El Financiero

Expertos alertan de 5 riesgos en la creación del fondo para el agro

Persisten los cuestionamientos a la formación, con aportes de los trabajadores, de un fondo para apoyar a un sector con deudas y golpeado por el clima y los bajos precios.

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La Razón (Edición Impresa) / Wálter Vásquez, Jorge Castel / La Paz

00:00 / 05 de febrero de 2017

Expertos identifican al menos cinco riesgos en la decisión del Gobierno de crear, con aportes de los trabajadores para su jubilación, un fondo de $us 150 millones para apoyar a un sector agrícola con deudas y golpeado por el cambio climático y los bajos precios.

El 16 de enero, el Gobierno anunció el establecimiento de un Fondo de Inversión Cerrado (FIC) con el 1% de los recursos provenientes de aportes de los trabajadores al Fondo Integral de Pensiones (SIP) para incentivar el crecimiento de micro, pequeños y medianos agricultores, garantizar la seguridad alimentaria y mejorar el rendimiento de las contribuciones para la jubilación.

La decisión causó el rechazo de varios sectores de la población y puso en emergencia a la Central Obrera Boliviana (COB).

Expertos consultados por este medio alertan que la recuperación de este capital podría fracasar debido a: el cambio climático, que cada vez causa más efectos negativos en el agro (1); la incierta sostenibilidad de la garantía proporcionada al fondo por los industriales (2); la falta de calificación de riesgo (3); el uso político de la medida, que puede generar “manejos distorsionados” de estos importantes recursos (4); y la ausencia de información conocida sobre el riesgo de repago (5).

“El primer riesgo clarísimo son las condiciones naturales que continuamente afectan a ese sector”, advierte Alberto Bonadona.

El estudio La economía del cambio climático en Bolivia, de la CEPAL, proyecta que los impactos directos de fenómenos climáticos extremos en el país causarán en el periodo 2010-2100 pérdidas crecientes y acumuladas de entre $us 11.501 millones y 26.431 millones en la agricultura tradicional y entre 8.730 millones y 12.633 millones en la agricultura industrial.

Ambos rubros podrían así sufrir un perjuicio económico de entre $us 20.231 millones y 39.064 millones, más que el actual Producto Interno Bruto del país, calculado en $us 38.930 millones.

“El segundo riesgo”, según el economista está relacionado con uno de los tres mecanismos para la recuperación del capital del nuevo fondo para el agro. De acuerdo con el Ejecutivo, existen tres que garantizan la devolución del 100% de esos recursos.

El 30% estará respaldado por las empresas agroindustriales que por contrato compran la producción de los micro, pequeños y medianos productores (mipyme); el 30% con recursos de los dos fondos de garantía para el sector productivo constituidos desde 2014 con el 6% de las utilidades anuales de la banca; y el 40% con los rendimientos obtenidos por la inversión en valores de bajo riesgo de $us 50 millones de los 150 millones que estarán contemplados en el fondo agrario.

Si las mipyme “falla un año” en el pago del capital que obtenga del FIC y de sus intereses, “es posible que los grandes productores estén dispuestos” a cubrir la garantía del 30%, pero si el primer sector “falla en sus pagos por varios años” los agroindustriales no estarán dispuestos a cumplir con ese compromiso, dice Bonadona.

El analista Juan Antonio Morales afirma a su vez que la ausencia de calificación de riesgo —que identifica la capacidad real de pago de un negocio formal— es una amenaza para la recuperación de los fondos de los trabajadores. “Se podrían utilizar mecanismos adecuados”, sostiene.

La Ley 65 de Pensiones de 2010 establece que “no más del 5% de cada fondo (existen tres en el SIP) podrá ser invertido en valores o instrumentos financieros sin calificación de riesgo emitidos por pequeñas y medianas empresas constituidas legalmente en el país”.

ESTRATEGIAS. “El cabildeo de los grupos empresariales de Santa Cruz siempre ha sido muy fuerte y el Gobierno ha cedido” a esa gestión, considera Morales.

Se prevé que los recursos del FIC financiarán capital de operación (fomento para sistemas de riego, compra de maquinaria y ampliación de la frontera agrícola) con un interés del 7% y capital de operación (compra de insumos) con una tasa del 9%. El primero se dará con un plazo de hasta 10 años y el segundo a un año.

El Gobierno informó que el Fondo de Inversión Cerrado llegará en un momento en el que el rubro agrícola enfrenta dificultades a la hora de acceder a un crédito del sistema financiero, que desde julio de 2014 aplica los porcentajes máximos de interés para los créditos productivos establecidos en el Decreto 2055: 6% para las empresas grandes y medianas, 7% para las pequeñas y 11,5% para las microempresas.

“No hay ningún análisis técnico del sector público sobre el riesgo de repago, al menos no alguno que sea de conocimiento del público”, manifiesta por su parte la economista Beatriz Muriel.

Bonadona pide a su vez el fortalecimiento de las entidades públicas que ejercen control sobre el uso de los aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) “para evitar el manejo distorsionado” de esos recursos.

“Las AFP son las que deben considerar los mejores espacios de inversión para garantizar la rentabilidad del fondo de pensiones”, agrega Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo.

Diferentes sectores del país han cuestionado en los últimos días que una parte de los aportes de los trabajadores sea entregada a un rubro productivo que en la campaña de invierno 2016 acumuló una deuda aproximada de $us 315 millones con proveedores de insumos agrícolas, que —según el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Julio Roda— solo en Santa Cruz perdió el 25% de su producción y que arrastra en el sistema financiero una mora “mayor a los $us 500 millones”.

Además, los precios son otra preocupación del sector. De acuerdo con datos de Naciones Unidas, el índice de precios de los alimentos se redujo en los últimos seis años de 240,9 a 146,9 puntos (-39%) en el caso de los cereales, de 254,5 a 163,8 puntos (-35,6%) en el caso de los aceites vegetales y de 368,9 a 256 puntos (-30,6%) en el caso del azúcar.

Debido a estos y otros problemas el Gobierno autorizó desde 2014, vía Decreto 2858, la reprogramación del pago de créditos de empresas agrarias que hayan sufrido eventos climáticos adversos. A noviembre de 2016, la deuda del rubro con el sistema financiero asciende a $us 1.845 millones.

En el uso de recursos de las AFP por parte del Gobierno aún hay mucha tela por cortar, ya que el Ejecutivo anunció la futura creación con dinero del aporte de los trabajadores de otros fondos que beneficiarán a micro, pequeñas y medianas empresas del sector productivo del país. Mañana, la dirigencia de la COB y los ministros de Economía y Finanzas Públicas, de Trabajo, Empleo y Previsión Social y de Justicia se reunirán para analizar este y otros temas.

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