El Financiero

En Challapata, Aiquile y Padcaya se adaptan al cambio climático

Un estudio apoyado por el PIEB y Oxfam revela que estas comunidades carecen de recursos municipales y evidencia la falta de coordinación con el Gobierno central

La Razón / Svetlana Salvatierra

00:00 / 07 de octubre de 2012

¿Existe una relación directa entre el nivel de adaptación de ciertas comunidades al cambio climático con el nivel de apoyo que reciben de sus alcaldías? Una investigación del PIEB en Challapata, Aiquile y Padcaya demuestra que no y que reciben ayuda de otras instituciones.  

“No existe una relación directa entre el nivel de adaptación de las comunidades de los tres estudios de caso con el nivel de apoyo y respuesta que reciben de sus municipios para acciones de adaptación al cambio climático”, señala el documento y subraya que los valores más altos registrados en esta adpatación corresponden a la “influencia de las distintas instituciones que trabajan con ellas”.

El equipo de seis investigadores de la Fundación Gaia Pacha, bajo la coordinación de Daniel Cruz Fuentes, participó y obtuvo apoyo para estudios de caso en la convocatoria del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) 2011 sobre la temática “Agua para la vida y seguridad alimentaria: adaptación al cambio climático en zonas vulnerables”.

Eligieron a Challapata en Oruro, Aiquile en Cochabamba y Padcaya en Tarija por ser los municipios con mayor vulnerabilidad y alta amenaza de sequía, helada y deslizamientos, a excepción de inundaciones que representan una baja amenaza, según datos de Oxfam, entidad que también impulsa estos estudios.

Challapata es la capital de la provincia Eduardo Abaroa de Oruro. Está situada a 3.738 metros sobre el nivel del mar y a medio camino de la carretera y vía férrea entre Oruro y Potosí. En el estudio abordaron el análisis de las asociaciones de productores Amaga y APSU. La primera está conformada por 25 familias y se dedica a la producción, acopio y transformación de derivados de leche como queso y yogurt. Esta opción de actividad económica nació después que en 1961 se construyera la represa Tacagua y los pajonales altiplánicos dieran paso a tierras de cultivo con riego. La otra organización nació por una combinación de preocupaciones culturales y socioeconómicas, cuyo resultado lo palparon en 1994, durante una fuerte sequía, y demostraron que elaborando tejidos era posible generar ingresos alternativos a la agricultura.

Aiquile es la capital de la provincia cochabambina Narciso Campero y su gente mantiene la reputación de ser los mejores fabricadores de charangos. La zona está ubicada a 2.250 metros sobre el nivel del mar, también es una zona que fue afectada por terremotos en la década del 90.

Padcaya, es un municipio tarijeño que se halla en la provincia Arce. “Padcaya cuenta con una población aproximada de 1.500 habitantes”. Está en pleno Chaco, cerca de una cordillera montañosa, en la carretera que une Tarija con Bermejo. Limita con Argentina.

La investigación detectó varios tipos de adaptaciones en las comunidades estudiadas. Primero, “acciones autónomas tradicionales”, dedicadas a la conservación de semillas; uso de bienes comunes y aplicación del ayni (sistema de trabajo de reciprocidad familiar entre los miembros del ayllu) en la siembra y cosecha; introducción de cultivos agrícolas en diferentes pisos ecológicos; y almacenameinto de la papa en la tierra.

“Acciones de adaptación autónoma convencional”, que se dedican a la obtención de información climática de la radio para poder tomar decisiones en el campo; un aumento en los volúmenes de almacenamiento y producción de forraje; construcción de propios sistemas de agua; modificación del calendario agrícola; protección de la piel del ganando vacuno con barro; y diversificación de fuentes de ingresos económicos.

En las “acciones de adaptación guiadas” está el cambio en los sistemas de riego; manejo y conservación de vertientes; construcción de hornos para combatir la helada; prácticas de conservación de suelos; uso de abonos naturales; diversificación de cultivos; uso de especies agrícolas más resistentes; y se registran evidencias de incipientes cultivos hidropónicos y la fabricación de bioles (fertilización natural).

“El interés de las organizaciones no gubernamentales por adquirir una mayor experiencia en este tipo de proyectos generó alianzas entre Caritas PS y radio Esperanza, ambas miembros de la red del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia”, aclaran los autores.  

¿Qué hacen los municipios? “La primera apreciación que se tiene es la limitación de encarar proyectos que estén planificados bajo un enfoque de adaptación al cambio climático per se, donde la propia gestión de riesgos no llega a ser objeto de atención relevante”, señala el estudio.

Y lo corrobora con las “reducidas partidas presupuestarias consideradas en los POA (planes operativos anuales)”. Aiquile tiene Bs 2.987.410; Padcaya recibe Bs 609 mil y Challapata Bs 80 mil. En Padcaya, las donaciones superan en más del 50% a los recursos que otorga el TGN (Tesoro General de la Nación) o el crédito privado.

En Challapata esa diferencia es menor, pero el financiamiento mayor aún son las donaciones; en Aiquile la situación es inversa.

Llama la atención la distribución presupuestaria. En Aiquile cerca del 81% se invierte en “proyectos o programas sin relación alguna al cambio climático” y sólo el 1,47% a los de adaptación; en Padcaya es el 1,47% y en Challapata el 0,21%.

Los investigadores recomiendan que se destinen recursos para implementar sistemas coordinados con el  Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología “para la gestión y difusión de una información climática de calidad”. También sugieren que municipios y Gobierno central “retomen la agenda plurinacional” para establecer el Comité Plurinacional de Cambio Climático y el Fondo Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

Estrategia: adaptación al cambio climático

El estudio Cambio climático y políticas municipales, acciones en las comunidades de Aiquile, Challapata y Padcaya realizado por Daniel Cruz Fuentes, Fernando Canedo Rojas, Helga Gruberg Cazón, Fabiola Luján Medinaceli, César Pérez Hurtado y Érika Zelada Ugarte, “hace evidente la atención de las comunidades hacia sus gobiernos municipales y el resto de la red interinstitucional” y más aún “puede servir para priorizar la futura inversión de recursos económicos, técnicos e institucionales”.

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