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La autora refiere los hechos que generan controversia

16 de Julio de 1809, temas para el debate

Cabildo. La movilización demandó una serie de medidas políticas y administrativas que implicaban en última instancia la asunción de la soberanía.

Cabildo. La movilización demandó una serie de medidas políticas y administrativas que implicaban en última instancia la asunción de la soberanía. Ilustraciones: archivo La Razón-Abel Bellido

La Razón (Edición Impresa) / María Luisa Soux - Doctora en Historia

00:00 / 16 de julio de 2014

En medio del vacío de poder generado por la invasión napoleónica a España, la huida a Bayona de la familia real, la abdicación de Fernando VII y el nombramiento de José I como rey, se sucedieron en Hispanoamérica una serie de acontecimientos que han sido considerados como el inicio de un largo proceso que llevó a la población americana a conformar repúblicas independientes. Uno de estos acontecimientos fue el levantamiento popular del 16 de julio de 1809 y la posterior conformación de la llamada Junta Tuitiva de los Derechos del Rey y del Pueblo en la ciudad de La Paz. Si bien la experiencia no duró mucho y fue rápidamente reprimida por el ejército enviado desde el Virreinato del Perú, se constituyó en un ejemplo a seguir para otras ciudades americanas.

Hoy, al cumplirse un año más de conmemoración de estos hechos, es importante referirse a los debates generados en la historiografía boliviana sobre algunos puntos relacionados a estos hechos.

Resumen. El 16 de julio, aprovechando la fiesta de la Virgen del Carmen, un grupo de vecinos de la ciudad, organizados previamente y en contacto con otras regiones de Charcas, tomaron el cuartel, exigiendo la convocatoria a una sesión de cabildo. Durante el mismo, y en representación del pueblo, se exigió una serie de medidas políticas y administrativas que implicaban en última instancia la asunción de la soberanía mientras durara la ausencia del rey preso.

Como resultado de estos hechos, se constituyó una Junta, siguiendo el ejemplo de las ciudades de la metrópoli, que adquirió la calidad de tuitiva o de tuición de “los Derechos del Rey y del Pueblo”. Esta junta, en la que se hallaban representados los diversos grupos de la sociedad paceña, entre criollos de renombre, hombres del común e inclusive los caciques de los pueblos rurales de los alrededores de la ciudad, desarrolló un “Plan de Gobierno” en el que establecieron las bases de un gobierno basado en la soberanía popular. La Junta estuvo presidida por Pedro Domingo Murillo.

Al conocer los hechos de La Paz, el Virrey del Perú envió un ejército con el objetivo de controlar la región, en una clara muestra de intromisión en el virreinato vecino. Frente al avance de este ejército, los miembros de la Junta y del Cabildo se dividieron entre moderados que pretendían negociar con el ejército y los radicales, que querían enfrentarlo. Aprovechando la división, el ejército del virreinato peruano, dirigido por Manuel de Goyeneche, logró capturar a los principales cabecillas de la insurgencia. Luego de un juicio rápido y sumario, fueron condenados a diversas penas más de 50 participantes, de los cuales diez fueron sentenciados a morir en la horca. La pena se cumplió el 29 de enero de 1810.

Una vez resumidos estos hechos, pasemos a conocer algunos de los temas relacionados con los mismos que han suscitado el debate entre historiadores y no historiadores hasta la actualidad.

Primacía. La historia de este debate se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando se constituyó en uno de los argumentos esgrimidos por los intelectuales paceños para explicar la primacía de La Paz en una etapa en la cual Sucre y La Paz se hallaban enfrascados en su lucha por la capitalidad. El discurso paceño esgrimía la primacía de la revolución de 1809 como uno de los argumentos a favor de su posición. Incidía en el argumento de que el movimiento del 25 de mayo de 1809 había sido a favor del rey Fernando VII, mientras que había sido en La Paz donde se había mostrado por primera vez el ideal de independencia.

Este debate historiográfico fue asumido nuevamente a fines del siglo XX luego de la publicación del libro La mesa coja, de Javier Mendoza, quien demostró el uso y abuso que se había dado a las diversas versiones de la Proclama de la Junta Tuitiva durante el siglo XIX para probar la primacía del movimiento de La Paz, lo que para Mendoza se constituía en la demostración una falsedad histórica. El tema fue debatido en el libro 1809 de José Luis Roca, quien más allá de demostrar la existencia de varias versiones de la Proclama, planteó la necesidad de superar el debate sobre el “primer grito libertario” para dar lugar al análisis de la existencia de un solo movimiento revolucionario que articulaba todo el territorio de Charcas.

En los actos académicos de 2009 se fue reforzando esta última visión y el debate historiográfico sobre la primacía entre Sucre y La Paz fue superado, aunque no ocurrió lo mismo en los discursos cívicos.

