? “Es la búsqueda de justicia, de una solución conveniente y equitativa, que restituya a Bolivia una salida soberana y que ésta sea de manera convenida y de buena fe con Chile”, responde Rodríguez Veltzé.

Bolivia, a través del gobierno de Evo Morales, tomó la decisión de acudir a la CIJ luego de sopesar posibilidades entre seguir sometida a la dilación histórica sobre el diferendo por parte de Chile y la resolución de éste por otra vía más pragmática, aunque compleja: el juicio.

El 23 de marzo de 2011, durante los actos del Día del Mar en La Paz, Morales sorprendió al país y al mundo, y generó desazón en Chile, al anunciar un juicio internacional por la recuperación del acceso soberano al mar. “La lucha por la reivindicación marítima que ha marcado la historia, ahora debe incluir otro elemento fundamental: el de acudir a los tribunales y organismos internacionales demandando el derecho de una salida libre y soberana al Pacífico”, dijo en esa ocasión. Poco más de dos años después, el 24 de abril de 2013, la demanda contra Chile era un hecho; fue instalada en La Haya.

Mientras Morales dijo que la admisión de la demanda fue histórica y para el regocijo nacional, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se comprometió ante sus connacionales a defender la soberanía de su país. “Utilizando todos los instrumentos de los tratados y del derecho internacional, este presidente va a defender con toda la fuerza del mundo cada metro cuadrado de nuestro territorio y de nuestro mar”, desafió luego tras acto en La Haya.

En julio de 2006, Morales y su colega chilena de entonces, Michelle Bachelet, habían establecido una nueva era en las relaciones bilaterales con la institución de la llamada “agenda de 13 puntos”. Por primera vez, el acuerdo incluía la discusión del “tema marítimo”. Según recuerda el pliego judicial, el Mecanismo Bilateral Bolivia-Chile de Consultas Políticas, reunido entre el 12 y 14 de julio de 2010, definió buscar “soluciones concretas, factibles y útiles” con relación al punto en cuestión. “Para este propósito, se programó una reunión para noviembre de 2010. Sin embargo, alcanzada esa fecha, Chile suspendió unilateralmente la reunión. Las negociaciones nunca se reanudaron”.

Tres meses después, el 7 de febrero de 2011, el canciller de Chile, Alfredo Moreno, se reunió con su par de Bolivia, David Choquehuanca, en La Paz. Si bien fue histórica, la cita no pasó de ser formal. “Estoy muy contento de estar aquí. Vamos a trabajar mucho, con mucho esfuerzo, de manera de poder ir avanzando en los temas que tenemos con Bolivia”, dijo aquella vez el jefe de la diplomacia chilena.

Para entonces, el gobierno de Morales esperaba impaciente una eventual propuesta de parte de Chile. “Qué bueno sería que haya una propuesta concreta hasta el 23 de marzo”, dijo el Mandatario en una rueda de prensa el 17 de febrero.

Unas semanas después, la respuesta desde Santiago fue contraria y obvia. “No es un problema de propuestas de Chile”, replicó el canciller Moreno, quien consideró que “ambos países tienen la misma responsabilidad, las mismas obligaciones y el mismo interés en avanzar”.

A partir de entonces, las declaraciones altisonantes entre autoridades de ambos países fue moneda común. El 31 de mayo de 2011, en una desaprensiva declaración respecto del cruce verbal con La Paz, el ministro chileno de Defensa, Andrés Allamand, sacudió las sensibilidades en el país y el vecino. “(Chile) es un país que tiene en su posición todo el amparo del derecho internacional y, por último, tiene Fuerzas Armadas prestigiadas, profesionales y preparadas, que están en condiciones de hacer respetar los tratados internacionales y de cautelar adecuadamente la soberanía y la integridad territorial”.

Ni Chile ni Bolivia se callaron siquiera para guardar la compostura diplomática, siempre fue así. Si en enero de 2004, durante la Cumbre de las Américas de Monterrey, el impasse de los presidentes Carlos Mesa y Ricardo Lagos terminó con la conminatoria de “diálogo aquí y ahora” por parte del chileno, el 22 de enero de 2011 Morales y Piñera defendieron su postura sobre la historia. “Atacama antes era Bolivia, esperamos recuperarla pronto”, desafió el Presidente de Bolivia en un mensaje a la nación por el primer año de su segundo mandato. Al día siguiente, su colega chileno hizo el contrapunto: “Atacama es y seguirá siendo chilena”.

El último fuego cruzado presidencial se produjo el 28 de enero, durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en Santiago. Morales encaró en casa propia a Piñera, que, bastante enojado, respondió que “los temas de soberanía no se negocian, excepto (NdR: esta palabra fue negada en Chile) por asuntos económicos”.

Suspendidas las relaciones diplomáticas entre ambos países en 1978 y con el proceso en La Haya en curso, no hay posibilidad de diálogo con el gobierno de Piñera. Ya lo dijo Morales, según informó el 31 de enero la ministra de Comunicación, Amanda Dávila. “Con el gobierno (de Piñera) no es posible dialogar, no hay posibilidad de dialogar; eso es lo que él cree (Morales)”, afirmó la vocera gubernamental.

Chile elegirá en noviembre al sucesor de Piñera. Bachelet cobra fuerza. Rodríguez Veltzé prefiere fiarse de la CIJ. “La Corte nos habrá dado la razón y Bolivia y Chile habrán encontrado un derrotero de concordia y armonía”, dice.

Un juicio por la restitución de la justicia

Aunque horas después de la presentación de la demanda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya Chile consideró que el pliego judicial “no tiene fundamento”, Bolivia cree que el juicio pretende restituir un acto de justicia ante el propósito del país de volver al mar. 

“Que se atienda intereses mutuos y, sobre todo, se repare una situación que no la provocamos quienes somos parte de esta generación; nosotros no fuimos parte de la guerra ni quienes viven hoy en Chile. Somos tres generaciones posteriores a aquella que tuvo que enfrentarse por las armas”, dice el agente boliviano para la causa, Eduardo Rodríguez Veltzé.

El 24 de abril, el ministro del Interior de Chile, Andrés Chadwik, dijo que la demanda “no tiene argumento jurídico” y que su país se expresaba tranquilo ante la acción. Además, en Santiago se dijo que el juicio implicaba una provocación. En respuesta, el titular de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), Juan Lanchipa, responde que, con la causa, Bolivia demuestra “su vocación pacifista”.

Una historia que no se resuelve hace 134 años

Cuando nació el 6 de agosto de 1825, Bolivia tenía 400 kilómetros de costa en el océano Pacífico. Más tarde, en 1879, perdió esa cualidad en los 120.000 kilómetros cuadrados de territorio arrebatados por Chile durante la llamada Guerra del Pacífico librada entre ambos países.

Desde esa vez, los ímpetus de Bolivia siempre fueron los de recuperar ese territorio, aunque los intentos fueron vanos debido a los intereses políticos y económicos de entonces. En 1904, Chile y Bolivia firmaron el conocido Tratado de Paz y Amistad, que definió los nuevos hitos derivados del conflicto bélico. Si bien el acuerdo bilateral no fue consignado en la demanda presentada por La Paz contra Santiago en el Tribunal de Justicia de La Haya, las acciones diplomáticas y políticas posteriores son las que sustentan el proceso.

Bolivia recurre ante el juez 134 años después de los cruentos hechos. Hubo una serie de propuestas de solución al diferendo, entre ellas un canje territorial, que, sin embargo, nunca se consumó.

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