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Alcalde de Caracollo es acusado de desfalco de Bs 2,5 millones

Alejandro Rodríguez alega que la denuncia es política; ésta lo involucra en supuestos actos ilícitos en la construcción de una cancha con grama artificial.

El inmueble de la Alcaldía en la localidad orureña de Caracollo.

El inmueble de la Alcaldía en la localidad orureña de Caracollo.

La Razón

00:00 / 01 de julio de 2013

Un caso de supuestos malos manejos económicos en la construcción de una cancha de fútbol con césped sintético radica en el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción. Involucra al alcalde del municipio de Caracollo, Alejandro Rodríguez, quien es acusado por concejales de esa localidad por corrupción, conducta antieconómica y uso indebido de influencias, por un valor de Bs 2,5 millones. El aludido asegura que la denuncia es política y que es impulsada por miembros de la oposición.

De acuerdo con artículos de medios de prensa orureños, la obra se inició en 2011 y en agosto del año pasado fue entregada provisionalmente en suelo caracolleño —que se encuentra a 37 kilómetros de la ciudad de Oruro—, ante aproximadamente dos millares de personas. La empresa Dimec se adjudicó la construcción del escenario deportivo, pero se le rescindió el contrato, tras lo cual sus representantes recurrieron al Concejo edil para entablar una queja por presuntos actos de corrupción.

La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Jessica Saravia, señala que el perjuicio económico todavía no fue establecido completamente, según los primeros informes que llegaron a su despacho, elaborados por personal de esta dependencia gubernamental. “No sólo se habrían presentado irregularidades en la ejecución del contrato, también en el proceso de contratación. La Alcaldía hizo los desembolsos y esta obra se habría paralizado.

Además, las especificaciones técnicas no habrían sido cumplidas”.

Político. En contacto telefónico con Informe La Razón, Rodríguez dice que todo responde a una estrategia de sus rivales opositores que pretenden desestabilizar la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS) en esa Alcaldía. “Son los concejales de la oposición los que hicieron esta denuncia, que es más política que otra cosa”. La autoridad deja su caso en manos de las pesquisas que realice el Ministerio Público. “La Justicia debe dar su posición”. No obstante, su proceso ha dividido a la población de Caracollo.

Desde el año pasado, las protestas de pobladores que apoyan y critican a Rodríguez han tomado el municipio. Entre septiembre y noviembre de 2012, por ejemplo, centenares de caracolleños bloquearon la carretera que une a los departamentos de La Paz y Oruro para que se investigue al Alcalde y se entregue la cancha completamente terminada. En mayo de la presente gestión, los seguidores de la autoridad tomaron similar medida bajo el alegato de que la denuncia es impulsada por un grupo reducido de lugareños. 

Rodríguez puede ser juzgado bajo el paraguas de la ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz. El fiscal René Losantos asumió, en primera instancia, las averiguaciones del supuesto desfalco de bienes económicos del Estado; no obstante, solamente admitió la imputación por el presunto delito de incumplimiento de deberes, aunque no se desecha que se aumenten otros cargos penales con el avance de las pesquisas. Actualmente, Zúlmer Villegas reemplazó a Losantos en este proceso.

Hasta fines de mayo, todavía no se realizó una audiencia cautelar, ya que el Alcalde solicita que su expediente radique en el juzgado de Caracollo. “Hemos rechazado aquello porque podría existir parcialidad a favor de la autoridad, por lo que esperamos que la investigación se siga procesando en la ciudad de Oruro”, comenta Saravia. “Todo esto afecta al municipio y a las arcas estatales. La población espera proyectos dentro de sus comunidades y es difícil pensar que los alcaldes cometan estos hechos”.

El presidente del Comité de Vigilancia del municipio de Caracollo, Lino Choque, ratificó a la red Erbol que Rodríguez inauguró el escenario deportivo el año pasado, pero que la infraestructura se encuentra mal ejecutada. El artículo 154 del Código Penal, que se refiere al incumplimiento de deberes, establece que “el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, incurrirá en reclusión de un mes a dos años”. Ésta es la pena a la que se expone la autoridad si se demuestra su culpabilidad.

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