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Bebés, en la mira de los tratantes

Efectivos policiales informaron que en mayo de 2011, Virginia (35) denunció que, tras enterarse de que estaba encinta y al verse desamparada emocional y económicamente, acudió a un grupo de apoyo gracias a un anuncio en la red de internet. Tras comunicarse por teléfono y fijar una cita en la entidad, fue recibida por Carlos (nombre ficticio), que la convenció de no abortar.

La Razón

00:00 / 14 de enero de 2013

La trata y el tráfico de personas son actividades que están a la par del narcotráfico y del contrabando de armas en cuanto a los millonarios ingresos que genera. La desaparición de Zarlet Clavijo Martínez (17) en la ciudad de La Paz, en junio del año pasado, volvió a poner sobre el tapete del debate el asunto de la inseguridad ciudadana y derivó en una cruzada civil para dar con su paradero y el de otros jóvenes extraviados en el territorio nacional, que, según datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), de enero a junio de 2012 sumaban 1.406.

Informe La Razón abordó esta temática en su edición del 16 de julio, en la que se presentó la historia del calvario padecido por Valeria (nombre ficticio), de 21 años, que cuando tenía 16 fue raptada por una red de tratantes que explotaba sexualmente a menores, y que la drogaba y obligaba a prostituirse. Aparte, se destapó el caso de una red que se apropiaba de bebés aun antes de que éstos nazcan, a través de anuncios de periódicos y páginas web, para darlos ilegalmente en adopción.

La Fiscalía y la Policía de El Alto alertaron sobre un centro de ayuda para mujeres que fue descubierto en la ciudad de La Paz, del cual no se reveló el nombre para no entorpecer las investigaciones. El equipo de este suplemento halló indicios de que esta institución seguía operando en una zona céntrica de Miraflores y la Policía Internacional (Interpol) informó de que clanes familiares bolivianos estaban involucrados con organizaciones criminales internacionales dedicadas a la trata y tráfico.ESTRATEGIAS. Efectivos policiales informaron que en mayo de 2011, Virginia (35) denunció que, tras enterarse de que estaba encinta y al verse desamparada emocional y económicamente, acudió a un grupo de apoyo gracias a un anuncio en la red de internet. Tras comunicarse por teléfono y fijar una cita en la entidad, fue recibida por Carlos (nombre ficticio), que la convenció de no abortar. Ella aceptó los controles prenatales realizados por un médico en la casa/oficina y recibió complementos alimenticios como vitaminas y leche.

Luego del alumbramiento, la abogada Andrea (hermana de Carlos) elaboró el documento mediante el cual Virginia renunciaba a su hijo. Ella firmó amenazada con ir a la cárcel por incumplimiento. Dos años después, la mujer se animó a recuperar a su retoño, pero no lo logró y recurrió a la Policía. Lo que dejó preocupados a los agentes que allanaron el lugar donde ella recibió los cuidados prenatales y le arrebataron a su bebé, fueron seis documentos de “renuncia de paternidad” firmados por otras seis mujeres, y hasta la fecha no se sabe el destino de esos niños.

Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones en Bolivia señala que redes internacionales están detrás de este flagelo. “Bebés y niños son alejados de sus familias a cambio de una suma de dinero. En el mejor de los casos son destinados a una familia adoptiva sin que esto suponga una garantía, ya que el pequeño puede exponerse a vejámenes. El destino también puede ser una red de explotación”. Y los tratantes igual recurren al robo y a la compra de infantes, se conoció de dos casos en El Alto, uno en La Paz, y otros en Potosí, en Llallagua y Villazón, donde había personas tras las rejas y notarios y oficiales de Registro Civil en la mira.

Existen al menos cuatro métodos a los que recurren los delincuentes para reclutar a sus víctimas: el “abordaje personal”, las agencias privadas que ofrecen falsos empleos, los anuncios publicitarios en medios de comunicación masivos y alternativos, y las redes sociales de internet. En noviembre del año pasado, la Asamblea Legislativa promulgó la primera Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, que apunta al endurecimiento de las sanciones y la mejora y creación de mecanismos para investigación, la prevención y la rehabilitación de las víctimas.

No hay acusados en el caso

La desaparición de Zarlet Clavijo aún no fue resuelta y los casos de extravíos de menores continuaron en el territorio nacional. Como muestra basta un botón: de 113 jóvenes de los cuales la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz desconocía su paradero hasta junio del año pasado, la cifra llegó a 257 hasta diciembre.

Sobre la red que se apropiaba de bebés para brindarlos ilegalmente en adopción, las averiguaciones dieron un giro radical. No obstante, fuentes de la Policía aseguran que había suficientes pruebas para instalar un proceso penal y lograr una sentencia condenatoria contra los hermanos Carlos y Andrea (nombres ficticios), que tenían detención domiciliaria.

El peritaje realizado por el Instituto de Investigaciones Forenses a las computadoras decomisadas a los involucrados, no contenían el paradero de los niños supuestamente entregados por sus madres, ni de las progenitoras, ni de los padres adoptivos, de acuerdo con la Fiscalía de El Alto. Por ello, la averiguación avanza y no se cuenta aún con “acusados”.

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