En este punto, los últimos estudios llevados a cabo por Rossana Barragán muestran que en 1809 se enfrentaron en realidad dos posiciones diferentes: por un lado, un proyecto de carácter autonomista que articuló Chuquisaca, La Paz y Santa Cruz y, por el otro lado, una postura contraria, cercana al virreinato peruano, liderada por Potosí. De esta manera, la intromisión de las tropas de Goyeneche sería parte de una alianza concertada entre el virrey Abascal y la facción dirigida por el intendente de Potosí, Francisco de Paula Sanz.

Objetivo. La historia patria surgida en el siglo XIX no vaciló en establecer que lo que se había producido el 16 de julio de 1809 había sido una revolución que propugnaba la independencia frente a la corona española, postura que ha sido repetida por la memoria cívica y la historia escolar hasta hoy.

Fue a partir de la década de 1990 que, junto a una historiografía revisionista que se dio en todo Hispanoamérica, se empezó a debatir los términos que se habían utilizado anteriormente, determinándose que los movimientos de 1809 y 1810, entre los cuales se hallaba el del 16 de julio de 1809, eran más bien movimientos urbanos que tenían como objetivo establecer juntas semejantes a las que se habían creado en la península luego de la abdicación de Bayona; es decir que, frente al vacío de poder generado por el desconocimiento de José Bonaparte, se habían creado juntas que gobernaban en nombre del Rey Fernando VII. Esta posición historiográfica se traduciría en la propuesta de que no fueron revoluciones por la independencia, sino movimientos a favor del Rey, en algunos casos de carácter autonomista, y que el objetivo de independencia surgiría recién en los años posteriores.

Relacionada con la anterior postura se propone hoy que el 16 de julio de 1809, al igual que los otros movimientos en el ámbito continental, si bien no fueron revoluciones a favor de la independencia, sí fueron profundamente revolucionarios, en el sentido de dar un giro en torno al origen del poder y a la cultura política; desde este punto de vista, durante el movimiento del 16 de julio de 1809 sí se produjo una revolución de carácter político, con el reconocimiento del principio de la soberanía popular.

Protagonistas. Este tema no fue motivo de debate durante gran parte de nuestra historia republicana, cuando se daba por hecho que el proyecto político de independencia que había surgido de la visión de los jóvenes formados en la Universidad de San Francisco Xavier era el único posible, más aún en una sociedad que había invisibilizado a la población indígena. De esta manera, no se ponía en duda que los héroes del 16 de julio eran vecinos y miembros del grupo criollo, pero que en su conjunto eran representantes de esa aparente búsqueda general de independencia.

Con la Revolución Nacional, se buscó incluir a los otros grupos sociales como actores en el movimiento del 16 de julio y se trató de mostrar actores populares y mestizos, aunque el proyecto en sí mismo seguía siendo criollo. Por otro lado, en la década de 1970 se escribió la tesis de Roberto Choque que mostraba cómo algunos de los héroes del movimiento, como Pedro Domingo Murillo y Ramón de Loayza habían defendido la corona frente al cerco de La Paz de Túpac Katari.

El surgimiento de la corriente indianista abrió el debate sobre si el proyecto político del 16 de julio y de todo el proceso de independencia era o no compartido por los indígenas. De este debate surgieron dos posiciones: por un lado, se rescató el hecho de que en la Junta Tuitiva hubieran participado algunos caciques; por el otro lado, algunas vertientes indianistas empezaron a criticar la figura de Pedro Domingo Murillo por su participación como parte de la milicia de la ciudad contra el cerco de 1781.

La mitificación de la historia, llevada a cabo por parte de la corriente indianista, ha llevado a posiciones radicales como el pedir el cambio de nombre de la plaza principal de La Paz y la sustitución del monumento a Murillo; sin embargo, desde la perspectiva académica queda claro que es fundamental ubicar el análisis del comportamiento de los personajes históricos en el contexto y que no corresponde hacer una lectura política de hechos tan complejos.

Con relación al tema de la participación indígena en el movimiento juntista del 16 de julio y en la guerra de la Independencia en general, a pesar de los numerosos trabajos históricos que han mostrado no solo la participación indígena sino también la existencia de proyectos propios, la posición oficial sigue repitiendo la idea de que el proceso que se inició en 1809 fue únicamente un proyecto criollo que olvidó a las grandes mayorías indígenas.

De una u otra manera, la conmemoración del 16 de julio se convierte cada año en una oportunidad para repensar y debatir esta etapa de nuestra historia, que como todo hecho fundacional ha suscitado diversas posiciones y lecturas a lo largo de más de 200 años. Y eso es importante, porque es a través del debate y el diálogo que podemos conocer cada vez más sobre el pasado que nos une.

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