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La demanda fue una construcción de Estado

De tres etapas, Bolivia ganó la primera: que la Corte se declare competente

Corte. Tres jueces miembros del más alto tribunal que tiene el sistema de las Naciones Unidas.

Corte. Tres jueces miembros del más alto tribunal que tiene el sistema de las Naciones Unidas. EFE.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos / La Paz

14:42 / 24 de marzo de 2016

Hoy, 23 de marzo, se cumplen cinco años desde que el presidente Evo Morales anunciara que el Estado boliviano recurriría a tribunales internacionales para demandar de Chile una solución al enclaustramiento marítimo del país desde la Guerra del Pacífico de 1879.

Poco más de dos años después, el 24 de abril de 2013, el Gobierno presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) radicada en La Haya, Holanda, la demanda marítima contra Chile. En dicho documento se afirma que en reiteradas ocasiones a lo largo de la historia, Chile se ha comprometido a negociar una salida soberana al mar para Bolivia, a través de acuerdos, la práctica diplomática, y una serie de declaraciones de sus representantes de más alto nivel.

En el petitorio de la demanda, parte central del documento, Bolivia pide que la Corte Internacional de Justicia “juzgue” y “declare” que “a) Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia con el fin de alcanzar un acuerdo que otorgue al país una salida plenamente soberana al océano Pacífico; b) Chile ha incumplido dicha obligación; y, c) Chile debe cumplir dicha obligación de buena fe, pronta y formalmente, en un plazo razonable y de manera efectiva, a fin de otorgar a Bolivia una salida plenamente soberana al océano Pacífico”.

Admitida la demanda por la CIJ, este máximo tribunal de Naciones Unidas el 18 de junio de 2013 dispuso los plazos para la presentación de la Memoria boliviana y la Contramemoria chilena; mientras que a Bolivia le dio hasta el 17 de abril de 2014, a Chile le otorgó hasta el 18 de febrero de 2015. El documento boliviano fue presentado en La Haya el 15 de abril.

Tres meses después de que Bolivia presentara su Memoria, el 15 de julio de 2014, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet presentó el recurso preliminar de impugnación de la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para tratar la demanda marítima boliviana.

Con la acción chilena, se interrumpió el proceso de fondo entre ambos países y se abrió uno nuevo, esta vez para determinar si la Corte era o no competente para conocer la demanda boliviana. Así, el 7 de noviembre de 2014, Bolivia presentó la respuesta a la impugnación chilena; con esto, la Corte fijó los alegatos orales de ambos países para cinco meses después, mayo de 2015. Entre el 4 y 8 de mayo, finalmente se llevaron a cabo los alegatos orales en el Palacio de la Paz, sede de la CIJ en la ciudad holandesa de La Haya.

Pasaron apenas cuatro meses desde la exposición de los alegatos orales, cuando la CIJ convocó a Bolivia y Chile a presenciar, el 24 de septiembre de 2015, la lectura del fallo de este tribunal sobre la impugnación chilena. Ese jueves, la CIJ, por 14 votos contra 2 rechazó la objeción chilena y se declaró competente para conocer y resolver sobre la demanda que había presentado Bolivia.

FONDO. Con esta histórica decisión, la Corte internacional nuevamente abrió el “proceso de fondo” y determinó otorgar a Chile hasta el 25 de julio de 2016 para que presente su Contramemoria. A la fecha, se está a la espera de dicho documento.

La declaración de competencia motivó cambios en el equipo jurídico del vecino país. El exsecretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza asumió el cargo de agente en lugar de Felipe Bulnes, después de la decisión de la Cancillería chilena de fortalecer el equipo de asesores con una mirada, dijo, política. Tras el ajuste, el mensaje del canciller chileno, Heraldo Muñoz, fue de negar la posibilidad de ceder territorio a Bolivia, precisamente, como resultado de un eventual fallo de la Corte.

Dividiendo el proceso de la demanda en tres grandes etapas, el Representante Oficial del Estado boliviano para la demanda marítima, Carlos Mesa, señaló que una vez ganado el primer paso (la declaratoria de la CIJ de ser competente para ver esta causa), ahora se recorre el segundo, de presentación de la Memoria, con la consiguiente respuesta chilena (su Contramemoria) y, si Bolivia decide responder al alegato chileno, deberá presentar su Réplica, a lo cual, Chile tiene la potestad de contraponer una Dúplica; con las que terminan los recursos escritos.

Una vez concluida la referida fase de presentación de los argumentos escritos, vendrá la atapa de los alegatos orales (tal como ocurrió en la fase preliminar del proceso). Superada esta etapa de exposición, se arribará a lo que el expresidente Mesa llama la tercera fase de la demanda: la sentencia final de la CIJ; de ser favorable a Bolivia, será el tiempo en que deban empezar las negociaciones entre Bolivia y Chile.

Proceso en curso

Diremar

La entidad oficial encargada de llevar adelante la demanda es la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima.

Textos

Mientras el alegato chileno era de 1.108 páginas, el boliviano era de 34.

La Corte en La Haya no recortó el alegato boliviano

Al conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el 24 de septiembre de 2015, lo primero que dijo el agente de entonces, Felipe Bulnes Serrano, fue que la demanda boliviana había sido “recortada” por los jueces del organismo internacional de justicia.

Esta “tesis chilena” surgió debido a que en las consideraciones de la sentencia, los jueces aclaran que la Corte no puede determinar el resultado final de una futura negociación entre ambos países; lo que la parte chilena no dijo es que dicho razonamiento de la Corte es el mismo que alegaron los abogados internacionales de Bolivia; que la CIJ evidentemente no puede prever resultado alguno de futuras negociaciones entre dos partes autónomas; pero la demanda en sí quedó intacta.

Al respecto, el Representante Oficial para la Causa Marítima, el expresidente Carlos Mesa, señaló: ¿la Corte ha limitado el pedido boliviano? “En absoluto, la demanda es una demanda integral que tiene dos partes, la primera es ‘diálogo’ y la segunda ‘para otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar’, pero ambas están intrínsecamente vinculadas, porque tienen que ver con la naturaleza exacta de la definición de la propia serie de compromisos que Chile hizo a lo largo de 70 años. (...) Cuando la Corte establece que no puede pronunciarse sobre un fallo predeterminado no se refiere al hecho de dividir ‘diálogo’ y ‘acceso soberano’. Es en ese sentido que la Corte no se va a pronunciar, pero no está diciendo que se recorte la demanda (...)”.

OBLIGACIÓN. A su vez, una de las abogadas de la parte boliviana,  Monique Chemillier-Gendreau afirmó que la demanda boliviana para que Chile cumpla con su obligación de negociar fue aceptada por los magistrados en su plenitud. “La Corte no puede negociar, no puede entrar en el fondo; debe decir solo si hay o no hay una obligación de negociar, lo que podrá decir en su fallo futuro es, quizás acerca no solo (de) la existencia de negociar o no, pero añadir algo acerca de la naturaleza de esa obligación y el contenido”, expresó la jurista francesa.

Por su parte, el abogado Antonio Remiro Brótons aseveró: “La sentencia no limita ni un ápice el petitorio de Bolivia y, por tanto, éste se mantiene íntegro e incólume de cara al debate del tema de fondo, no advierto ningún tipo de dudas sobre ese particular”.

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