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Educación avanza hacia la práctica de la Avelino Siñani

Entre los logros que ha alcanzado el Ministerio de Educación están el bono Juancito Pinto, el Programa de Alfabetización ‘Yo sí puedo’ y su prolongación ‘Yo sí puedo seguir’, la Olimpiada Científica Estudiantil y la dotación de computadoras a los maestros

La Razón / Mariana Pérez

02:41 / 06 de agosto de 2012

Idiomas, bachillerato técnico y currículo de base y regionalizado, son, quizás, las tres premisas más importantes que sustentan la Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, promulgada en diciembre de 2010.

La aprobación de esta norma prometió uno de los avances más significativos respecto al modelo educativo de enseñanza en el país, puesto que, en teoría, reemplazó  al anterior sistema instaurado por la Ley de Reforma Educativa de 1994. Sin embargo, el cumplimiento de la misma es gradual y a la fecha sólo se han puesto en práctica algunos elementos que la componen, como  el cambio en la nomenclatura de los cursos y la enseñanza de un idioma nativo.

En el marco de estas variaciones estructurales que se visualizaron desde 2006, cuando Evo Morales asumió como primer mandatario del país,  los titulares del área como Félix Patzi, Víctor Cáceres, Magdalena Cajías y el actual ministro Roberto Aguilar, se orientaron en aplicar estrategias de Gobierno para consolidar un sistema íntegro acorde al contexto boliviano.

Entre los logros figuran la creación del bono Juancito Pinto en 2006, que consiste en la entrega de 200 bolivianos a niños de primero a octavo de primaria; el Programa de Alfabetización “Yo sí puedo” —que permitió que Bolivia sea declarada libre de analfabetismo— y su prolongación “Yo sí puedo seguir”; la Olimpiada Científica Estudiantil que este año cumplió su segunda versión; la creación de tres universidades indígenas en Cochabamba, Chuquisaca y La Paz, y el programa que facilita la entrega de computadoras portátiles a docentes de las áreas urbana y rural, entre las iniciativas destacadas.

Este último proyecto fue uno de los más exitosos de la gestión y alcanzó amplia divulgación (ver infografía) en el territorio nacional, pese a que algunos municipios todavía no recibieron los equipos.

Según el coordinador de la Unidad Técnica de Comunicación e Información del Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativa, Israel Lahor, tanta inversión en dotación técnica resulta indiferente si el docente no la transforma en una herramienta útil y educativa. Sólo con el pleno dominio de los instrumentos, el educador podrá aprovechar al máximo las ventajas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

En este sentido, el jefe de la Unidad de Políticas Intraculturales, Interculturales y Plurilingüismo del Ministerio de Educación, Wálter Gutiérrez, considera que el propósito central de esta dotación es reducir la brecha digital existente en el país, y que los avances son por demás importantes.

Entre 2006 y 2011, la cartera ministerial también sostuvo una pugna ideológica y conflictiva permanente con el magisterio urbano paceño, de tendencia trotskista. De tal forma que el consenso y la coordinación con este sector también es un de-safío, y obstáculo político a la vez, que    enfrenta el Ministerio de Educación.

Pese a que los avances denotan interés real en un nuevo proceso educativo, también se observa que la aprobación de la Ley Siñani-Pérez se ha inclinado más en la “escolarización”, descuidando otros campos igual de importantes, según Lahor.

SATÉLITE. En este marco, el 25 de julio de este año se lanzó la convocatoria para 70 jóvenes profesionales de las áreas de ciencia, tecnología e ingeniería. Este grupo será capacitado en el manejo del futuro satélite boliviano Túpac Katari, durante seis a 12 meses en la República Popular China. La inversión para la puesta en órbita de este artefacto tecnológico llega a 300 millones de dólares y todo el proceso de adquisición y funcionamiento es competencia del Ministerio de Obras Públicas.

Se espera que la vigencia de esta tecnología otorgue beneficios sobre todo al ámbito educativo, dado que garantizará la conexión gratuita a la red internet en al menos 17.500 establecimientos educativos existentes en el territorio nacional.

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