El Financiero

Firma de contratos mineros está postergada desde 2010

NIT sería un requisito para adquirir el derecho minero

Yacimiento. Rieles para el transporte de minerales en Huanuni.

Yacimiento. Rieles para el transporte de minerales en Huanuni. Foto: Wara Vargas-archivo

La Razón (Edición Impresa) / Gabriela Imaña, Wálter Vásquez / La Paz

00:00 / 04 de octubre de 2015

El proceso de migración de concesiones a contratos mineros aún no avanza cinco años y ocho meses transcurridos del plazo inicial fijado por la Constitución. La AJAM prevé empezar la transición, en la que se tendría como requisito principal tener NIT, en 2016.

“Tenemos una tarea muy grande que es la de adecuar unas 6.000 o 7.000 exconcesiones mineras al nuevo régimen de contratos. Eso todavía no se hizo porque se están elaborando los reglamentos” para tal fin, informó a La Razón el director ejecutivo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Carlos Soruco.

Este proceso comenzó tras la publicación de la nueva Carta Magna (7 de febrero de 2009), que dispuso que “las concesiones mineras otorgadas a las empresas nacionales y extranjeras con anterioridad a la promulgación” de la Constitución “deberán adecuarse a ésta, a través de los contratos mineros, en el plazo de un año” a partir de la publicación de la ley de leyes.

PROCESO. El 6 de diciembre de 2010, casi diez meses después de que feneciera el plazo para la adecuación de las concesiones a contratos (8 de febrero de ese año), el Gobierno aprobó el Decreto 0726, que adecua “las concesiones mineras (...) otorgadas con anterioridad” a esa fecha “al ordenamiento constitucional vigente”, transformándolas automáticamente a Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE), “en tanto se realice su migración de acuerdo con la normativa sectorial a emitirse”.

Tres años y cinco meses después (28 de mayo de 2014), el Ejecutivo promulgó la Ley 535 de Minería y Metalurgia, la cual dispone que la AJAM sea la encargada de adecuar las ATE de los actores productivos mineros a contratos, aunque no establece ningún plazo para alcanzar este objetivo.

El no haber empezado todavía este proceso “no perjudica en nada al desarrollo de las actividades” de los operadores mineros, aseguró Soruco, quien explicó que los contratos se diferencian de las concesiones esencialmente en que los primeros ratifican que la propiedad de los recursos naturales existentes en el suelo y subsuelo son de “dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano” y que “su administración corresponde al Estado en función del interés colectivo”.

La Ley 535 dispone que la adecuación de ATE al régimen de contratos administrativos mineros se tramitará ante la AJAM y que el plazo para presentar todas las solicitudes terminará a los seis meses de la publicación de una resolución del ente regulador que establezca la fecha de inicio para la presentación de peticiones.

El reglamento de migración, afirmó el Director Ejecutivo de la AJAM, “se está consensuando entre el Ministerio de Minería y Metalurgia, el Viceministerio de Política Minera, el Senarecom (Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales) y los actores mineros. “Lo que se pretende es que se tenga el consenso” para que operadores públicos y privados, así como las cooperativas “se adecuen a la ley. No estamos pidiendo cosas que no son y que no estén dentro la normativa”, sostuvo.

Los requisitos para que un operador minero suscriba un contrato “son asequibles” y en general los mismos que una empresa o cooperativa empleó para acceder a la concesión. “Lo que se aumentó en estos últimos tiempos es el NIT. Se está coordinando con Impuestos Nacionales para ver en qué tiempo todos los operadores mineros pueden sacar” su Número de Identificación Tributaria.

El 26 de julio, el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, reveló que de las 1.700 cooperativas mineras que hay en el país —que pagan hoy 1% de canon de arrendamiento a la Comibol y aportan regalías a los departamentos— solo el 20% cuenta con NIT y, por lo tanto, paga impuestos. “Deben estar tributando el 20% y esto llega más o menos a Bs 16 millones anuales”, indicó.

“Tenemos que coordinar bien con todas las entidades, porque este trabajo no se va a hacer tan rápido. Vamos a tener que fijar plazos para cada sector”, afirmó Soruco, quien prevé que la migración empezará “a partir de abril o mayo” del próximo año.

Los contratos garantizan la función social

Héctor Córdova

es ex presidente de la Comibol.

Hace dos meses la AJAM ha sacado un reglamento para convertir las Autorizaciones Transitorias Especiales a contratos, pero (ese proceso) está avanzando lentamente, por lo que se tiene que agilizar los mecanismos para no estar en contra de las mismas reglas.

La migración, si bien no establece un cambio total (en el alcance de los derechos mineros), establece las condiciones para mantener vigente el derecho y la responsabilidad económica y social de la empresa o de la organización. Mientras no se tengan esos contratos, los operadores pueden actuar como antes, sin cumplir esa responsabilidad social y económica, y eso perjudica al Estado. El mecanismo para presionar es justamente el contrato y en ese sentido hay que trabajar. La función económico-social está bien definida en el contrato, que sirve para controlar si el minero está cumpliendo o no esa función. La AJAM ya sacó el reglamento (para la migración), pero es bastante pesado el procedimiento. Por otro lado, (si una concesión no migra a contrato), no hay perjuicio como tal porque se siguen pagando las patentes y regalías.

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