El Financiero

Bolivia ‘repele’ nueva inversión privada minera

Índice. En una lista global, el país está entre los menos atractivos para los capitales.

Explotación minera

Explotación minera Foto: Wara Vargas - archivo

La Razón (Edición Impresa) / Walter Vásquez / La Paz

07:00 / 01 de agosto de 2018

Bolivia se encuentra entre las 10 “peores jurisdicciones del mundo” para las inversiones en exploración minera, según un índice internacional que toma en cuenta factores técnicos y políticos para la llegada de capitales a las regiones mineras.

La Encuesta de compañías mineras 2017, del instituto de investigación canadiense Fraser, evalúa cómo las dotaciones mineras y los factores de política pública afectan la inversión en el sector.

Entre 91 jurisdicciones del mundo analizadas, “las 10 menos atractivas para las inversiones” son Guatemala, Kenia, Mendoza, Chubut, Mozambique, Bolivia, Venezuela, Rumania, China y Nicaragua, según el Índice de Atracción de Inversiones mineras de Fraser, construido a través de la combinación del Índice de Mejores Prácticas del Potencial Minero, que valora a las regiones en función de su atractivo geológico, y el Índice de Percepción Política, que mide los efectos de la política gubernamental en las actitudes de los inversionistas en exploración.

“Es una tragedia. La inversión que está llegando desde que salió la Ley (535) de Minería y Metalurgia (de 2014) es solamente para mantener las operaciones en curso de los tres proyectos grandes que tenemos”, afirmó Dionisio Garzón, exministro del área.

Este medio envió un cuestionario al Ministerio de Minería y Metalurgia para conocer la posición de esa institución respecto al informe, pero no obtuvo respuestas hasta el cierre de esta edición.

Un reporte de esa cartera de Estado da cuenta de que durante el actual período de gobierno, la inversión minera privada alcanzó su máximo nivel en 2008 con $us 477,8 millones para luego hundirse hasta 40,9 millones en 2016.

Esta tendencia “se va a mantener, no vamos a poder mejorar. Nos hemos vuelto un país que repele la inversión extranjera y más bien alienta la inversión estatal, que es burocrática, lenta y pequeña”, consideró Garzón.

En los últimos cinco años de estudio de Fraser, Bolivia se mantuvo ubicada entre los 25 últimos puestos del ranking. En 2013 fue el onceavo menos interesante para los inversores entre 112 países, en 2014 el vigésimo cuarto entre 122, en 2015 el décimo sexto entre 109, en 2016 el vigésimo segundo entre 104 y el año pasado el sexto peor entre 91 países.

En 2017, el Estado Plurinacional se ubicó en el ranking como el cuarto peor de América Latina y el Caribe y el último de Sudamérica.

Para atraer más inversiones, consideró Garzón se deben cambiar dos disposiciones fundamentales de la Ley 535: la consideración del inversor privado como un operador sujeto a los designios del Estado, lo que no garantiza la seguridad jurídica de los proyectos; y la prohibición de que las empresas puedan anotar los derechos mineros que puedan tener en el país (tierras o reservas) en las bolsas de valores, lo que les limita el acceso a financiamiento.

Con las actuales condiciones para la inversión, “los únicos que vienen son especuladores” y “si no modificamos la ley esto va a seguir y empeorar. En vez de ser un país con proyectos mineros serios, vamos a ser un país de minería informal”, advirtió el exministro.

Espere…

Decisión de invertir en minas es 40% política

Además de las consideraciones económicas y geológicas, el clima político de una región es también un elemento clave que fomenta o desalienta la inversión en exploración minera, según el Survey of Mining Companies 2017 del instituto Fraser.

“Los encuestados (empresas de explotación y exploración) indican que el 40% de su decisión de inversión está determinada por factores de política”, cita el estudio.

El restante 60% del atractivo de una jurisdicción está en el  potencial mineral puro.

Entre los factores políticos están: la incertidumbre con respecto a la administración de las regulaciones actuales, las normas duplicadas, el régimen tributario y el sistema legal, la inseguridad relacionada con temas de áreas protegidas y reclamos de tierras en disputa, la infraestructura, las condiciones de desarrollo socioeconómico y comunitario, las barreras comerciales, la estabilidad política, las normas laborales, la seguridad y la disponibilidad de mano de obra y habilidades.

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